La diputada y ex subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Ana Olivera volvió a insistir en que "de ninguna manera" se amparará en sus fueros parlamentarios si la Justicia la llama a declarar por el caso de las ONG que no pagaron sus alquileres a pesar de que la cartera les transfería el dinero para ello.
"Creo que en este caso hay un tema que es político primero, institucional y también tiene que ver con lo personal. Ayer en el Secretariado del Frente Amplio planteé esto. No me voy a acoger a ningún fuero en el caso de que se verifique, se haga la denuncia penal y un juez me convoque. Recibí el respaldo del Secretariado del Frente Amplio", expresó Ana Olivera en una entrevista con Informativo Sarandí (radio Sarandí).
Días atrás, el director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, declaró que la cartera estudia los pagos que se hacen a diferentes ONG que, por lo general, "trabajan con refugios de arrendamientos".
"El Mides transfiere a distintas organizaciones sociales, en concepto de arrendamiento, una suma, así como transfiere los pagos de las cargas sociales y los diferentes profesionales que trabajan en los refugios y hemos constatado que esos arrendamientos no han sido volcados para el pago de los alquileres", explicó Martinelli.
"Nosotros hemos detectado, en esos primeros pasos que hemos dado en las auditorias, que esas ONG no han volcado ese dinero al pago del arriendo y, por lo tanto, a primera fase, podría configurarse una suerte de apropiación indebida. Por supuesto que habrá que profundizar en la auditoría, en las investigaciones y después, delimitadas las diferentes responsabilidades, se tomaron otro tipo de acciones", agregó.
Sin embargo, en la mencionada entrevista, Ana Olivera leyó un mail que presuntamente habría sido enviado desde el Mides al nuevo ministro, Pablo Bartol, y al propio Martinelli, en el que se detallaban todos los casos de ONG que no posiblemente no hubiesen pagado sus alquileres.
El mail leído, presuntamente enviado el 13 de enero, detallaba cuáles eran "las organizaciones sociales pendiente de pago". Además, allí estarían explicitadas qué organizaciones dejaron de ser contratadas por el incumplimiento del convenio, sobre cuáles se presentó denuncia penal y a cuáles se intimó a pagar.
Precisamente, el fiscal Carlos Negro investiga dos denuncias realizadas contra la ONG Socaire por el impago de alquileres, según informó la periodista de Televisión Nacional Georgina Mayo y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la anterior administración.
Las denuncias fueron realizadas el 26 de febrero por el Ministerio de Desarrollo Social y los propios trabajadores del refugio, que apuntaron contra el presidente del centro por apropiación indebida.