La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves su informe anual de estado de situación de los derechos humanos en el mundo, en el que se incluye, como desde hace varios años, un capítulo ampliado sobre Uruguay.
Elaborado por la sección presente en el país, esta edición 2023 se titula “Uruguay pierde terreno en derechos humanos” y, entre los aspectos que se señalan para hablar de este retroceso, se encuentra la detección de “signos de debilitamiento del sistema de garantías de derechos”; “tasas récord de encarcelamiento” y “condiciones penitenciarias inhumanas” en reclusión; la falta de avances en el esclarecimiento de los casos de desaparecidos en dictadura; y la continuidad de situaciones de violencia de género y hacia niños, niñas y adolescentes.
Además, un episodio particular se destaca en el resumen ejecutivo: “El procesamiento del exgerente de una empresa consultora global que opera en Uruguay [Marcelo Acuña, de Vertical Skies], por vigilancia ilegal y espionaje a dos senadores de la República [Mario Bergara y Charles Carrera]”, quien fue formalizado en octubre de 2023 y condenado en marzo de 2024.
Amnistía apunta a que esto “generó preocupación por la confirmación del uso indebido del aparato de seguridad del Estado para fines políticos”.
Esta detención se dio en el marco del caso Astesiano, que ya había sido apuntado en el informe 2022 de la misma organización, por el “uso ilegítimo del aparato de seguridad del Estado” por parte del excustodio de seguridad del presidente.
Debilitamiento de garantías de derechos
En este nuevo documento, el primer capítulo, titulado “Preocupaciones por señales de debilitamiento del sistema de garantías de derechos”, habla que “la situación” con respecto a 2022 “permaneció incambiada”.
Y añade: “Se han sumado otros hechos que dejan entrever posibles hechos de corrupción estatal, fundamentalmente en la órbita del Ministerio de Interior, del Ministerio de Relaciones Internacionales y de Presidencia de la República”.
Así, además del encarcelamiento de Acuña, se habla de la imputación del exsenador Gustavo Penadés, en octubre de 2023, por más de veinte delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes.
“En el marco de esta investigación, la Fiscalía General de la Nación identificó diversos hechos de corrupción policial, que involucraban a funcionarios del Ministerio del Interior, y que tenían por objetivo identificar a las víctimas denunciantes, cuya identidad estaba protegida, así como también inventar una trama a efectos de proteger al exsenador”, se lee en el documento.
Asimismo, se alude a la condena a tres años de prisión al exdirector del Comcar y de inteligencia carcelaria Carlos Taroco, por cohecho calificado, asociación para delinquir y reiterados delitos de revelación de secreto por colaborar en la elaboración de “una trama que pretendía amedrentar a las víctimas”.
Por otra parte, se plantea el caso de la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Dubái, y que, según AI, generó una “crisis gubernamental, dadas las implicaciones de las altas autoridades en posibles hechos de corrupción y la utilización del aparato estatal para llevar adelante estos hechos”.
Así, se apunto a las renuncias del canciller de la República Francisco Bustillo; el ministro del Interior Luis Alberto Heber; el subsecretario del Interior Guillermo Maciel; y el asesor presidencial en materia de comunicación Roberto Lafluf.
“Ante este contexto, Amnistía Internacional vuelve a expresar su preocupación e insta a que las investigaciones judiciales se realicen en profundidad y de forma independiente”, apunta el informe.
Y agrega: “Ante la confirmación de sucesos de espionaje y vigilancia, así como también de hechos de corrupción policial, se visibiliza el debilitamiento del sistema de garantías de derechos del país, impactando directamente de manera integral en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del país, afectando el Estado de derecho y sus instituciones”.
Violencia
El capítulo dos habla del aumento de la violencia del país y alude a que, “durante 2023, el gobierno no adoptó medidas eficaces para abordar los delitos violentos”.
Para afirmar esto, Amnistía se vale de datos del Estudio Global sobre Homicidios de 2023, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que presenta a Uruguay como el segundo país con mayor tasa de homicidios motivados por el crimen organizado, “alcanzando una cifra de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes”.
Habla, además, de la cantidad de muertes de mujeres por motivos de crimen organizado el año pasado: 18, y del número de femicidios que ascendió a 23.
“Esta situación evidencia la necesidad de implementar un abordaje integral a la seguridad humana en Uruguay, priorizando el diseño de políticas públicas en materia de seguridad con perspectiva de género”, evalúa AI.
Política exterior
En el siguiente capítulo se abordan las preocupaciones en torno al cambio de postura de Uruguay en materia de política exterior en derechos humanos. Y, entre otras cosas, sigue cayendo puestos en la clasificación de Reporteros sin Fronteras en materia de libertad de expresión, que pasó del puesto 44 al 52 en su lista de países.
Entre otras cosas, se habla de la abstención de Uruguay, a fines de octubre de 2023, de votar una resolución no vinculante para pedir una tregua humanitaria en Gaza en el marco de Naciones Unidas. Y que, “a quince años de aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública, aún persisten obstáculos que impiden avanzar hacia una cultura plena de transparencia en el país”.
Privados de libertad
En el capítulo cuarto se habla de la situación de las personas privadas de libertad, y allí se expresa que “Uruguay se convierte en el país con más personas privadas de libertad per cápita en América del Sur, siendo el décimo país con mayor tasa de prisionización del mundo”.
La cifra a fines de 2023 era de 15.407. “Esto significa un aumento del 31% de personas privadas de libertad desde el año 2020, lo cual visibiliza las condiciones de hacinamiento que continúa experimentando el sistema penitenciario en Uruguay”, dice Amnistía.
De este total, 1.157 eran mujeres, algo que “constituyendo el mayor número de mujeres en situación de privación de libertad en Uruguay, registrándose un aumento del 65% respecto a 2020”.
En cuanto a las muertes en cárceles, se expresa que entre 2020 y junio de 2023 se registraron 229 fallecimientos bajo custodia en los distintos centros penitenciarios del país.
Crímenes del pasado
En el quinto capítulo, titulado “Impunidad por crímenes del pasado”, se destaca la condena a 18 miembros activos o retirados del Ejército y la Policía por torturas, secuestros y asesinatos en la dictadura. Asimismo, se pone sobre la mesa el hallazgo en junio de 2023 de restos humanos en el Batallón 14, que continúan siendo investigados a la espera de su identificación.
“Más allá de estos hechos, no se han producido avances sustantivos en lo que a las investigaciones sobre personas desaparecidas en este período se refieren, manteniendo una impunidad estructural en cuanto al derecho a la verdad, justicia y reparación de familiares de víctimas de desaparición forzada”, plantea AI.
Desigualdad de género
La desigualdad de género es materia del sexto capítulo, el más largo de toda la sección relativa a Uruguay del informe.
Entre otros tópicos, este pone sobre la mesa los embarazos de niñas y adolescentes que, según la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), entre mayo de 2021 y abril de 2023 fueron 119, y al menos el 50% de ellos en relación “abusiva”.
También se habla del registro de 346 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes al 30 de noviembre de 2023, de acuerdo con cifras del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees).
En cuanto al matrimonio con personas menores de edad, aumentaron respecto a 2022. “Se produjeron 22 matrimonios que involucraban a personas menores de 18 años. Solo en un caso ambas personas eran menores de edad; en los otros 20 fueron mujeres menores con varones mayores; y en un único caso se trató de un varón menor de edad con una mujer mayor de 18 años”, apunta.
Yendo al número de muertes de mujeres víctimas de violencia, se registraron 56 homicidios, de los cuales 23 fueron femicidios.
Del total de estos homicidios, el 39% corresponden a violencia doméstica y de género, en tanto que el 25% de los casos sucedieron fuera del ámbito doméstico, el 23% de los casos permanecían en investigación al cierre de este informe, siendo un 13% de los homicidios ocurridos en contexto de rapiña y/o copamiento.
Además, durante 2023 se registraron 43.245 denuncias de violencia doméstica. Un 72% de estas denuncias fueron realizadas por víctimas mujeres.
“Las cifras de homicidios ocurridos tanto en una residencia como en la vía pública indica que las políticas de seguridad pública siguen sin implementarse con perspectiva de género, y que, tanto el hogar como la vía pública, no son lugares seguros para las mujeres en Uruguay”, considera Amnistía.
En lo que refiere a los delitos sexuales, durante 2023 se registraron 3.328 denuncias, y el 72% de estas fueron realizadas por mujeres.
En materia de trabajo no remunerado, el 61,4% de la carga total de trabajo de las mujeres pertenece a esta categoría.
Salud y agua
Los últimos dos capítulos abordan los derechos a la salud y al agua.
En el primer punto se hace hincapié en la salud mental: “De acuerdo con los datos preliminares presentados por el Ministerio de Salud, en 2023 se registraron 754 suicidios, un 8% menos que el año anterior. No obstante, el acceso a los servicios de salud mental en Uruguay continúa presentando obstáculos, impactando directamente en la tasa de suicidios”.
De este total, los varones representan un 75% de los fallecidos. En esta materia, Amnistía Uruguay cuestiona que “seis años después de la aprobación de la Ley nº 19.529 de salud mental, esta aún no ha sido reglamentada en su totalidad”.
En cuanto al derecho al agua, se consigna la crisis hídrica que atravesó el país a comienzos de 2023, y se expresa que se “identificó dificultades para acceder a información clara y precisa sobre la gestión de la crisis hídrica y la calidad del agua potable”.