AI emitió un comunicado este jueves en el que destaca el pedido de información a la Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Cancillería, así como la solicitud de una reunión con el jefe de Gabinete y con el ministro de Interior para "dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos".
"Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional documenta las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. En la actualidad, la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades", destaca el texto.
El comunicado agrega que "el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias", pero cualquier medida de este tipo debe ser "proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo".
El pasado 26 de junio el Gobierno dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, para prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de la covid-19.
Según la información oficial, al menos 10.000 personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.
Con información de EFE