El ministro de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, se refirió a la polémica en torno a la construcción de una torre que duplica el máximo de altura permitido y que estará ubicada en la antigua Ancap de Gorlero, en Punta del Este (Maldonado).
En una primera instancia, la venta fue discutida porque el predio que se compró tenía a la hora del remate una cautela por ser monumento histórico nacional, que posteriormente se quitó tras una resolución de la cartera basándose en una recomendación de la Comisión de Patrimonio.
Así, el ministro explicó este jueves, en rueda de prensa, en qué condiciones se efectuó esa venta, y expresó que ahora “cambiaron las reglas de juego” con la modificación en las reglamentaciones de altura.
“Había una historia muy complicada porque se habían acumulado una serie de decisiones muy raras en los años anteriores. Había un predio que tenía protección patrimonial, pero al mismo tiempo desde hace casi una década tenía autorización para construir en altura. Una autorización que había dado la Junta [Departamental] de Maldonado en la época del intendente [frenteamplista Óscar] de los Santos, hace casi 10 años, y que nadie había discutido. Quiere decir que, en esa subasta, lo que se vendió fue un predio que tenía autorización para construir hasta ocho pisos. Y el precio que se pagó [US$ 2.300.000] es bastante convergente con esa situación”, relató Da Silveira.
Así, el secretario de Estado explicó que, en ese predio, “no estaba muy claro hasta dónde llegaba el alcance de la protección patrimonial [y] dónde dejaba de llegar”. De esta manera, esta situación generaba “todas las condiciones para que se armara un lío judicial muy complicado”, sostuvo el ministro de Educación. Esto llevó a que la Comisión de Patrimonio interviniera “con un único objetivo”, que era proteger la estación de Ancap, puntualizó.
“El riesgo era repetir la historia de la Estación de AFE: es uno de los edificios maravillosos que tiene el Uruguay y hoy es una ruina. Está en un estado lamentable”, declaró Da Silveira. Esto se debe, argumentó, a que hay muchos juicios en torno a este edificio que “no terminan de resolverse”; “cuando un bien está en juicios, nadie pone plata para repararlo”, acotó.
Así, para el titular del MEC era “bastante probable” que el predio de la estación de Ancap en Gorlero llegara a ese punto.
Esto llevó a que la Comisión de Patrimonio removiera la condición de monumento histórico. “En el marco de unas reglas de juego, eso permitió que la otra parte tuviese permiso para construir hasta ocho pisos de altura. En ese marco, tratando de buscar la solución menos mala digamos, la comisión propuso proteger la estación y separar la otra parte para evitar líos jurídicos”, ratificó el ministro.
Sin embargo, Da Silveira insistió en que “se cambiaron las reglas de juego” y se duplicó el permiso de construir hasta ocho pisos.
Ante esa noticia, Da Silveira afirmó que el MEC “no tiene absolutamente nada que ver” con esa decisión, porque fue la Junta Departamental de Maldonado la que concedió la excepción a la normativa edilicia para construir un edificio de 54 metros de altura, de hasta 20 pisos. “La comisión estudiará si eso puede tener alguna clase de consecuencia”, acotó.
Según consignó La Diaria, la sesión extraordinaria en la que se dio la autorización tuvo lugar entre el miércoles 17 y la madrugada del jueves 18. Se aprobó sin los votos del Frente Amplio.
La versión de Ancap
Según indicó, Ancap había intentado nuevamente sacarle esa condición al terreno antes de venderlo, pero detalló que “no dieron los tiempos” y que una semana antes del remate llegó una carta de la Comisión de Patrimonio en la que se reiteraba que “todavía no estaba claro”. A la hora del remate, explicó el presidente de Ancap, la desafección patrimonial no estaba hecha y esa es la razón por la cual se aclaró al inicio del acto administrativo. “Quedó bien registrado que el rematador antes de empezar la puja advirtió este terreno tiene una posible inhibición de tal característica”, señaló.
“Para nosotros es un bien que solo trajo dolores de cabeza durante muchos años y la controversia que hay entre las propiedades de la zona (el museo de autos históricos, la Intendencia de Maldonado y el comprador) es entre privados y nos es ajena. Nosotros pusimos un bien en el remate, informamos debidamente lo que correspondía. Si alguien siente que ese valor puede haber sido mayor y podría comprar una ganga lo podría haber hecho. Si nadie lo hizo, bien por el comprador”, agregó Stipanicic.