Un motín en una cárcel de Venezuela dejó el viernes al menos 17 muertos y nueve heridos, entre ellos el director del penal, en una revuelta que incluyó el intento de fuga de varios presos, indicó un reporte militar al que tuvo acceso AFP.
En el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, estado Portuguesa (oeste), "se suscitó (una) alteración del orden público", cuando los reclusos rompieron "las rejas de seguridad perimétrica" en "un intento de fuga masiva", indicó el documento.
En principio fueron contabilizados 17 fallecidos y 9 heridos, pero "se presume" que la cifra es mayor, agrega la minuta.
Personal del centro, resguardado por militares, trató de mediar con el "líder" del motín, pero los presos arremetieron contra ellos, logrando "herir al director del penal en la espalda con un objeto punzo penetrante", señala el informe.
Una teniente también resultó lesionada por las esquirlas de una granada, de acuerdo con el parte.
El hecho coincide con la prohibición de visitas acordada en marzo por la cuarentena para frenar la propagación del nuevos coronavirus, que a la fecha suma 335 casos y 10 muertes. El gobierno de Nicolás Maduro no ha confirmado contagios en centros penitenciarios.
Los presos suelen recibir comida y medicinas de sus allegados.
El secretario general de la OEA Luis Almagro se refirió a este hecho en su cuenta de Twitter: "46 personas muertas en un motín de presos hambrientos en la cárcel de Guanare, Edo. Portuguesa en Venezuela. Otra inaceptable forma de tortura de la dictadura".
46 personas muertas en un motín de presos hambrientos en la cárcel de Guanare, Edo. Portuguesa en #Venezuela. Otra inaecptable forma de tortura de la dictadura #OEAconVzla https://t.co/IEQA3SSayM
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 2, 2020
También en su cuenta de la red sociales, la Comisión Interamericana de DDHH, expresó preocupación por la masacre: "La CIDH exhorta a autoridades iniciar sin dilación investigación seria, imparcial y efectiva para determinación de la verdad, el enjuiciamiento y eventual castigo de responsables materiales e intelectuales de los hechos".
La #CIDH exhorta a autoridades iniciar sin dilación investigación seria, imparcial y efectiva para determinación de la verdad, el enjuiciamiento y eventual castigo de responsables materiales e intelectuales de los hechos. #Venezuela #PersonasPrivadasLibertad #MESEVE #CIDH #DDHH 2
— CIDH - IACHR (@CIDH) May 2, 2020
"No tienen agua, ni comida"
Carolina Girón, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una ONG defensora de los derechos de los reclusos, dijo a la AFP que el motivo del alzamiento es que "los presos están molestos porque no les permiten la visita y no tienen agua ni comida" en un penal con alto hacinamiento.
"La cantidad de comida que reciben no reúne las calorías que deben ingerir (...) un agua de caraota (frijoles) es lo que reciben muchas", añadió.
El OVP documentó 97 muertes en prisiones en 2019, un 70% por enfermedades como tuberculosis ante la falta de medicamentos y de atención médica.
Una Ventana a la Libertad, otra ONG defensora de los reclusos, contabilizó el año pasado otros 192 fallecimientos, en atestados calabozos policiales por la falta de espacio en las prisiones.
Las hacinadas cárceles venezolanas son escenario frecuente de sucesos sangrientos.
El 24 de mayo de 2019 murieron 29 presos en un motín en una comisaría también del estado Portuguesa, y el 31 de diciembre de ese mismo año 10 reclusos fallecieron en un centro de detención en Cabimas, estado Zulia (noroeste).
En marzo de 2018, 68 detenidos murieron en un incendio durante un motín en unos calabozos policiales de Valencia (norte), y en agosto de 2017 una reyerta dejó 37 reclusos fallecidos en un centro de detención provisional en Amazonas (sur).
"Es una masacre", expresó Girón sobre el suceso, al añadir que la estructura fue concebida para 750 reclusos, pero alberga a unos 2.500 en la actualidad.
Hay unas 100.000 personas privadas de libertad en Venezuela, estiman organizaciones privadas. Unas 40.000 están recluidas en cárceles con capacidad para unos 30.000 reos y el resto, ante la falta de capacidad en los penales, está en calabozos policiales donde el hacinamiento supera el 200%.
En base a AFP