La Asociación de Defensores Públicos de Uruguay (Adepu) divulgó a través de X  un comunicado expresando sus preocupaciones respecto a la propuesta de modificar el artículo 11 de la Constitución y planteó una serie de consideraciones a raíz de los dos posibles escenarios al someterse la opción de reforma constitucional en la votación del 27 de octubre.

Para hacer sus planteos, el gremio tomó particularmente a los niños en contexto crítico y policías como dos posibles casos de consecuencias inmediatas de los allanamientos nocturnos.

El comunicado de Adepu plantea siete puntos diferentes sobre la modificación propuesta por el oficialismo.

En primer lugar, señaló que “las propuestas de modificación de este artículo no son novedosas”, en referencia a la reforma Vivir sin miedo propuesta por el exministro del interior Jorge Larrañaga, y resaltó la “complejidad del tema, que cuenta con detractores y defensores en los diferentes colectivos políticos y sociales”, a lo cual entendió que “no es conveniente su modificación, porque el artículo 11 es una garantía que nos protege a todos y todas”.

En segunda instancia, la asociación destacó que por defecto, “las personas que tienen especiales situaciones de vulnerabilidad se ven siempre más expuestas al poderío estatal y con esta medida, no será la excepción”. En esta línea, el colectivo entiende que es “necesario dar cuenta de las preocupaciones que representa la reforma constitucional en los términos en que está planteada”.

Dentro de la declaración destacada, Adepu hizo énfasis en los niños y policías como sujetos a ser afectados inmediatamente a los efectos de esta reforma.

Para los niños, el argumento se fundamenta en que “esta medida no será inocua para otras personas que viven en esos hogares”, donde “muchas veces residen niños, niñas y adolescentes, para quienes un procedimiento de allanamiento resulta de por sí un hecho de gran violencia”, aludiendo a que se genera estrés postraumático de estas situaciones.

“En consecuencia de esto, se generaría rechazo hacia la figura de la Policía, lo que supone un daño que los afecta en su presente, pero sobre todo en su futuro”, añade el comunicado. 

A estos efectos, el gremio plantea la necesidad de “dar una discusión más profunda, sustentada en la información estadística que permita la correcta ponderación de los derechos que están en juego”, es decir, que se den garantías a “quienes reciben el allanamiento o su entorno” y a “los funcionarios policiales que lo realizan”.

Sin embargo, el gremio no descartó la posibilidad de que la iniciativa se apruebe en las elecciones del 27 de octubre.

Ante este caso, Adepu propuso medidas de ejemplo como “el uso de cámaras Gopro en forma obligatoria desde el inicio del procedimiento (para los policías)” y “en caso de tenerse conocimiento de niños, niñas y adolescentes en la finca a allanarse”, que se coordine “en forma previa la actuación de un equipo de profesionales de INAU para abordar situaciones que puedan generarse en ese contexto”, alegando a tener medidas de prevención y residencia en caso de que se constate un detenimiento a los adultos allanados.