El economista Isaac Alfie, futuro titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dialogó con Informativo Carve acerca de las repercusiones que tuvo su citación a declarar en el macro de la millonaria querella que la empresa indobritánica Aratirí presentara contra el Estado uruguayo. La compañía alega que nuestro país incumplió tratados comerciales con el Reino Unido, provocándole cuantiosas pérdidas. Como reparación, reclama unos 3.500 millones de dólares.

La comparecencia del economista en Washington despertó críticas en nuestro país, dado que su vinculación con el caso consiste en un informe elaborado el año pasado por encargo del estudio jurídico Ferrere, patrocinador legal de Aratirí en nuestro país.

El domingo, Alfie puntualizó a través de Twitter que dicho informe "no trata ni se expide sobre el fondo" del juicio, y él "no" es actor de "ninguna disputa contra el Estado uruguayo".
"Se me solicitó un estudio como experto", dijo este lunes al citado noticiero, detallando que el trabajo encargado se refiere a "la historia de las inversiones en el Uruguay", trabajo que se remontó al año 1974.

"Básicamente es eso, y no tiene que ver directamente (con el presente litigio) sino que es meramente un marco, pero no va a la sustancia". En ese sentido, recordó que la contienda planteada entre el Estado y la empresa consiste en "si hubo una violación del tratado, y si en caso de ser así, hubo daño, algo sobre lo que no me expido ni sabría hacerlo".

"Se me pide un informe como experto en estos temas, un relevamiento histórico , historia de los regímenes, cambios legales que se dieron, una cosa bien descriptiva de lo que pasó y ahora supongo que se me cita como experto para que profundice sobre algún aspecto del informe", explicó Alfie, puntualizando tanto "el tribunal como cualquiera de las dos partes involucradas", están facultadas para citar.

Alfie asegura que la noticia de que debía comparecer le fue comunicada por el Estudio Ferrere, que también le hizo llegar los pasajes de avión, y que dicho estudio le informó que la citación había surgido desde el estado uruguayo. Sin embargo, fuentes del gobierno dijeron al matutino la diaria que dicha información no es verdadera, y que la citación no provendría del Estado.

"Supongo que no me van a decir una cosa por otra", comentó Alfie.

Asimismo, se negó a responder públicamente a las declaraciones del senador electo por el MPP, Charles Carrera, quien sugirió la posible existencia de conjunción de interés público y privado en la participación del economista que en breve asumirá un cargo en el gobierno entrante.

"Yo hice un informe técnico en mi actividad privada profesional, como hice decenas o quizá centenas, para diversas empresas e instituciones", insistió. Amentando que se haga "uso político" del tema.

"Decir que yo soy defensor, parte o testigo es absolutamente falso", sostuvo.

Asimismo, recordó que incluso "antes de pensar si aceptaba" la titularidad de la OPP, ya le había comunicado al presidente electo, Luis Alberto Lacalle Pou, la existencia de dicho informe y la posibilidad de una citación.

En ese mismo sentido se expresa un comunicado emitido en las últimas horas desde el gobierno entrante.

"El Presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue informado desde un primer momento por parte de Isaac Alfie a propósito de una asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí. Ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia. El objetivo del trabajo fue elaborar un informe técnico sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay. El documento fue entregado en junio de 2019 y no aborda ni tiene como objeto lo inherente al litigio entre la empresa y el Estado uruguayo", expresa el texto.

"El futuro Director de OPP ha dado a lo largo de su trayectoria sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público, que hacen que el gobierno electo deposite en él la confianza para ejercer la función gubernamental", añade el envío, agregando que "el gobierno electo defenderá en todo momento y en cualquier tema los intereses del Estado Uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan".

La misiva se cierra con un llamado de atención sobre "la postura que sobre este tema ha tenido desde un principio Luis Lacalle Pou, que siempre manifestó su fuerte oposición a la instalación de Aratirí, en aras de obtener información fehaciente sobre su impacto ambiental, impulsó una intensa agenda parlamentaria, destacándose interpelaciones y llamados a sala de los ministros correspondientes".