Alejo Umpiérrez enfrenta nuevo conflicto con vecinos de balnearios de Rocha por impuesto

Al conflicto que mantiene el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, con los vecinos del balneario Costa Azul, luego de la obra de enrocado que realizó la comuna en ese balneario, se sumó ahora una nueva disputa con otros grupos de residentes de La Paloma (en particular en La Serena), La Pedrera, San Sebastián, Punta Rubia, Santa Isabel y Punta del Diablo.

Según declaró Umpiérrez a la prensa, la Intendencia de Rocha (IRD) realizó un relevamiento con dron en los “balnearios más prestigiosos del departamento de Rocha y con mayor poder adquisitivo”.

“Encontramos más de 3.000 terrenos que lucían como baldíos a nivel municipal, pero que tenían construcciones de mucho valor económico y estaban pagando contribución como si fueran baldíos. Esa es la realidad, estaban pagando entre $ 10.000, $ 12.000, $ 15.000, con casas encima que tiene un valor de entre US$ 200.000 y US$ 400.000. Creemos que eso es injusticia tributaria para con el vecino de al lado que está pagando lo que corresponde”, afirmó el jerarca.

En diálogo con Radio Ulmá (Punta del Diablo), el intendente informó que el “impuesto a la edificación inapropiada grava a toda construcción que se hizo en forma irregular en un predio”.

“Tras el relevamiento, nos llevamos la sorpresa de que hay más de 3.500 construcciones sin declarar, en situación de evasión fiscal y de forma irregular, pagando los montos mínimos por terrenos baldíos. Es legítimo el reclamo de los vecinos de pedir mejoras y obras, pero también hay que tener el aporte de la contribución correspondiente. No vale reclamar iluminación, asfaltado, recolección de residuos y, por otro lado, aportar de forma engañosa por un valor mínimo como si allí hubiera solo pasto”, añadió Umpiérrez.

Por su parte, según dijeron a Montevideo Portal vecinos afectados en la contribución a pagar para dichas propiedades, vino este año una carga extra de $ 32.000 por concepto de “Impuesto por edificación inapropiada”, sin considerar las dimensiones de las construcciones consideradas para imponer el tributo.

En una carta, a la que tuvo acceso Montevideo Portal, un grupo de vecinos solicita que se considere “otorgar mayores plazas y establecer tolerancias con respecto a las regularizaciones de nuestra vivienda”.

“En primer lugar, admitimos que construimos sin permiso, en un tiempo y un lugar dejado de lado por las autoridades. Muchos con nuestras propias manos abrimos los caminos para cargar al hombro los materiales. En algunas de estas zonas ni siquiera hay servicio de agua potable, por lo que en algunos casos se hicieron perforaciones manuales para poder construir. Todo esto llevó a que pensáramos en albergues para pasar el verano o el invierno, dependiendo de cada caso. Y estuvimos omisos en pedir los permisos de construcción a un gobierno que no se notaba presente”, comienza la carta que será entregada al intendente este sábado.

Y continúa: “Nuestras construcciones han resultado atractivas para el turista de menores recursos, que busca justamente lo agreste y apartado de la vorágine de la ciudad, y por eso ha ido creciendo el turismo en una zona que antes, sin nuestra intervención, era inaccesible físicamente (caminería, servicios, agua potable, energía que en muchos casos proviene de equipos eólicos y solares). El valor que hoy tiene la zona se debe en gran parte a nuestra intervención y la generación de un poblado estable amable, amigable, que busca conservar la naturaleza y da la bienvenida a los visitantes. Basta para constatar esto un paseo atendiendo a la cartelería de los lugares. Estamos de acuerdo en que debemos regularizar las edificaciones, pero para poder hacerlo necesitamos costos más accesibles y tolerancias por ejemplo en metrajes mínimos, materiales y otros detalles. Sería importante también que se estudiara incluir la vivienda precaria tal cual figura en nuestra legislación, para que todos los vecinos, sin excepción, puedan lograr la regularización. A su vez, declaramos que se nos hace imposible pagar el tributo que es varias veces el valor de la contribución inmobiliaria que veníamos pagando. De mantenerse esta situación, nos veríamos obligados a dejar de pagar, incurriendo en morosidad, que no conviene a nosotros ni al ente recaudador”.

Finalmente, cuestionan que “el impuesto es solo para algunos balnearios y no para todo el departamento”, por lo que solicitan “un trato equitativo”.

“Aclaramos que, si hay construcciones de lujo, son unas pocas. Entendemos que los propietarios que podían ya se han acercado a firmar la declaración jurada, habiéndose cumplido hasta cierto punto el principal objetivo del tributo. Los que aún no lo hemos hecho es porque como está planteada la reglamentación no podemos hacerlo. Cabe recordar que entre nosotros hay un gran número de habitantes permanentes cuya única vivienda es la gravada por este tributo, y no es de gran valor”, apuntan los vecinos.

Punta Rubia

A su vez, la Asociación Civil de Vecinos de Punta Rubia envió a la Junta Departamental de Rocha un pedido de “amnistía” para las construcciones ya existentes al 31 de diciembre de 2023.

En esta línea, el presidente de la Asociación, Gabriel Laino, expresó que la intención de los vecinos es regularizar y se es consciente de la infracción por no tener las propiedades regularizadas.

Sin embargo, apuntó Laino, “hay una responsabilidad compartida porque el rol fiscalizador de la Intendencia brilló por su ausencia en esta y en anteriores administraciones”.

“No hubo ninguna notificación o una fiscalización ante la edificación. Entonces, si se pudo hacer durante tanto tiempo, la intendencia tuvo su responsabilidad, hubo cierta habilitación consensuada. Ahora, de la noche a la mañana, queremos tener todas las cosas prolijas y todo rápido. Habla el intendente de justicia tributaria y le estamos cobrando el mismo impuesto a quien el intendente sostiene tiene una propiedad de US$ 500.000 y al que tiene una de US$ 15.000”, cuestionó Laino.

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