El alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y otras ocho personas fueron condenadas por delitos contra la administración pública. 7 de ellas fueron condenadas a penas mixtas de prisión y libertad vigilada y 2 a penas de libertad vigilada.

Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir. Además del alcalde, fueron condenados su hijo, edil departamental, su hija y su nuera, ambas concejales del municipio.

En la solicitud de formalización de la investigación, realizada por la fiscal del caso Sandra Fleitas, surge que el 8 de diciembre de 2018 en la seccional 17ma de Florencio Sánchez, una persona hizo una denuncia expresando que Alfredo Sánchez “estaría entregando motos incautadas por parte de personal de Tránsito municipal a personas que no efectúan el pago de las contravenciones aplicadas a dichos vehículos”.

Se comienza una investigación donde luego de realizar tareas de vigilancia y demás, se incautó una moto que correspondía que fuera incautada por personal de tránsito que cumple funciones en la alcaldía de la ciudad.

Los investigadores interrogaron a quien le fue incautada la moto en cuestión, quien expresó que le compró dicho birrodado, a B.V., hace unos cuatro meses, pagándole la suma de dos mil pesos uruguayos, no realizando ningún tipo de documentación por el negocio concretado. Luego de periciarse la moto, esta quedó en la seccional policial, informa Fiscalía.

B.V fue interrogado en dos oportunidades, en una de ellas manifestó que no sabía dónde está la moto, porque nunca la recuperó. Pero en su declaración en sede administrativa, ofrecida en una segunda oportunidad, expresó que los Inspectores de Tránsito, en la Ciudad de Florencia Sánchez le habían retirado la moto, en la cual circulaba, quedando la misma en el predio de la referida alcaldía de dicha ciudad. Al ir a retirar la moto, por carecer de documentación, por tener libreta vencida y no llevar casco, al momento que fue inspeccionado, no pudo retirar el birrodado ya que además se le aplicaba una multa de trece mil pesos. La moto quedó en el predio de la alcaldía de Florencia Sánchez.

El interrogado admitió que la moto que vendió era de su propiedad y que la misma la había recuperado, porque le fue entregada por Alfredo Sánchez, solicitándole a cambio que le consiguiera votos. Finalmente explicó que había cambiado su declaración en la segunda oportunidad, ya que, en la primera, se encontraba amenazado por el alcalde, quien le manifestó que, si decía lo sucedido, él lo denunciaría como que V. había robado la moto del predio de la alcaldía.

Fiscalía señala que en este caso “no existe boleta de devolución de dicho birrodado a quien se le había incautado por las irregularidades en las que se encontraba circulando”.

Pasajes de transporte, combustible, materiales de construcción y más

La solicitud de formalización da cuenta de que “con el fin de obtener votos para ser reelecto Sánchez como alcalde, entregaba pasajes de transporte de ómnibus a nombres de funcionarios de dicha alcaldía, combustible, materiales de construcción, entre otros, a particulares”.

Además, un testigo de iniciales H.F. manifestó que acordó con Sánchez que abriría una empresa monotributista del Ministerio de Desarrollo Social, para que de esa manera fuera contratado por la alcaldía de Florencia Sánchez, para hacer obras viales. En tal sentido, este último a requerimiento de Sánchez dejaba el talonario de la empresa en la alcaldía desconociendo el destino que Sánchez daba posteriormente.

De un diálogo de Sánchez y otro de los condenados surge que era de conocimiento de ambos “el uso por parte de estos de poderes apócrifos sin la autorización y el contralor correspondiente de la Corte Electoral”. “Dichos poderes figuraban como otorgados por el candidato a la intendencia el doctor M. (Carlos Moreira), a través de la Corte Electoral a distintos colaboradores políticos para poder ingresar en representación de su lema y cumplir funciones de contralor en las distintas mesas electorales donde se sufragaba para la elección del candidato a intendente en el Departamento de Colonia”.

De los diálogos mantenidos entre Sánchez y otro de los condenados surge que “dichos poderes eran falsos en cuanto a su contenido ya que si bien existían poderes que habían sido autorizados por la Corte Electoral, estos los duplicaban a fin de autorizar según su conveniencia a los colaboradores políticos que irían a cada circuito el día de las elecciones Internas”. Además, surge que “dichos poderes les permitían tener acceso a las distintas mesas electorales y de esa manera asegurarse y tener conocimiento de la cantidad de votantes que votaban al lema de Moreira y a quien lo acompañaba que era Sánchez”.

Fiscalía señala que Sánchez y otro de los condenados “planificaban todas las actividades que podrían realizarse con dinero de la Alcaldía y siempre intentaban que parte de dicho dinero pudiera quedar en manos de los mismos para poder disfrutarlo en su provecho personal”.

En familia

De la investigación se desprende que una funcionaria pública de la alcaldía de Florencio Sánchez “permitía distintas boletas por conceptos de pagos que hacía la alcaldía a distintos particulares donde la misma inventaba el motivo del pago que efectuaba la comuna, el cual no se correspondía al destino que finalmente le daba el particular”.

La hija del alcalde Sánchez, que era concejal en la alcaldía, firmaba distinta documentación falsificando la firma de su padre, en documentos que se tramitaban dentro de la alcaldía y que posteriormente eran enviados a la Intendencia Colonia. Entre esos documentos está el acta de contralor de la actividad cumplida en el centro comunal, “cuando su padre figuraba como alcalde en el ejercicio del período cuya información se solicitaba, ya que dicho documento fue enviado en el último día de plazo”. “Incluso entre ambos acuerdan tomar todos los recaudos respecto a que otros funcionarios de dicha alcaldía no se encuentren presentes al momento de realizar dicha falsificación”, señala Fiscalía.

Además, surgen conversaciones telefónicas en donde el alcalde habla con su hijo, que es edil departamental, y le explica qué es lo que debe de hacer para poder cobrar más dinero de los gastos que efectivamente su hijo tenía como funcionario público. También en acuerdo con Sánchez llevaban materiales de construcción comprados por la comuna, los que eran trasladados por funcionarios públicos en vehículos de dicho centro comunal, a inmuebles propiedad del hijo del alcalde, los cuales eran usados en obras propias, por lo que dichos materiales eran utilizados en su beneficio personal, haciendo hincapié en que el mejor horario era bien temprano a las siete de la mañana porque había poca gente.

Debido a que los investigadores tomaron conocimiento de dicha maniobra, concurrieron al predio donde constataron que un particular con maquinaria contratada por la Intendencia de Colonia vertía parte del balastro que había sido pago por la alcaldía en un camino interno de uno de los inmuebles del hijo del alcalde.

De las vigilancias electrónicas efectuadas surge que la nuera de Sánchez tenía conocimiento de la existencia y el uso de poderes falsos que utilizaban Sánchez y otro funcionario para asegurarse tener acceso a los distintos circuitos electorales y tener conocimiento de la cantidad de votos que obtenían el lema que figuraba como candidato Sánchez. Además, la mujer, al convivir con el hijo del alcalde, sabía que el balastro con el cual se construía su casa era suministrado por la alcaldía, lugar donde trabajaba su esposo y su suegro. Así como las canastas de alimentos que les eran entregadas por dicho centro comunal, sin cumplir con los requisitos administrativos, que se exigen a tales efectos.

La esposa de Sánchez es quien figura como titular de los abonados que eran utilizados por los distintos partícipes de la organización (de su esposo, su hijo y su hija) a través de los cuales acordaban las maniobras a realizar para poder obtener dinero o bienes muebles del Estado a fin de destinarlo a su provecho personal. “Surge claramente que la indagada conocía que su esposo sacaba balastro de la alcaldía y lo dejaba en la casa de su hijo, aconsejándole en una oportunidad a su esposo que el resto lo usara para obras de la localidad con el fin de no levantar sospechas”, señala Fiscalía.