Yamandú Orsi asumió la Presidencia de la República el sábado pasado, con el fin del mandato del nacionalista Luis Lacalle Pou, convirtiéndose así en el nuevo mandatario con el sueldo más alto de América Latina.

Uruguay es el primero en la región en este aspecto, superando a países como Guatemala, Costa Rica, México, Colombia y Chile, que le siguen por detrás.

El presidente de Uruguay cobra actualmente un sueldo nominal de casi 1,1 millones de pesos, lo que en términos líquidos se traduce a $ 571.196,68.

De hecho, el patrimonio presidencial fue un punto de debate político en abril de 2024, cuando la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) publicó la última declaración jurada de Lacalle Pou.

En el documento, se indicaba que su patrimonio había aumentado un 60%, llegando a una cifra neta de 23.127.616,20 pesos (597.331,91 dólares a la cotización de entonces).

En comparación con la primera declaración jurada, hecha a poco de haber asumido, su patrimonio creció un 60,9%, los activos 90% y el monto total del pasivo, 230%.

A los pocos días, Orsi se refirió al sueldo de Lacalle, que en ese momento era de 526 mil pesos líquidos.

“Lo gestual es importante a la hora de pedirle a la ciudadanía un poco de paciencia para mejorar las cosas”, dijo en rueda de prensa.

Acerca de bajar la cifra, Orsi dijo que “no es solo un tema de sueldo” sino que es una “gestualidad”. “La austeridad es un buen componente. Siempre es bien recibida”, aseguró.

Según abogados constitucionalistas consultados por Montevideo Portal, el sueldo del presidente es fijado por ley y el propio mandatario no tiene la facultad de modificarlo.

Ruben Correa Freitas indicó que “desde hace muchos años, la ley prevé que aumenta automáticamente en la misma fecha y con el mismo porcentaje que los funcionarios de la Administración Central”.

“El artículo 154 de la Constitución dispone que el sueldo se fija por ley previamente a cada elección, sin que pueda ser alterado durante el desempeño del cargo”, explicó.

Por su parte, el abogado Diego Gamarra, en la misma línea que Correa Freitas, sostuvo que el sueldo se fija “por ley antes de cada elección”.

En cuanto al potencial aumento durante el mandato, señaló que al sueldo “aplican los beneficios generales que aplican a los funcionarios públicos”, junto con las actualizaciones ajustadas a la inflación. “Por eso es que va aumentando”, declaró.