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El abogado y titular del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho Juan Ceretta advirtió por un aumento de los desalojos forzosos en diversas pensiones del país debido a que los inquilinos no pueden afrontar los pagos por la situación laboral que atraviesa gran parte de la población.
"Se vienen dando una serie de desalojos forzosos en las pensiones", adelantó Ceretta en una conversación con Radio Centenario (CX 36).
Ceretta señaló que aquellas pensiones habilitadas por el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo en que no se realicen los pagos correspondientes se puede determinar un desalojo simplemente solicitándolo a la Policía, "sin necesidad de pasar por el Poder Judicial".
Sin embargo, advirtió que "la situación más dramática" se está viviendo en las pensiones que no están habilitadas. "En esos casos, ante el no pago del día, de la semana o de la quincena, según el acuerdo que se tenga, se está sacando a la gente para afuera, cambiando los candados, y tenemos constantes llamados de distintos lugares, de personas y familias que están quedando en situación de calle".
"Normalmente se trata de personas que viven del trabajo diario, del jornal que hacen. Tienen actividades que están en el marco de la informalidad desde el punto de vista de la seguridad social: cuidacoches, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales. Todas estas personas, al ver menguados sus ingresos, no han podido hacer frente al costo de la semana o del día de la pensión y están quedando en la calle", señaló Ceretta.
El abogado dijo que se le consultó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) qué solución podría encontrarse para estas personas, pero la respuesta que llegó es que, más allá de los esfuerzos realizados, la prioridad la tienen las personas mayores de 65 por el estado de emergencia sanitaria por coronavirus.
En materia legal, Ceretta dijo que este martes presentaron "la primera acción de amparo contra los propietarios de una pensión y contra el Ministerio de Vivienda" para que se cese el desalojo de una pensión. En todo caso, si el desalojo continúa, se le pide al Ministerio de Vivienda "que proporcione una solución".
"Por otro lado, en muchos casos se han dado situaciones de discriminación, violencia y hasta privación de libertad. En esos casos ya dimos cuenta a Fiscalía", señaló Ceretta.
Además, el abogado adelantó que seguirá presentando acciones de amparo ante la Justicia. Sin embargo, dijo que "la solución para esta situación" debería ser normativa, por ejemplo, a través de una ley que prohíba los desalojos mientras dure la emergencia sanitaria.
Así las cosas, Ceretta dijo que estas personas "ya están pasando mal porque vieron menguados sus ingresos", pero quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad aun si terminan en situación de calle.
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