Adulteración de planillas de Excel: la maniobra de quien cobró millones en horas extras

Además del intendente de Artigas, Pablo Caram, y la exdiputada Valentina dos Santos, la Justicia condenó por el caso de las horas extras a Rodolfo Caram y a su pareja, Stefani Severo, quien fue la que llevó adelante la logística para cobrar millones de pesos en horas extras en un período de dos años.

La condena para Caram y Severo, tras proceso abreviado, fue por el delito de fraude, con una pena de 24 meses de prisión que será sustituida por libertad a prueba y trabajo comunitario. En el caso de la mujer fue condenada como autora, y Rodolfo Caram, primo del intendente, como coautor de dichos delitos. Además, se les dispuso a ambos la inhabilitación durante cinco años para ejercer “cargos u oficios públicos” y una multa de 1.000 Unidades Reajustables ($ 1.724.290) para cada uno.

Pero ¿cómo fue la maniobra de Severo para lograr cobrar millones de pesos en horas extras en dos años?

Según la acusación del fiscal Federico Rodríguez, Severo ingresó a la función pública en la Intendencia de Artigas en 2015 con el cargo de administrativa grado 3, mediante asignación directa por parte del intendente, Pablo Caram.

A partir de su ingreso se desempeñó como administrativa en la División de Recursos Humanos, y se encargaba, entre otras tareas, de “registrar las horas extras de los funcionarios de la comuna departamental”.

A partir de 2020, la administrativa fue ascendiendo de grados sin razón aparente, hasta que en febrero de 2022 celebró un contrato para acceder al grado 7, y además recibió una compensación de 40%, es decir, un aumento salarial sustantivo. Según información manejada por el investigador de la causa, de los 1.584 funcionarios que tiene la Intendencia de Artigas, solo 21 perciben esa compensación (el 1%).

“Debe precisarse en este punto, que esto último aconteció el mismo mes en el cual su pareja fue designado como secretario general (antes era director general), llevándose a cabo este ascenso sin contar con ninguna justificación técnica, profesional o de servicio, pasando a ser una de las pocas funcionarias de la repartición de Recursos Humanos con el mentado grado (incluso existiendo funcionarios que trabajaban hace más de una década). No existió ninguna solicitud formal que fundamentase dicho aumento, incumpliéndose con las previsiones normativas departamentales (consuetudinarias y de costumbre), las cuales ‘exigen’ y ‘reclaman’ que para que el referido acrecentamiento suceda, tiene que existir una solicitud fundada por parte del encargado o director de la repartición [en este caso, la encargada de Recursos Humanos]”, detalló el fiscal en la acusación.

Al momento de su ingreso, Severo tuvo inicialmente una carga horaria de 6 horas diarias de lunes a viernes. Más adelante, con fecha 2 de enero de 2020 firmó un contrato con la entidad departamental, mediante el cual ascendió a grado 4. Seguidamente, a los dos meses exactos, el día 2 de marzo de 2020, obtuvo el grado 5, pasando a ostentar el cargo de jefa de División Administrativa.

“Fue la única funcionaria de Recursos Humanos que percibió una compensación de tal envergadura. Por otra parte, tampoco existió una idoneidad particular y específica que lo motivase, pues la indagada no cuenta ni con experiencia laboral previa en el rubro (había trabajado anteriormente en un almacén y como niñera), y no cuenta con formación referente a su labor (solamente aprobó hasta segundo año de secundaria)”, agregó Rodríguez.

La planilla de Excel  

En la acusación realizada por el fiscal, Rodríguez apunta que Severo, “haciendo uso de su función laboral, se dedicó a modificar la cantidad de horas extras que llevaba a cabo, mediante la edición de planillas en el programa informático Excel, atribuyéndose una cantidad de horas extras diarias desmesurada, superando en ocasiones las 200 horas mensuales, lo cual es de forma notoria, humanitariamente imposible de poner en práctica”.

Rodríguez agrega: “Severo hizo constar en las referenciadas planillas, que trabajó durante días feriados (a modo de ejemplo registra horas trabajadas el día domingo 1º de mayo de 2022), así como fines de semana, fechas en las que la Intendencia se encontraba de puertas cerradas. Inclusive registró horas trabajadas en períodos en los cuales se encontraba usufructuando días de licencia”.

Pero, a su vez, el procedimiento para ingresar la carga horaria de los funcionaros municipales parte de la información que el supervisor de cada dirección de la Intendencia remite a la oficina de Recursos Humanos, donde se desempeñaba Severo.

Luego del presunto control pertinente, contrastando la información con los datos del reloj de marcas biométrico, Recursos Humanos se encargaba de entregar la planilla de horas trabajadas a la repartición de liquidaciones salariales. Esa área concede la autorización para que se abonen posteriormente los salarios.

No obstante, en el caso de las horas trabajadas por los funcionarios de Recursos Humanos, no era Severo quien estaba cargo de dicha tarea, sino un administrativo de iniciales R. E.

Personalmente adulterada

Sin embargo, concluye el fiscal, pese a ese presunto mecanismo de control para la división de Recursos Humanos en particular, para concretar el fraude, Severo se encargó todos los meses “de remitir una segunda planilla a la Oficina de Liquidaciones, llevándola inclusive personalmente con las cifras adulteradas”.

Finalmente, el fiscal detalla y enumera mes a mes la cantidad de horas extras desproporcionadas que cobró Severo en particular (habría más funcionarios involucrados, unos 13), desde marzo de 2021 hasta diciembre de 2022, cuando fueron las 196 que trascendieron públicamente en primer momento.

“La cifra total de horas extras cobradas en ese lapso asciende a $ 1.115.318”, apunta Rodríguez. Pero, además, si se suman las horas laborales cobradas durante los días feriados ($ 258.022), la cifra asciende a $ 1.373.340, unos US$ 35.000.

“Severo empezó a cobrar horas de forma excesiva e inmoderada (en definitiva, inmerecidas), en el mes de marzo de 2021. Esta acción la detuvo durante unos meses, hasta que, en setiembre del mismo año, decidió volver a cobrarlas hasta que perduró en sus funciones. En febrero de 2022 Severo recibió un ascenso de grado 5 a 7, así como una compensación del 40%, instante en el cual, decidió no cobrar horas en días feriados, pero sí una exigua (111) cantidad de horas extras (en comparación con los restantes meses). Finalmente, se puede apreciar que durante los meses cercanos a fin de año (próximos a las fiestas), Severo aumentó el cobro del dinero fraudulento”, consignó Rodríguez.

El fiscal asegura que, por el método de la maniobra anteriormente mencionado, las compensaciones y horas extras que percibía Severo no figuraron en el sistema empleado por la Intendencia y no pudo ser visualizado por el personal de las secciones de Liquidaciones y Recursos Humanos.

“Esto aconteció porque Rodolfo Caram (secretario general de la Intendencia durante ese período) se contactó con los técnicos de informática que asesoran a la Intendencia, y estos se encargaron de que la aludida partida no luzca al momento de hacerse los cálculos salariales. Por esta razón, Severo cobró por trabajar ocho horas y cuarenta minutos, mientras que en el sistema solamente se registraba que lo hacía por seis, siendo las restantes computadas, calificadas como horas extras. Caram, al ser pareja de Severo, se vio beneficiado del dinero obtenido fraudulentamente por Severo”, concluyó el fiscal, para pedir que ambos funcionarios fueran condenados por fraude al dañar a la administración pública para su propio beneficio.