"Padezco ninfomanía desde hace muchos años y cada dos o tres horas tenía que ir al vestuario o los baños satisfacerme". Tal fue el argumento esgrimido por una mujer acusada de más de 40 robos en los casilleros de los vestuarios del Hospital Universitario central de Asturias (HUCA), localizado en el principado español de Asturias.

Según informa el medio local La Nueva España, la mujer niega haber cometido robo alguno y fundamenta su defensa en una supuesta adicción al sexo, condición que la obligaba a frecuentes visitas a los vestuarios o los baños, sitios en los que mantenía furtivos encuentros sexuales.

"Tuve relaciones íntimas con otros compañeros de todas las categorías", declaró la procesada, quien trabajó durante más de veinte años rasurando pacientes.  En 2019 fue detenida por la Policía Nacional como principal sospechosa de una oleada de robos en los vestidores.

Este martes se llevó a cabo la primera de las nueve sesiones previstas en el juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, instancias que -según lo previsto- culminarán el próximo 31 de marzo.

En esta primera jornada comparecieron algunos de los más de cuarenta denunciantes. "Me robaron solo 20 euros, pero me da rabia porque encima era domingo y siempre vas de peor gana al turno", indicó una trabajadora de la cocina del hospital, que en febrero de 2017 encontró su casillero forzado  y sin el dinero que guardaba.

Administrativos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y médicos son solo algunos de los damnificados de los robos. Parte de la estrategia de la defensa consiste en desmarcar de su cliente de los hechos. En ese sentido, procuran que los testigos declaren que los robos siguieron produciéndose luego de que la acusada fuera separada del cargo, en 2019.

 Por su parte, la sospechosa asegura que desde que la detuvieron su vida se convirtió en un suplicio, y que lleva más de un año en tratamiento contra la depresión. "Ni siquiera bajo la basura, tiene que hacerlo el crío", relató entre lágrimas en una declaración que se inició con más de una hora de retraso por los infructuosos intentos de fiscal, juez y su propia abogada de alcanzar un acuerdo para evitar el juicio en el que el ministerio público pide 5 años de cárcel por un delito de robo continuado en local abierto al público.