Los inversores chilenos y canadienses de Montecon presentaron una solicitud de arbitraje por US$ 600 millones contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

A su vez, la parte de Canadá presentó también una segunda solicitud en la que denuncian “la violación de los principios del tratado de protección de inversiones” que Uruguay suscribió con dicho país, por US$ 240 millones, de acuerdo con un comunicado de Montecon.

Los accionistas de Montecon, compañía que brinda servicios de carga y descarga en los muelles públicos del puerto de Montevideo, “fundan sus acciones en el hecho de que el Estado violó el Acuerdo de Promoción de Inversiones suscrito con Chile, a raíz de una serie de medidas adoptadas por el gobierno uruguayo”. Estas medidas “le impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo, al tiempo que desconocen el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades”.

Todo esto “infringe los compromisos” que el Estado uruguayo asumió “en materia de Nivel Mínimo de Trato, Trato Nacional y Cláusula de la Nación Más Favorecida, contemplados en el tratado internacional.

En 2021, el gobierno de Luis Lacalle Pou concesionó hasta 2081 la terminal especializada de carga del puerto de Montevideo a la empresa Terminal Cuencas del Plata (TCP), compuesta por un 80% de capitales pertenecientes a la multinacional belga Katoen Natie y otro 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP).

“Cabe señalar que el proceso comienza tras el cierre sin éxito de un periodo de consultas y negociaciones directas para alcanzar una solución amistosa entre las partes, durante el cual se enviaron comunicaciones que no fueron respondidas por las autoridades de Uruguay”, añade el texto difundido.

A partir de esta decisión del Ciadi seguirá la composición del tribunal arbitral, la definición del procedimiento y el inicio del juicio en sí.