Acción de amparo contra vacunas dice que se toma a “los niños como ratones de laboratorio”

El abogado Maximiliano Dentone fue el ciudadano que presentó ante la Justica una acción de amparo con el fin de solicitar que el gobierno suspenda “la vacunación contra la covid-19 en niños”, que derivó en que el juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativa (TCA) Alejandro Recarey intimara a Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y autoridades de Pfizer a presentar información sobre las vacunas contra la covid-19.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, Dentone asegura que “el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias y se cumpla con los requisitos legales, incumplidos hasta el momento”.

“El gobierno ha violado los mínimos y básicos principios del derecho precautorio y lleva adelante un verdadero experimento, tomando a los niños como ‘ratones de laboratorio’”, afirma el profesional en el documento que divulgó MVD Noticias.

Posteriormente, Dentone asegura que el “supuesto virus que generaría la patología denominada covid-19 no está aislado, cultivado y secuenciado biológicamente, contrariamente, se trata de un procedimiento informático, es decir, que su existencia es digital, y que por lo tanto no se pudo acreditar su existencia biológica”.

Y agrega: “Las sustancias que se inoculan no están autorizadas por la FDA (Food and Drug Administration), se utilizan en función de una ley militar de los Estados Unidos que permite su aprobación de emergencia. Se ha vacunado y se vacunara sin consentimiento médico informado, conducta que vulnera la libertad, dignidad y derechos humanos de los seres humanos. Los médicos y autoridades sanitarias desconocen el contenido de las sustancias que están inoculando”.

Dentone también afirma que “el contrato de adquisición de las sustancias y el oligopolio farmacéutico es secreto”, por lo que “se le ha negado acceso a la población, habiendo trascendidos que contiene cláusulas de indemnidad e impunidad ante posibles efectos adversos”.

En esta línea, Dantone apunta que el Ministerio de Salud Pública “hasta el momento se ha negado a dar las cifras de muertos por causa de la vacuna” y que en los países que más se ha vacunado se han multiplicado la cantidad de muertos por efectos adversos de las vacunas”.

“Los principios del derecho precautorio, sumado a la relación riesgo beneficio de la inoculación, objetivamente demuestran la inconveniencia de la vacunación. Conforme al informe del Profesor Campra de la Universidad de Almería, las sustancias que se inoculan contendrían óxido de grafeno y material extraño nanotecnológico. Las sustancias contendrían ARN mensajero cuya incidencia en el genoma humano se desconoce. En definitiva, la autoridad sanitaria uruguaya desconoce por completo con qué se inocula a nuestros niños y sus reales efectos. En virtud de lo mencionado, y ante esta situación, la conducta de las autoridades sanitarias uruguayas es absolutamente ilegal, negligente y temeraria, por lo que debe suspenderse inmediatamente la vacunación a niños”, afirma el documento.

Por esta razón, en el escrito presentado Dentone solicitó “se intime al Poder Ejecutivo a que agregue en autos los contratos de adquisición de vacunas que ha celebrado con los distintos laboratorios” y en particular “toda documentación de Pfizer”.

Finalmente, el profesional solicita se intime al Poder Ejecutivo a que “aporte los datos respecto a la cantidad de muertos por efecto de la vacuna covid registrados entre el comienzo de la vacunación y el mes de junio de 2022” y se cite a declarar al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, además de a integrantes del Comité de Terapéutica y Vigilancia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.