Abuso de funciones y odio: la denuncia penal de Romina Celeste al fiscal Morosoli

La militante del Partido Nacional y primera víctima en denunciar públicamente al senador Gustavo Penadés, Romina Celeste, presentó el pasado lunes una denuncia penal en contra del fiscal Rodrigo Morosoli, quien estuvo a cargo de la investigación que terminó con la condena de la nacionalista por escupir a una funcionaria municipal frente a la Intendencia de Montevideo (IM). 

Tal y como informó Montevideo Portal la semana pasada, el reclamo formal que presentó Romina Celeste viene a cuento de que en varias hojas del expediente judicial de la causa por la que fue condenada aparece identificada con su nombre anterior a realizarse el cambio de género. Ahora, la denuncia presentada al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) dice: “Vengo a dar noticia de ciertos hechos que, de probarse, a nuestro entender deberían configurar por parte del señor fiscal falsificación ideológica de un documento público, incitación al odio por razones de género y abuso innominado de funciones”.

En los hechos que se narran en la denuncia, se asegura que Romina Celeste fue identificada con su nombre anterior por lo menos “dos veces en cada formulario” del expediente. 

En su momento, desde Fiscalía aseguraron que la situación se puede deber a un error informático, pero en la denuncia presentada ante la DPA se asegura que: “El equipo informático al nombrar el campo de esa base de datos, en forma cautelosa y exigiendo seriedad, escribió ‘nombre en documento’, sin embargo nos llevaron la sorpresa al ver que debajo surge el nombre anterior de la denunciante la cuatro veces”.  

En la denuncia también se adjuntan diversos documentos de la militante, como tarjetas bancarias, el carné de conducir de la IM y la cédula de identidad, dado que todos poseen su nombre actual. “La propia base de datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) ya había cambiado el nombre a Romina Celeste”, asegura el escrito al que tuvo acceso Montevideo Portal. 

Con respecto a la incitación al odio, en la denuncia se asegura que Romina Celeste estuvo detenida 48 horas cuando cometió el atentado especialmente agravado al escupir a una funcionaria de la IM. Ese tiempo “suele utilizarse en delitos de otra gravedad y complejidad”, indica el escrito. 

“El doctor Morosoli omitió la aplicación más básica de la Ley 19.580 [...]; no le permitió a la imputada incorporar el video en el que se ve cómo es agredida por el señor Julio Toyos, en el que dice ‘vestite como yo, gordo, vestite como hombre’”, agrega la denuncia. La Justicia le impuso restricciones a Toyos por este hecho, dado que él reconoció que había agredido verbalmente a Romina Celeste. 

“Toyos reconoce en el juzgado haber provocado a la imputada en ese momento. El juez le impone restricciones pero en cambio Morosoli se refiere a Toyos y a otros increpantes como ‘personas curiosas’ y descarta provocación alguna”, sostiene el escrito.

Finalmente, se asegura que “Morosoli utiliza informes psiquiátricos que son normales para las chicas trans sometidas a tratamiento hormonal, como prueba en su contra”. “En lugar de relativizar la ‘imputabilidad’ la amplifica, imponiendo una condena de rehabilitación permanente [...]. Un tratamiento psiquiátrico es un derecho de todo ciudadano, no debe ser utilizado como pena infamante para ridiculizar a la imputada”, agrega el escrito. 

Finalmente, la denunciante y su abogado solicitan a la DPA que “se inicie una investigación penal a Morosoli en virtud de las irregularidades con visos delictivos, cometidos durante su actuación en el procedimiento que culminó con el acuerdo abreviado en el que se condenó a Romina Celeste”.