Sosa había perdido la licencia para ejercer su profesión por una situación que nunca quedó muy clara. Entonces, se dedicó a husmear en los entresijos burocráticos de los siniestros de tránsito con prácticas non sanctas. Arreglado —comisión mediante— con enfermeros o choferes de hospitales y funcionarios policiales corruptos, se enteraba en tiempo récord de que en la esquina tal con tal había ocurrido un accidente. Y, tan campante, llegaba al lugar, muchas veces coincidiendo con un móvil de emergencia médica. Cuando las personas todavía estaban en shock y bañadas en sangre, él se presentaba como un hombre solidario que ¡justo! se enteró del infortunio y, solícito, ofrecía sus servicios para poder cobrar el seguro que a la persona que sufrió la desgracia le corresponde en estos casos. Curiosamente, en una hora y cuarenta y seis minutos de película, Sosa nunca pronunció la palabra “abogado”.

Sosa, ese abogado sin título ni escrúpulos, es interpretado por el afamado actor argentino Ricardo Darín. La película se llama Carancho, es dirigida por Pablo Trapero y es de 2010, pero no pierde vigencia en el Río de la Plata. Contiene una historia de amor con una médica que trabaja en un hospital y acude a los llamados de emergencia (la actriz Martina Gusmán), y tiene un final impactante que aquí no revelaremos, por supuesto. La pueden ver en Netflix.

En la jerga porteña se dice que Sosa (y sus superiores, aún más carentes de escrúpulos) “caranchea”, en referencia al ave rapaz y carroñera de plumaje pardo y blanco, con “boina” negra, penacho en la nuca y fuerte pico anaranjado. El modus operandi de esos abogados oportunistas se constata, aún hoy, en ambas márgenes del Plata.

En Uruguay hay algunos nombres que se repiten en cada siniestro de tránsito de relativo impacto en los medios, y en otros más desapercibidos también. Algunos de los especialistas en siniestros de tránsito trabajan muy bien; otros, en tanto, se parecen mucho al personaje que interpreta Darín en la película comentada.

Silva, un especialista

El 26 de octubre de 2024, los portales e informativos abrieron con una noticia extraña: un ómnibus de Cutcsa, de la línea 121, había desviado su camino, aceleró por avenida Brasil, se estrelló contra el muro de la rambla y siguió de largo hacia las arenas de la playa Pocitos. Resultaron heridas 16 personas que iban en el bus (cinco de ellas de gravedad) y, por supuesto, quedó herido el chofer, quien perdió el conocimiento. A marzo de 2025, todavía no se conocen los verdaderos motivos del siniestro.

El abogado Rafael Silva presentó, apenas el lunes siguiente a la espectacular colisión, una denuncia penal por lesiones al fiscal de Flagrancia de octavo turno. Silva representaba ya a cuatro pasajeros que viajaban en ese bus, y de inmediato le pidió al fiscal “una serie de evidencias que son claves para la investigación”. Semanas después, una mujer de 55 años falleció, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Con el paso de los días, Silva asumió la defensa de otros cuatro pasajeros de ese sábado desgraciado. Pasó a representar a la mitad de los 16 pasajeros del 121.

Silva también representó a pasajeros de un ómnibus de la empresa Copsa que se accidentó el 12 de enero de 2023 en la Interbalnearia, cuando un ómnibus se trasladaba de Punta del Este a Montevideo. En ese accidente, falleció una adolescente de 15 años. Según el testimonio de los defendidos por Silva, “el coche presentó un movimiento oscilante por demás llamativo”, antes de volcar. Las pericias luego concluyeron que hubo “un error humano” y “exceso de velocidad”.

Silva también representa a la muchacha que resultó herida tras ser embestida por un auto que manejaba el conductor de TV Rafa Villanueva el 9 de febrero en la ruta 9, en Rocha. Hasta el momento se sabe que la moto circulaba sin luces en la parte trasera, que el conductor de la moto —quien falleció tras el accidente— circulaba sin casco, y que la espirometría le dio negativa al comunicador.

No resulta llamativo que Rafael Silva represente a víctimas en siniestros de tránsito notorios. Lo que algunos consultados para este informe cuestionan es su proceder: se preguntan cómo se entera de los siniestros al instante, antes de que trasciendan, y por qué se toma el atrevimiento de escribirle a las víctimas cuando aún están conmocionadas; además, objetan un abordaje no muy oportuno a las víctimas.

Pongamos un ejemplo. El accidente de Manuel fue el 29 de noviembre de 2022. El hombre, de 40 años, salía de trabajar en bicicleta de un supermercado en Pan de Azúcar y 8 de Octubre, la Unión. Iba hacia la casa de su hermano, que vivía en el complejo Euskal Erría. Manuel iba en bici y con auriculares, escuchando música. Un taxi que venía en el sentido contrario, por Pirán a punto de tomar Camino Carrasco, lo embistió. Y Manuel murió antes de llegar al hospital.

A la viuda de Manuel, a quien llamaremos Olga, comenzaron a llamarla abogados apenas minutos después del siniestro de tránsito fatal. Abogados, en plural. Uno de ellos fue Rafael Silva. “No habían pasado 15 o 20 minutos y empezaron a llamarme abogados, unos cuantos. Decían estar interesados en el caso y le empiezan a hablar a uno de alguna manera… monetariamente”, dice Olga.

Recuerda que fueron cinco doctores en leyes en el lapso de una hora, la hora posterior al fallecimiento de su marido. “Entre ellos el señor Silva, entre tantos que se ofrecieron para, de alguna manera, ayudarlo a uno en el caso de ir a juicio y esas cosas”, agrega. “Ellos me decían que, en estos casos, la suma de dinero que se podía conseguir era importante, que una podía sacar provecho de eso, de que mi marido había muerto por el accidente. Que ellos se pueden hacer cargo, que son personas recomendadas y avaladas, de alguna manera, porque han atendido casos importantes”.

“Pero ese día mi cabeza no estaba como para pensar en eso. Yo estaba enfocada en la pérdida de mi marido y no en sacar provecho de eso, ¿verdad?”, pregunta Olga, como si estuviera diciendo algo descabellado o difícil de entender.

Y sigue: “Eso fue lo que le hice saber a todos los que me llamaron. Les dije: ‘En este momento no estoy para pensar en eso, mi marido se murió hace 20 minutos, tengo cuatro hijos a los cuales todavía les tengo que dar la noticia, y además, yo estoy pasando por un momento terrible”.

Silva volvió a insistir, llamándola directamente. “El teléfono sonaba una y otra vez”. Olga ya le había dicho que no, que no estaba para pensar en eso, pero él insistió. En una de esas llamadas, que la viuda atendió, él le pidió para ir a su casa y hablarlo personalmente.

Rafael Silva fue a su casa y, en esa entrevista, ella se convenció de que no quería que él la representara. “No me gustó su forma de dirigirse a mí, de tratar el caso. Para él era más importante lo monetario que lo que a mi familia le había pasado. Son personas que buscan entrarles a las personas que son víctimas por ahí: por el bolsillo”.

Ella no aceptó la defensa de ninguno de los abogados que la llamaron. Días después, por recomendación de un amigo, llamó al doctor Javier Riffaud, quien le hizo saber que era ella quien debía contactar a los abogados, no los abogados quienes deben comunicarse con las personas accidentadas o sus familiares.

“Creo que hay como una red de comunicación entre la Policía y ellos, es todo un negocio, por llamarlo de alguna manera, o entre ellos y las sociedades médicas. Tiene que haber algo que les esté avisando que hubo un accidente de tránsito. No puede ser que ellos se enteren antes que mis propios hijos, que mi familia, que había fallecido mi marido”, concluye Olga, que prefiere no revelar su verdadero nombre.

Parece que Olga hubiese visto la película Carancho, pero no. Todavía no la vio.

Ana Fernández también fue contactada por Silva, al otro día del accidente del ómnibus de Cutcsa que terminó en la playa Pocitos, en octubre pasado. Es una de ocho pasajeros del 121 en cuestión que tienen como abogado a Rafael Silva. “Me llamó al otro día o al segundo día, enseguida. No lo hizo él directamente, me escribió su secretaria por Messenger para decirme que él se ponía a disposición”.

—¿Le dijo cómo se había enterado de su nombre, y otros nombres?

—No, no me dijo cómo dieron conmigo. Yo no tenía un abogado en ese momento.

—¿Y no preguntó cómo dio Silva con usted?

—No, la verdad que no.

Ana Fernández dice que ella todavía estaba en shock, cuando él se comunicó con ella. “Me tuvo paciencia, porque yo todavía estaba conmocionada. Estaba muy mal, así, de la cabeza… Yo mucho no entendía, por unos cuantos días estuve mal, vamos a decir”. Dice que el abogado le dijo que haría todo lo posible y que no había sido un siniestro común. No le prometió que ganaría mucho dinero, pero sí le avisó que él cobraría un 30% de lo que las víctimas ganaran en el juicio.

Silva, que hace 15 años se dedica a los siniestros de tránsito, dice que cuando comenzó con esto “y nadie quería agarrar estos casos, porque eran chatarra”, él se tomaba el trabajo de buscar en la guía telefónica a la víctima del accidente o a algún familiar cercano. Así lo hizo en enero de 2011, luego de que un turista brasileño atropellara (y matara) a la adolescente Jennifer Mariño en Maldonado. Buscó en la guía y así llegó a su padre. “Y, obviamente, ofrezco mis servicios profesionales”, acotó.

—Algunos colegas suyos y también víctimas de accidentes entienden que eso no es ético: comunicarse usted con la persona que acaba de sufrir un accidente, o un familiar que acaba de perder un ser querido…

—Eso lo podemos discutir… Yo creo que los que no son éticos son esos colegas que están arreglados con choferes de ambulancias, con la Policía, con enfermeras… No es ético ni legal. Vos decime quién se enoja porque yo llego rápido, y yo te diré con qué leche viene el comentario: si con buena o mala leche. Rafael Silva empezó a trabajar en el área cuando era el último escalón en cualquier cartera de un estudio jurídico. 

Él dice que empezó a trabajar en el tema mucho antes que una ley estableciera el SOA. El SOA es el Seguro Obligatorio de Automóviles, creado por la ley 18.412, gracias al cual la víctima en un siniestro de tránsito tiene derecho a reclamar una indemnización proporcional a los daños causados, sin importar si el vehículo que se accidentó contaba con seguro.

Silva, quien reconoce que busca a víctimas de accidentes o familiares, dice que para ello apela a un “gran equipo administrativo” que busca en las redes como verdaderos sabuesos. “Muchas veces yo hago un comentario en redes y pregunto si alguien conoce a la persona. Y tiene un porqué: Yo no solo brindo el servicio que da la gran mayoría, que desconocen el área penal. Yo hago todo: la parte penal, la parte del SOA y la parte de daños y perjuicios. En lo penal, si no actuás rápido, sos perjudicado, perdés la evidencia, porque hay cámaras y registros fílmicos que duran 24, 48 o 72 horas”, dijo telefónicamente, en un bus camino a Melo, para dar con víctimas del accidente de la empresa Núñez.

“A veces, me lleva una semana conseguir a alguien, mientras que hay colegas que tienen la ‘suerte’ de llegar enseguida, y con el teléfono directo de las personas… En determinado momento, empecé a darme cuenta de que habían ‘desaparecido’ los accidentes de tránsito del mercado. Conversando con unos y otros empecé a advertir que muchos estudios habían agarrado el guille de trabajar en forma directa con choferes de ambulancias o enfermeros”.

Él no lo hace, afirma. Sí tiene empleados en su estudio que buscan con ahínco en las redes sociales de las víctimas para llegarles. “Es muy distinto a tener cargos públicos a nivel del Ejército en el Hospital Militar, y tener tu estudio jurídico a donde mandar los lesionados. Altos mandos del Ejército que tenían acceso a sistemas informáticos reservados, a información privilegiada”, dice Silva, críptico. El caso que menciona él mismo lo denunció en la Fiscalía de Delitos Informáticos.

Podés llamarme Dr. Tránsito

Javier Riffaud hace 13 años que trabaja como abogado especialista en siniestros de tránsito. Un buen día entendió que debía especializarse en alguna rama, hasta que encontró el nicho de los accidentes y dijo “es por ahí”. Para evitar la mala fama de la que gozan otros colegas en su rubro, decidió transparentar su trabajo. Se hizo llamar Dr. Tránsito, puso carteles en la vía pública con su fotografía (hay uno muy visible llegando al peaje de Pando) y tiene publicidad en TV.

Riffaud dice que eligió ese camino de la abogacía por la “empatía” con las personas que de un momento a otro pueden perder todo, desde una pierna a un empleo, o la vida. Esas historias tremendas que fue conociendo de cerca lo convencieron de que debía especializarse en eso y actuar diferente a los “caranchos”.

Riffaud sí vio la película de Trapero protagonizada por Darín. Y conforme le fueron llegando personas que antes habían lidiado con otros abogados, entendió que debía hacer las cosas diferente. Y tenía que mostrar que él no actuaba así. “Cuando ingresé al nicho del tránsito, me encontré con un rubro que hasta hoy está bastardeado. Estamos vistos como oportunistas, como buitres que estamos al acecho, a la espera de una desgracia para poder trabajar”, dijo en su oficina.

“Contra eso combato, contra la competencia desleal, contra la comisión de delitos, porque hay tres o cuatro estudios [de abogados] que sé que actúan así: sé que le escriben a la persona directamente minutos después, o le caen en el sanatorio donde están internados”, dijo.

Tal como la película argentina, en Uruguay —estima Riffaud y coinciden otros abogados que prefieren no revelar su identidad— hay una clara connivencia entre esos abogados y funcionarios policiales o de la salud. “Yo veo notas de prensa con determinados abogados que sé que son gente que accedió a información reservada, a determinados datos que no deberían tener. Sé que han caído a ver a las víctimas o familiares con el parte policial. Si vos tenés al salir de acá un accidente de tránsito, yo no puedo ir a una comisaría o jefatura y pedir tu parte policial. Ni tuyo ni de nadie. Entiendo que le pagan a un funcionario equis, y les facilita todo…”. Como en la película.

Él mismo ha denunciado en Fiscalía esta filtración de datos para beneficio de algunos colegas. El caso de un traumatólogo del Hospital Militar y un jerarca militar que, casualmente, derivaba accidentados a su estudio jurídico, terminó en la Justicia Militar, y el jerarca fue sancionado por sus superiores militares, por ejemplo. En ese caso, tanto Silva como Riffaud fueron denunciantes.

Un abogado de extensa trayectoria y muy respetado, que prefiere hablar off the record, cuenta el modus operandi de los “caranchos”: “Ellos no los llaman directamente o no van a los hospitales en persona. Primero hacen la conexión a través de terceros y después aparecen ellos, o no. Tienen intermediarios que van en nombre de ellos. Lo otro particular son los acuerdos que hacen con sus defendidos. Uno es que te compraban un juicio, o te decían que vos no pusieras un peso, pero iban a la mitad y los gastos de lo que ellos obtuviesen en el juicio. O sea que el tipo o la mujer capaz que perdió un familiar, y ellos encima ¡se quedan con la mitad de lo que les corresponde!”. Eso ya no es así, hoy cobran entre 20 y el 30%.

Este reconocido abogado se recibió, hace muchos años, junto a otro que eligió “caranchear”. “Y su fortuna la hizo así. ¡Una fortuna hizo! Ellos ya llegan al lugar con la dirección, con los teléfonos y con los detalles del accidente. Algunos se me atravesaban y yo los corría. Ahora ya no se animan a cruzarse conmigo”.

Los informantes de este tipo de abogados les avisan cuando un paciente fue dado de alta de un CTI, cuando acaban de internarlo, o cuando lo están velando. “Sé de colegas que se han aparecido a ofrecer sus servicios en velorios”, dijo Riffaud.

“Silva tenía un cartel publicitario a la salida de una comisaría de Punta del Este. Y en esa comisaría cercana había un pizarrón con su número de teléfono y decía ‘abogado 24 horas’ y su teléfono”, cuenta el penalista de dilatada trayectoria, señalando la clara connivencia entre policías y el abogado en cuestión.

Silva reconoce que puso un aviso en un cartel en vía pública enfrente a la seccional 12 de La Barra, y hasta manda la foto del cartel por WhatsApp. “¡Hago propaganda! Ahora, sobre lo otro no sé, yo no manejo los pizarrones de las comisarías”, ironiza.

Fernández… y Asociados

Otro estudio señalado es Fernández y Asociados, dirigido por las abogadas Daniela Fernández y Valeria Boné. Montevideo Portal accedió a una decena de nombres de damnificados en siniestros de tránsito que no tuvieron una buena experiencia cuando desde el despacho jurídico los contactaron para ofrecer sus servicios. Dos de ellos hablaron para este informe.

Mauricio Bocca fue chocado el 13 de setiembre de 2022. Él circulaba en moto por avenida Batlle y Ordóñez (él dice Propios, claro) y avenida Italia, al llegar a un radar bajó al límite de velocidad permitido, y unos metros más adelante llegó al cruce con Azara. “Ahí miro para el costado y tenía el auto al lado, literal. Cuando veo que me va a chocar de costado, toco el freno, lo trato de esquivar, me tranca la rueda, y volé a la mierda, con moto y todo”, contó en sus palabras.

Apenas pasaron 24 horas del accidente, cuando le escribió una mujer del estudio de Fernández. “Me dijeron que me podían ayudar con el tema del SOA, con el parte policial, con el parte médico y para que yo pudiera cobrar el seguro”, cuenta.

Mauricio no les preguntó cómo se enteraron del accidente, ni cómo dieron con su teléfono particular. “Sinceramente no, porque se hicieron pasar como que eran del mismo Banco de Seguros del Estado”, dijo. O, al menos, es la impresión que recuerda haber tenido: que se encargarían del seguro. “Me pareció raro… Después supe que era yo quien tenía que comunicarme con un abogado y no un abogado llamarme a mí”, dice.

Tras una primera conversación telefónica, Mauricio recibió a dos empleadas del estudio en su domicilio. Tal como explicó un abogado que habló para este informe: sus colegas de conducta cuestionable suelen hacer un primer abordaje a través de allegados. “No vino la abogada principal, vino una compañera de ella. Y me dijeron que me iban a hacer los papeles para tramitarme el parte policial, el parte médico y no sé qué más. Que todos esos papeles llevan tiempo y plata, me dijeron, y ahí te cobran una plata para que yo pudiera cobrar el SOA”, rememora.

Lo curioso es que esa interposita persona ya tenía una foto del parte policial del siniestro en su poder. “Me pasaron fotos del parte policial, y me pasaron cosas que se supone no las podían tener, porque son confidenciales. Después me puse a pensar: ¿cómo van a tener un parte policial, si yo recién [el día previo] había chocado?”. En la misma entrevista con una empleada del estudio, Mauricio desconfió y si bien firmó un documento de acuerdo para la defensa, asegura que “hizo un garabato” a modo de firma, pero no estampó su firma habitual. Desconfiaba.

Ni bien la visitante se fue, decidió buscar otra opción. Recordó la publicidad de Dr. Tránsito en TV y redes, buscó su número y lo llamó. Le contó del siniestro, y le pidió si él podía conseguirle el parte policial. Javier Riffaud le dijo que no podía conseguirlo, dado que no era su abogado. “Ahí me cayó la ficha… ¿Cómo ellas ya tenían el parte policial, y todavía no eran mis abogadas?”.

Ese mismo día, tras cortar la llamada con Riffaud, Mauricio llamó a la representante del estudio de Fernández y le dijo que se había arrepentido, que ya no quería que ellos lo representaran. “Me dijo un millón de cosas, hasta me querían cobrar menos —le habían informado que él debería abonarle un 20% del monto a ganar en un juicio—, siempre tratando de mezclar todo... Pero me puse firme: ‘Me informé y no lo quiero hacer con ustedes, lo quiero hacer con otro abogado’”.

Llegado ese instante de la charla, asegura Mauricio que la abogada lo amenazó con enviarlo al Clearing de Informes, porque ellos “habían firmado un acuerdo”. No habían transcurrido ni dos días de trabajo, pero la empleada del estudio le hizo ver su firma, y tal como le había advertido, quedó registrado como deudor en el Clearing. Mauricio terminó cobrando unos 20.000 pesos por el accidente leve que protagonizó, pero al día de hoy, sigue en el Clearing.

Otro caso: Cecilia Pomi se accidentó junto a su pareja Jonathan el 24 de diciembre de 2023. Iban en motocicleta por Comercio pensando en hacer las compras para la Nochebuena, y al llegar a la intersección con Miguel Ángel fueron embestidos por una camioneta que dobló sin avisar y se los llevó puestos. Ella se estrelló contra el auto y su pareja voló por los aires. Terminaron ambos en el CTI de un hospital.

Al otro día, en Navidad, aún internados, recibieron un mensaje de una de las gestoras del estudio Fernández y Asociados. Se presentó como encargada de gestionarles el seguro del SOA para que consiguieran una indemnización.

—¿Te dijo cómo se enteraron del accidente? ¿Les dijo cómo dio con ustedes?

—No, jamás nos dijo nada, ni cómo tenían nuestros datos, nada. La verdad, nosotros tampoco le preguntamos cómo los habían obtenido. Dijeron que tenían un sistema que cuando había un siniestro les saltaba a ellos.

“Les ‘salta’ porque les avisan, esa es la joda”, dijo el abogado experimentado. “No hay forma de que yo, como abogado, pueda enterarme al otro día, si alguien de adentro del sistema no me avisa”, añadió la fuente reservada.

Todavía aturdidos por el accidente y porque quien los embistió se mandó mudar, Cecilia aceptó la propuesta de representación. Cuando tuvieron el alta, recibieron a las personas de Fernández y Asociados en su casa y firmaron el documento que dejaba en sus manos la defensa. Ahí todo empezó a demorarse. “A mediados de enero nos dice [la gestora]: ‘Les toca la aseguradora Porto’. Pero pasó el tiempo y ya no nos contestaban. Siguió pasando el tiempo y empezaron a desaparecer… Encima, Jonathan entró a la página web del estudio y nos pareció rara… Tenía poca información, las fotos de ellas y poco más”, comentó.

Unas semanas después, la pareja decidió averiguar cómo seguía el trámite y llamó a Porto Seguros. Ahí le dijeron que las abogadas habían presentado los papeles por Jonathan, pero nada por Cecilia. Finalmente, dice Cecilia, en Sucive les recomendaron que cambiaran el patrocinio a otro estudio. Y eso hicieron, en febrero de 2024.

A ellos también los amenazaron con enviarlos al Clearing de Informes si no les abonaban “un 20 o 30%” de lo que ganarían por el famoso SOA, duda Cecilia. “Cuando los dos tuvimos el alta, recién ahí, nos pusimos a pensar: ¿cómo dieron con nosotros? De repente se los dieron en la emergencia móvil que nos atendió, o la Policía… no sé, pero de algún lado lo sacan”.

La reacción de Daniela Fernández ante la llamada de este periodista fue de sorpresa. Algo atribulada por las preguntas incómodas, se limitó a negar todas las acusaciones. Bueno, casi todas.

Antes de conocer los testimonios de los accidentados que fueron abordados por alguien de su estudio, Fernández se apresuró a echarle la culpa a sus colegas. “Calculo que es por pura competencia. Capaz que les he ganado algún cliente, o porque soy mujer, o porque le llego más a la gente porque soy muy empática. ¡Me quieren sacar del medio!”, exclamó.

Fernández admite que su estudio actúa activamente en busca de lesionados en siniestros de tránsito, lo que incluye ir a hospitales o emergencias. “No me parece mal o antiético ir a buscar a un cliente, donde los podemos encontrar: en las salas de emergencias o puertas de hospitales. Otros abogados trabajan poniendo carteles. Yo lo hago de esa manera, quizás porque cobro menos honorarios, porque no gasto en publicidad, entonces les queda más plata a los clientes”, razona. “No lo veo mal, porque siento que voy a buscar lo que necesito para trabajar”.

“Nosotros vamos a la puerta de los hospitales y tratamos de localizar a un familiar. El familiar es el que decide si quiere el servicio o no. No le ponemos un revólver en la cabeza para que se quede con nosotros”, ilustró.

Los abogados ya no pueden deambular libremente por los hospitales, tienen prohibido pasar. Pero años atrás, dice Rafael Silva, algunos abogados o gestores se movían a sus anchas. “Lo tengo denunciado penalmente a ese estudio [Fernández y Asociados]. Manejaban todo el INOT [Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología], era como la ‘dueña’ del INOT, se movía con libertad. Y había una integrante de su estudio que era funcionaria de Migraciones y tenía acceso al sistema de gestión policial. Ahí ponías en el buscador ‘accidentes de tránsito fallecidos’ y te daba todo”, cuenta.

Daniela Fernández recoge el guante y contesta que es “todo mentira”. “¿Sabés de quién habla? De mi cuñada, que trabajó en Migraciones, pero eso fue hace más de 10 años, y era la que firmaba”. Respecto a que su estudio jurídico gozaba de prebendas en el Instituto de Traumatología, Fernández contesta que su colega Silva las denunció en el mismo INOT, y no pasó nada: la investigación no comprobó la irregularidad.

Lo que no puede explicar Fernández es cómo su estudio se entera en tiempo récord de accidentes de tránsito protagonizados por perfectos desconocidos, en una calle cualquiera de Montevideo, en siniestros menores que no llegan a los medios. “Nosotros trabajamos mucho con el boca a boca. Hace más de 10 años que me dedico a esto. Todos me llaman y tengo gente que me recomienda”, dice.

—Sigo sin saber cómo se enteraron del accidente de Mauricio una tarde cualquiera en Comercio y Azara, o cómo se enteraron que una camioneta atropelló a Cecilia y Jonathan… Sus casos no llegaron a los portales o a la tele. Y, al otro día, se estaban comunicando directamente con ellos.

—Yo te puedo contestar: me lo pasó un conocido, me lo habrá pasado un cliente, me habrá llegado por cualquier lado, por el boca a boca, por alguien que me recomendó.

Fernández agrega que nunca nadie de su estudio se presentó como “del BSE”. “A mí me han llamado clientes y me dicen que hay otros abogados que dicen serlo. La pelota va para todos lados”, acusa. También niega rotundamente lo que dijo Mauricio Bocca: que la gestora le había mostrado una foto en el celular de su parte policial. “Es mentira. Recién podemos conseguirlo 48 horas después de tener firmado el consentimiento de la persona lesionada. Jamás en mi vida tuve un parte policial antes de tener la firma de la persona a patrocinar. Jamás de los jamases”, dijo.

Ella vio Carancho, pero insiste en que está lejos de eso. Eso sí, se siente víctima de un ataque “machista” de sus colegas varones, que hasta la han llamado telefónicamente para ofenderla o amenazarla.

Competencia feroz

Las situaciones narradas con llamadas telefónicas o abordajes de gestores o abogados a escasos minutos del accidente, visitas en hospitales al otro día e impertinencias varias no se dan solo en Montevideo. Se repiten al norte del río Negro.

El 1° de setiembre de 2024, Antonella Acosta volvía en moto hacia su casa de su trabajo en la cosecha de limones, en Bella Unión. Iba por la ruta cuando divisó un auto con un chofer que estaba más atento a su celular que a las normas de tránsito. El hombre fue a cruzar la ruta y se la llevó puesta. Antonella se dislocó el brazo izquierdo (la operarán en los próximos días) y se fracturó el fémur de su pierna derecha.

Fue trasladada al hospital de Salto, donde quedó internada. Al otro día, a menos de 24 horas del accidente, recibió en el hospital la visita de tres abogados. Recuerda que una fue una abogada de Montevideo, y otra fue una enviada del estudio Merino Roig de Salto. “Ahí mismo en el hospital, un enfermero me dijo que ellos le habían avisado a un abogado amigo para que nos fuera a visitar”, dice Antonella con candor.

A los tres que llegaron al nosocomio los “corrió” la suegra de Antonella. Les dijo que la joven no estaba en condiciones de firmar ningún papel, que se fueran de inmediato. Según el testimonio de Antonella (29), el enviado de Merino Roig insistió. Averiguó dónde vivía y fue hasta su casa, buscando que cambiara de opinión. Y lo consiguió. Esta vez fue su suegro el que le aconsejó que le convenía firmar el patrocinio, para poder cobrar el seguro. “Estuvieron como un mes, pero no vimos ningún avance, no contestaban los mensajes, y mi madre se asesoró un poco más y cambió de abogado”, dice.

La versión es muy distinta a la que da Francisco Merino Roig, uno de los fundadores del estudio jurídico con sucursal en Montevideo y Salto. Merino, abogado y diputado suplente del Partido Colorado, dice que no hubo tal insistencia, y que cuando la joven, aconsejada por su madre, decidió cambiar de representación legal, ellos lo aceptaron sin inconvenientes. Es más: antes le prestaron una silla de ruedas y un par de muletas, que a la familia reclamante le costó devolver.

Merino dice, sin sonrojarse, que cuando comenzó en esto hace una década, él caminaba y caminaba los hospitales buscando lesionados en siniestros de tránsito para ofrecerles sus servicios. “Si daba con alguien que estaba lastimado porque se había caído de un caballo, seguía, pero si había tenido un accidente, le ofrecía nuestros servicios”, cuenta.

Después, se prohibió la libre circulación de abogados en centros hospitalarios, y dejó de ir, pero, en cambio, fueron reemplazados por gestores que trabajan para ellos. Merino, como antes Daniela Fernández, comparó esta situación con la de “promotores de Secom”, estratégicamente ubicados.

“¿Cómo me entero de los accidentes? Por el boca a boca, porque me conoce todo el mundo, porque me avisan en los hospitales”, confiesa. “De alguno me entero porque tengo gente en el hospital, damos con un familiar y ta… Ahora, si vos me preguntás si me gustaría que me hagan eso si tengo un accidente… y no, me gustaría estar tranquilo. Pero nosotros tenemos un timing”, sostuvo.

Él, que reconoce que tiene enviados o informantes en hospitales, se pregunta cómo se enteran sus colegas, que llegan muchísimo más rápido que él a los lesionados. “Hay abogados, estudios o gestores que llaman y llaman… ¿Cómo consiguieron los teléfonos? A mí me da a sospechar que por algún lado se filtran los datos de las personas”, señaló, perspicaz.

Merino reconoce que alguna vez le afectó que le dijeran “carancho” o lo sometieran al escarnio público, al punto de que consultó a un psicólogo. Pero hoy es un tema superado. “Yo no tengo vergüenza, porque vendo un buen servicio y, por eso, la mayor parte de mi trabajo es gracias al boca a boca”, dice.

—¿Es ético o no es ético ir a las emergencias o los hospitales a buscar lesionados?

—No sé, pero dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada.

“Mirá, la competencia es feroz, es terrible. Entonces, lo que hacemos es ofrecernos y más nada: ‘Te dejo una tarjeta, yo sé que vas a necesitar un abogado [para cobrar el seguro]; cualquier cosa me avisás’. A veces nos llaman y a veces no”, dijo.

En algo coinciden todos: en que su trabajo, muchas veces mal visto, es necesario.

La doctora Daniela Fernández reivindica la labor de los abogados que trabajan con siniestros de tránsito, contradiciendo la mala fama que sufren: apunta que antes que ellos entraran en acción, el porcentaje de accidentados que lograban una indemnización era de un magro 13%, y hoy es de 99%. “Si los abogados no llegamos a las personas, las aseguradoras no les avisan que tienen ese derecho, ese derecho prescribe, y no cobran nada”.

Francisco Merino comparte. “Las aseguradoras están haciendo un chicle con la ley [que creó el SOA], y eso perjudica a los reclamantes. Antes, un reclamante chocaba contra autos estacionados y el seguro era ‘denegado’. O el vehículo era extranjero: ‘denegado’. Entonces, vos tenías de un lado de la balanza a compañías de seguros multinacionales gigantescas con recursos ilimitados, y del otro lado, un pobre tipo que hace changas, que se quebró una pierna y no va a tener con qué darle de comer a sus hijos. Es bastante desigual la balanza”, diagnosticó. Y ahí, entran ellos.

Rafael Silva, quien hoy representa a varias familias del accidente fatal de la empresa Núñez del 1° de marzo en la ruta 8, coincide con sus colegas. “Mirá que hay mucha gente que me agradece, porque si no fuera por nosotros, ellos no tienen ni idea. Hay gente que se queda esperando que los llamen de Fiscalía y a veces la fiscal firma [acuerdos] abreviados con los imputados, y la familia de la víctima ni se entera”, dijo.

A Merino le resulta importante distinguir la realidad criolla de la película argentina. “La película es espectacular. [El personaje de] Darín le rompe la pierna a un amigo para que pueda cobrar el seguro, lo termina matando a su amigo, después él como abogado termina matando a otro” (los spoilers son de él). “Acá en Uruguay estamos lejos… Se me va un cliente con otro, llamo al colega —como me pasó con Riffaud— y que termine el trámite con él. Otros, en cambio, se vienen conmigo. Lo importante es atender los reclamos de la gente”, concluyó, y, en eso, parecen estar todos de acuerdo.