Tras una audiencia de conciliación que tuvo lugar este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por la denuncia de acoso sexual y laboral que hizo la diputada suplente Martina Casás al también representante Gustavo Olmos, la defensa legal de la denunciante, el abogado Juan Raúl Williman, presentó formalmente un reclamo de haberes por despido indirecto y abusivo.

Por su parte, la abogada de Marea Frenteamplista, Marina Morelli, manifestó en rueda prensa que el sector político dejó constancia de su “preocupación por el manejo mediático de la situación” desencadenada a partir de la denuncia.

“Hay una decisión voluntaria, meditada y organizada de poner en conocimiento público una situación que se debió manejar de manera reservada. No puedo yo decirle a Marea Frenteamplista que proceda al pago de dinero, porque no encuentro razones que justifiquen lo que se llama la obligación resarcitoria”, expresó la profesional.

Según Morelli, primero hay que determinar cuáles son los hechos y si se constata que hubo realmente “una situación de acoso sexual”.

“Y en caso de que se constituya una situación de acoso sexual, determinar cuál sería la responsabilidad de Marea Frenteamplista. El reclamo me parece poco serio y contradictorio. Es contradictorio con la realidad. Nos dicen en el reclamo que la parte citante se considera despedida al día 31 de octubre de 2023. Alguien que se considera despedida es quien no hace tareas, no recibe el pago de salario. O alguien que no coordina por ejemplo dividir las vacaciones y tomarse unos días en enero, además de otros en febrero al año siguiente que se consideró despedida. Hay contradicciones que son de hecho”, argumentó Morelli.

En tanto, el abogado Juna Raúl Williman (representante de Casás) citó la ley 18.561 (Ley de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente alumno) y su artículo 11 que establece: “El trabajador víctima de acoso sexual, sin perjuicio de la denuncia administrativa y de la acción penal que pudiese corresponder, tendrá derecho a reclamar al responsable una indemnización por daño moral mínima equivalente a seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del trabajador. El trabajador afectado podrá optar por la indemnización prevista en el inciso precedente o por considerarse indirectamente despedido, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de abusivo y dará derecho a una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del trabajador, la que será acumulable a la indemnización común”.

En esta línea, Williman consideró que hubo una “ruptura del vínculo de forma unilateral por parte de la empresa”, por lo que a Marea Frenteamplista le correspondería hacerse cargo del pago, ya que Casás además de diputada suplente, se desempeñaba como asesora de la banca en el Parlamento.

El reclamo de indemnización por despido abusivo, indirecto, entre otras partidas, presentado por la defensa de Casás es de aproximadamente US$ 25.000 (casi $ 1.000.000).

“Eso está relacionado con la imposibilidad de que ella siga trabajando para el sector, trabajando con la persona que renuncia. La ley establece claramente la responsabilidad por parte del empleador, pero si quien ejerció el abuso fue su jerarca. Si existe una relación de poder, de dirección”, desarrolló Williman.