Los presidentes de Paraguay y Uruguay, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou, reinaguraron este viernes la sede de la embajada del país guaraní en Montevideo. 

Luego de la ceremonia, el mandatario extranjero se refirió en rueda de prensa al caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente investigado por ambos países por sus actividades criminales y sus vínculos con el crimen organizado. 

“Estamos investigando. De hecho, nuestro gobierno fue el que le tumbó a esa estructura criminal, nosotros tuvimos el golpe al crimen organizado más profundo e impactante en la historia de nuestro país. En varios operativos, uno de esos fue este caso, otro caso el operativo A Ultranza, que está vinculado con este caso, donde por primera vez en la historia más de 250 millones de dólares de activos, del crimen organizado, están pasando al servicio de la sociedad paraguaya”, dijo.

Abdo Benítez dijo que se está trabajando en conjunto con Uruguay, así como con Brasil, Estados Unidos y Argentina, por la “necesidad de tener una política de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y para fortalecer nuestros sistemas de inteligencia”, recordando también el caso del avión iraní-venezolano aterrizado en Ezeiza.

Consultado sobre cómo vio que se le haya dado, por parte de las autoridades uruguayas, un pasaporte a Marset con el que pudo salir de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido, el paraguayo dijo: “Forma parte de la corrupción. Antes de este hecho él era un ciudadano común. Hasta que se evidenció todos sus lazos con el crimen organizado. Uno es ciudadano común hasta que la Justicia pueda identificar los lazos con el crimen organizado”.

“De cualquier manera, Paraguay, como cualquier país, no se salva de una burocracia pública que está también permeada por el crimen organizado y por la corrupción; donde, obviamente, hay espacios donde el crimen organizado puede tener este tipo de facilidades a consecuencia de una burocracia pública contaminada por la corrupción y por el crimen organizado”.