Por The New York Times | Oscar Lopez
Cuba Havana (Cuba)
Miles de cubanos salieron a la calle en julio del año pasado para protestar por la miseria económica. Un año después, cientos de ellos están en la cárcel y la crisis económica no ha hecho más que empeorar.
CIUDAD DE MÉXICO — Un año después de que los cubanos salieran a las calles en uno de los mayores movimientos de protesta desde que el gobierno comunista tomó el poder hace seis décadas, cientos de manifestantes permanecen en la cárcel mientras decenas de miles han huido de la represión y la miseria en la isla.
Las condiciones económicas no han hecho más que empeorar desde que la frustración por la peor crisis financiera que ha sufrido el país desde los años 90, junto con las demandas de cambios políticos y sociales, impulsaron las manifestaciones de julio del año pasado.
“La situación empeora día en día”, dijo René de Jesús Gómez Manzano, un disidente cubano de larga data que ha sido encarcelado previamente por el gobierno. “Aquí, el que no se va es porque no puede, no tiene recursos”.
Los grupos de derechos humanos afirman que algunos de los detenidos durante y después de las protestas han sido torturados y que muchos han sido condenados a largas penas de prisión tras juicios injustos.
Un informe de Human Rights Watch publicado el lunes, basado en entrevistas con más de 170 personas, documentaba casos de “detenciones arbitrarias, juicios llenos de abusos” e incluso torturas. El informe también afirma que la incapacidad del gobierno para abordar los problemas subyacentes que desencadenaron las protestas ha creado un éxodo masivo de la isla.
La migración cubana a Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en cuatro décadas: entre enero y mayo, más de 118.000 cubanos fueron detenidos en la frontera sur, frente a los 17.400 del mismo periodo del año pasado. Casi 3000 cubanos han sido interceptados en el mar desde octubre.
“Hoy es el momento más alto de represión en Cuba, por lo menos en lo que va de este siglo”, dijo Juan Pappier, investigador principal para las Américas de Human Rights Watch. “El que no le gustan las reglas que impone el régimen, bueno, tiene dos opciones: la prisión o el exilio”.
Alrededor de la mitad de las 1400 personas detenidas por las fuerzas de seguridad tras las manifestaciones del año pasado seguían tras las rejas el 1 de julio, incluidos varios menores de 18 años, según Cubalex, un grupo local de derechos humanos.
La represión ha tenido un efecto escalofriante en el movimiento de protesta, anulando cualquier esperanza de un cambio social significativo. Sin embargo, la llama encendida en julio del año pasado puede que no se haya extinguido del todo, dijo Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas del Amherst College.
“Las mismas fuerzas que impulsaron la protesta siguen ahí”, dijo Corrales. “Una vez que estas redadas terminan y se vuelve a un poco de negocio como de costumbre, la gente puede volver al mismo estado de ánimo que puede sentir que ya no tienen miedo”.
El gobierno cubano no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas a través de la oficina de medios de comunicación extranjeros. El mes pasado, el fiscal general del país emitió un comunicado en el que detallaba la condena de los manifestantes a los que el gobierno acusó de atentar contra “la estabilidad de nuestro Estado socialista”.
Según la fiscalía, casi 300 personas han sido condenadas a prisión, entre ellas 36 que fueron acusadas de sedición y condenadas a penas de hasta 25 años de cárcel.
Entre los condenados se encuentran dos conocidos artistas cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, que aparecieron en el video de la canción “Patria y Vida’”, que se convirtió en un himno de los manifestantes y ganó un Grammy Latino. En junio, Castillo recibió una condena de nueve años, mientras que Otero Alcántara fue condenado a cinco años de prisión.
El carácter aparentemente arbitrario y punitivo de la represión del gobierno queda ilustrado por lo que Saily Núñez Pérez describió que le ocurrió a su esposo, Maykel Puig Bergolla, trabajador de carreteras.
La pareja salió a la calle el 11 de julio del año pasado para protestar por la espiral de crisis económica que los había dejado sin comida ni medicinas para su hijo, que tiene una discapacidad mental.
“Fue un momento algo histórico donde nos sentimos bien, nos sentimos libre, por decir así, aunque sea una vez en la vida”, dijo Núñez en una entrevista telefónica. “Solo pedíamos cambio, se pedía medicina, se pedía libertad sobre todo”.
Según Núñez, su esposo fue detenido por la policía al día siguiente de las manifestaciones sin orden judicial y fue torturado física y psicológicamente. Durante más de dos semanas, no supo nada de su paradero ni de su estado, hasta el 29 de julio, cuando le permitieron hacer una llamada telefónica.
“Yo quedé sola”, dijo Núñez, señalando que Puig había sido el principal proveedor de la familia. “De momento se me bajan, como dice uno, los ánimos. Pero igual lo veo como un héroe”.
En enero, Puig fue juzgado junto con otras ocho personas por delitos que incluían desorden público e intento de homicidio, que según Núñez son cargos falsos. Sin embargo, fue declarado culpable y finalmente condenado a 14 años de prisión.
“Ni siquiera agredió a nadie”, dijo Núñez. “Es una total injusticia”.
Human Rights Watch descubrió que los detenidos, como Puig, solían estar recluidos en condiciones insalubres y eran sometidos a abusos, incluida la privación del sueño. Los manifestantes fueron juzgados conjuntamente, según el informe, muchos sin representación legal en audiencias en su mayoría cerradas, “con pruebas que consisten en gran medida en las declaraciones de los agentes de seguridad”.
El enfoque punitivo del gobierno ha provocado la condena internacional, incluida la de Estados Unidos y los países europeos.
El sábado, Antony Blinken, el secretario de Estado, dijo en Twitter que Estados Unidos estaba imponiendo sanciones a 28 funcionarios cubanos por “restringir los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos”.
“Pedimos al régimen que libere incondicional e inmediatamente a todos los detenidos injustamente”, dijo.
El gobierno cubano ha acusado a Estados Unidos de instigar el movimiento de protesta.
“El gobierno de Estados Unidos y su Secretario de Estado buscan ahora desacreditar el triunfo popular frente a la agresión imperialista”, escribió Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, en un tuit en el que aparentemente respondía a Blinken. “Sus reiteradas medidas coercitivas son actos violatorios del Derecho” internacional.
Rodríguez, en otro tuit anterior, también culpó a la política de inmigración del gobierno de Estados Unidos de fomentar la migración masiva, así como “el tráfico de personas” que ha causado “las pérdidas de vidas y el sufrimiento de las familias cubanas”.
Para ayudar a aliviar la tensión económica que ha asolado a la isla durante años y que se agravó con la pandemia, el gobierno cubano ha adoptado un puñado de medidas financieras, entre ellas el levantamiento de la prohibición de los negocios privados.
El presidente Miguel Díaz-Canel, durante una reunión con gobernadores provinciales el mes pasado, se comprometió a aliviar las dificultades financieras, y culpó de los problemas económicos de la nación a la recesión mundial causada por la pandemia y la guerra en Ucrania, así como al embargo comercial de Estados Unidos, que lleva décadas.
“Nosotros le podemos asegurar a nuestro pueblo que lo que más hoy nos provoca toda esta situación es el recrudecimiento del bloqueo que sigue permanente”, dijo. “Aquí se está trabajando intensamente para superar todas estas situaciones adversas que estamos viviendo”.
Pero algunos cubanos dicen que los esfuerzos del gobierno han hecho poco para mejorar la situación financiera del país.
Saily González Velazquez, una empresaria cubana que creó el primer espacio de coworking o trabajo compartido para emprendedores en el país, dijo que no participó en las protestas del año pasado porque estaba enferma.
Pero después de ver a tanta gente detenida, se sintió obligada a hablar.
“Yo no pude aguantar a tantas violaciones”, dijo. “Toda la persecución, la cacería de brujas que ellos hicieron”.
En mayo, protestó ella sola en apoyo de Otero Alcántara y Castillo, los dos artistas que estaban siendo juzgados.
El mes pasado, González dijo que fue convocada a una reunión por las fuerzas de seguridad del Estado y le dieron un ultimátum: o abandonaba el país o ella también sería encarcelada. Tres días después, estaba en un vuelo a Miami.
El pueblo cubano “es un pueblo empobrecido, un pueblo triste, un pueblo cuyas aspiraciones fundamentales son emigrar”, dijo Gónzalez. “Porque tienen miedo a luchar contra eso, con toda la represión que ha desatado el gobierno cubano”.