A tres meses del desafuero, Carrera reclama que Fiscalía se pronuncie sobre su caso

El representante legal del exsenador y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera solicitó una audiencia a la Justicia para el próximo 23 de diciembre, por la denuncia que pesa sobre Carrera por un presunto delito de abuso de funciones cuando era jerarca del Ministerio del Interior.

En un comunicado, su abogado, Juan Manuel González Rossi, recordó que el exsenador fue denunciado por el Ministerio del Interior en julio de 2022, por lo que, “desde hace año y medio se encuentra en calidad de imputado y, para la opinión pública está siendo investigado por la justicia penal”.

En este sentido, el pedido de adelantar la audiencia argumenta que mientras el proceso prosiga, existe “un natural perjuicio reputacional y daño emocional” para el implicado.

“A mediados de setiembre, la Fiscalía solicitó tramitar el desafuero de Carrera por su condición de legislador, lo que precipitó su renuncia al cargo de senador de la República. Esto le impidió seguir desempeñándose como senador electo por el pueblo (2020-2025), como también asumir su lugar en el Senado durante la siguiente legislatura (2025-2030)”, añadió González Rossi.

El caso que involucra al exsenador se vincula a cuando se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, cargo que ocupó entre 2010 y 2017.

La investigación de Fiscalía comenzó a indagar la causa, a consecuencia de unos audios que se filtraron, en el que se constató que Víctor Hernández, quien quedó parapléjico en 2012 producto de una bala perdida en el balneario La Paloma, recibió atención irregular durante tres años en el Hospital Policial para su recuperación.

Aunque se presume que la bala habría salido de la casa del subcomisario Marcos Martínez, quien celebraba su cumpleaños junto a otras personas, la Justicia no pudo determinar al responsable del disparo que hirió a Hernández.    

El afectado también recibió tickets de alimentación de aproximadamente $ 20.000 durante dicho período.

Según la defensa de Carrera, “en la investigación ha quedado demostrado que los hechos investigados no constituyen delito, avalado esto por académicos de la máxima jerarquía que han declarado en la causa”.

En este orden, la solicitud que pese a haber transcurrido dos años y medio desde que se comenzó a investigar y “tres meses desde que se pidió el desafuero, la Fiscalía aún no se ha pronunciado si va a accionar penalmente contra Carrera o si dispondrá el archivo de la investigación".

“La investigación abierta y el desafuero solicitado le continúan generando daños irreparables a nuestro defendido. Desde el equipo de la defensa pretendemos que la Fiscalía brinde a la jueza de Garantías las explicaciones que justificarían esta situación que nosotros entendemos injusta y desajustada a derecho”, se comunicó.

El caso está siendo investigado por la fiscal Silvia Porteiro y ocurrió en 2012. 

Según el artículo 162 del Código Penal, el delito de abuso de funciones está previsto para casos no previstos especialmente por la ley.

“El funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”, se define el delito, que ha tenido intentos de ser derogado por su falta de especificidad penal.