En las últimas horas, la Justicia resolvió la formalización de la investigación del caso de una funcionaria que trabajaba en la Unidad 24 del INR, cárcel localizada en las afueras de la ciudad de Mercedes.

Según informara el medio local Agesor, la mujer era investigada por su presunta vinculación a suministro de estupefacientes a reclusos y también el ingreso de celulares a cambio de recibir pagos a cuenta de ello.

Las autoridades pusieron el ojo sobre la funcionaria luego de que en una requisa, ordenada por el director del presidio, se encontraran celulares, medicamentos, cocaína y marihuana. En esa circunstancia, uno de los privados de libertad manifestó que la funcionaria proporcionaba esos elementos a cambio de dinero.

Se obtuvo entonces una orden de allanamiento para la casa de la funcionaria, en cuyo domicilio no se halló rastro de drogas, pero sí numerosos elementos que la relacionaban con los teléfonos entregados a los presos.

Interrogada, la mujer admitió ser responsable del ingreso de los celulares al presidio, algo por lo que cobraba, en promedio, unos 10.000 pesos. En la casa se incautaron 7 teléfonos, 14 cargadores, dinero en efectivo, comprobantes de giros por redes de cobranza y facturas de compra de celulares.

La funcionaria, identificada como C.E.A.G., de 29 años, fue imputada como presunta responsable de "un delito de suministro de estupefacientes especialmente agravado y reiterados delitos de cohecho calificado todos en régimen de reiteración real y en calidad de autora”.

Se dispuso como medida cautelar su ingreso en prisión preventiva por 120 días, plazo en el que se sustanciará el juicio.