El fiscal de Corte, Juan Gómez, se refirió al pedido de la fiscal del caso de Alejandro Astesiano, Gabriela Fossati, para que la causa pase a Delitos Complejos.

En diálogo con Montevideo Portal, Gómez descartó de plano el pedido de Fossati: “Sería una irresponsabilidad”, indicó. Para el jerarca del Ministerio Público, no hay “argumentos cabales” que le den la pauta de que la causa debe ser trasladada a otra fiscalía.

“Si ella hubiera querido eso, lo tendría que haber planteado al principio y no ahora. En ese momento, debería haber dado razones de por qué la causa no estaba dentro de la órbita de Flagrancia”, desarrolló el fiscal de Corte.

Ante la consulta de si había dialogado con la fiscal al respecto, Gómez indicó que se limitó a responder un mensaje de WhatsApp que Fossati le envió en la mañana de este sábado. Prefirió no contar de qué había ido la charla, pero sí aseguró que sus palabras fueron escuetas y no se explayó demasiado.

El fiscal de Corte hizo hincapié en que no hay argumentos como para poder hacer efectivo el cambio. Es más, entiende que sería una forma de exponer a Fossati y quitarle el respaldo para que investigue.

Sin embargo, respaldo y garantías es justamente lo que Fossati entiende que no tiene. “Creo que la importancia de la investigación amerita que sea asignada a un fiscal que tenga respaldo real de la jerarquía”, dijo la fiscal a Montevideo Portal.

Gómez tiene la visión exactamente opuesta. El fiscal de Corte entiende y repite como si fuera un mantra que le han dado el respaldo necesario, dentro de los recursos que tiene la Fiscalía. “Hemos hecho lo que hemos podido… lo que hemos podido”, expresó.

Para el jerarca hay un punto de partida que es clave y que demuestra, según dijo, que sí le han dado apoyo: “Si no creyéramos en ella, no le hubiéramos dado un caso tan importante y tan complejo”.

El traslado

En abril de este año, Fossati tenía la seguridad de que en noviembre —mes que está corriendo— se iría a Delitos Económicos de 1er turno para suplir a su colega Enrique Rodríguez, quien pasará a la nueva Fiscalía de Lavado de Activos desde el año próximo.

En el medio, se concretó la detención de jefe de seguridad del presidente y la fiscal se puso de lleno a investigar una causa vinculada a Torre Ejecutiva, pasaportes falsos para rusos y con inciertas ramificaciones dentro del gobierno. Más allá del avance de esta investigación, Fossati seguía pensando que llegaría noviembre y que ella sería trasladada a Delitos Económicos.

Pero Gómez tiene, en realidad, otros planes. Para el fiscal de Corte no tiene lógica que Fossati deje el caso Astesiano “en la mitad de la investigación” para hacer efectivo el traslado. Otra de las razones es que Rodríguez aún no fue trasladado a Lavado de Activos, por lo que el cargo no está vacante.

“Carece de sentido” el pedido de dejar el caso de parte de Fossati, dijo Gómez, quien agregó que “la idea es que el caso continúe, que el caso acompañe a los fiscales hasta el final, salvo que haya argumentos para que no pase esto”.

Fuentes allegadas a Fossati indicaron a Montevideo Portal que la fiscal nunca pensó en abandonar la causa, una vez que se concretara el traslado. Es más, en Fiscalía saben que si este caso queda dentro de Flagrancia, la resolución puede demorar mucho tiempo porque hay otros temas a resolver. 

En qué está la causa

Lo más reciente que se supo del caso que involucra al exjefe de la custodia presidencial es que el Poder Judicial ratificó el pedido de Fossati para mantener la prisión preventiva de Astesiano hasta marzo del año que viene. El ex custodio de Luis Lacalle Pou fue imputado por tres delitos: suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

La Fiscalía debería presentar antes de marzo la acusación (prueba contra el imputado) en audiencia o llegar a un acuerdo por la condena y la pena con la defensa de Astesiano.

El abogado que defiende al excustodio, Marcos Prieto, ha manifestado públicamente que es una opción acordar con la Fiscalía. De ser así, Astesiano asumiría los tres actos ilícitos y negociaría una condena menor a la que podría enfrentar en un juicio.

Por fuera del excustodio, Fossati también ha investigado a jerarcas del Ministerio del Interior, quienes presuntamente colaboraron con la banda de delincuentes que conseguía partidas de nacimiento apócrifas para obtener pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos.

Una fuente de esa cartera indicó a Montevideo Portal que muchas de las acusaciones que hizo Fossati contra estos jerarcas no las pudo comprobar. En base a eso, el ministerio no ha iniciado un sumario sobre estos funcionarios, pero sí los investiga administrativamente.

También la pelota está en la cancha del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo último que se supo, según informó El País, fue que un excónsul uruguayo en Moscú estaría involucrado en la causa, por lo que se investigan las posibles implicancias.

Otras dos personas que están involucradas y sí habrían trabajado junto a Astesiano son el escribano Álvaro Fernández y el gestor ruso Alexey Silaev.

El excustodio tenía conversaciones con Fernández sobre algunos pasaportes que se tramitaron e incluso el escribano le demostró en más de una ocasión su descontento porque Astesiano no “apuraba” los trámites, de acuerdo a lo que publicó el diario El País.

El Guardián y el alarde

La Diaria informó que Astesiano aseguró que accedió al sistema de espionaje del Ministerio del Interior, El Guardián. En una conversación con un empresario que produce soja y trigo para Argentina, Paraguay y Uruguay, Astesiano le dijo: “Pará que estoy mirando algo con el jefe de Inteligencia. Señor, habilitamos 5.000 carecieras [coincidencias] de El Guardián con los teléfonos. Ninguno arroja ningún vínculo o maniobras y ninguno en 100 días para atrás tiene contacto con personas de Prexpol o los celulares mencionados”.

Sin embargo, horas después Fossati salió a aclarar —a través del Departamento de Comunicación de Fiscalía— que “no hay certeza de que en el caso de los pasaportes se haya utilizado El Guardián”.

“El hecho de que alguien haga alarde de que puede hacer tal cosa no quiere decir que efectivamente lo haya hecho”, agregó en el mensaje.

El Ministerio del Interior fue más contundente e hizo hincapié en que el sistema de espionaje da “plenas garantías de que solo mediante la intervención de un fiscal y de un juez competente se pueden llevar adelante las escuchas telefónicas”. Es “imposible” hacerlo de otra forma, según Interior.

En el comunicado, la cartera agrega que los reportes de las interceptaciones legales “son auditados permanentemente por la Suprema Corte de Justicia”. “Sugerir, mencionar o afirmar que existen intercepciones legales sin orden judicial es totalmente falso”, advierten.