La policía de Artigas investiga junto a sus pares de la Policía Civil de Quaraí, localidad fronteriza con la capital artiguense, amenazas publicadas en redes sociales contra instituciones educativas del departamento norteño.

Según informara el medio local Artigas Noticias, al menos dos centros educativos recibieron “amenazas” a través de redes sociales. Algunos de los contenidos estaban redactados en portugués a otro en español, y se comprobó que en varios de ellos se exhibían armas.

“Desde hace tres días venimos trabajando con nuestros pares de Brasil”, dijo al citado medio el jefe de la policía artiguense, Adolfo Cuello, quien confirmó que en algunas de las publicaciones se apreciaban imágenes de “armas de fuego, armas blancas, y el torso de alguna persona”.

El jerarca detalló que tales amenazas provienen de “perfiles falsos” en redes sociales, y que en ambos países se llevan a cabo investigaciones para determinar su origen.

Cuello detalló que los elementos surgidos hasta el momento no permiten determinar si se trata de advertencias sobre hechos que efectivamente se pretende consumar, o simples bravuconadas.

“No tenemos como hacer saber a la población al momento si estamos ante una amenaza, porque no tenemos elementos para saberlo”, expresó el funcionario, quien reconoció que no se puede descartar la posibilidad.

“Tampoco tenemos los elementos suficientes para asegurar que esto es totalmente ilógico, falso, o que no va a pasar”, matizó.

“Lo que pretendemos es que la población tenga la precaución necesaria” y que esté atenta a cualquier situación anómala en los alrededores de instituciones educativas. Si algo así se produjera, “que se lo haga saber a la policía, que lo vamos a averiguar. Si se diera una denuncia y al final no es, mejor”, concluyó.

Ola de amenazas

Estas presuntas amenazas llegan la frontera en un contexto de repetidas amenazas y ataques contra en instituciones de educación, hecho en los que se registraron heridos y hasta un fallecimiento.

Por esa razón, el gobierno brasileño anunció ayer un endurecimiento de las normas que rigen la actividad de las redes sociales, en el marco de otras medidas adoptadas frente a la ola de amenazas y atentados contra escuelas desatada en las últimas semanas.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, explicó en rueda de prensa que, mediante esa nueva normativa, las empresas de redes sociales deberán ser más estrictas con los contenidos, fiscalizar el grado de “amenaza” y colaborar “inmediatamente” con la Policía en la debida “identificación” de usuarios “peligrosos”, entre otras exigencias.

Admitió que encontró cierta resistencia en los representantes de Twitter, pero aclaró que ya ha sido superada, y subrayó que todo incumplimiento será sancionado con multas o incluso con un “bloqueo” en internet.

“Estamos viendo que hay una situación de emergencia que ha generado ataques o amenazas, así como pánico en el seno de las familias y las comunidades escolares”, y “en ese contexto se ha decidido adoptar medidas prácticas, concretas” y “específicas” para contenidos que supongan amenazas a las escuelas, explicó, según consigna la agencia noticiosa EFE.

En las últimas cuatro semanas, han ocurrido cuatro atentados en escuelas primarias y al menos uno de ellos se cree que fue promovido por alumnos vinculados a grupos de internet en los que se exaltan lo que el Gobierno califica de “masacres escolares”.

El más grave de esos ataques, que han dejado varios heridos, ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el sur del país, donde un hombre de 25 años ingresó armado con un hacha a una guardería y asesinó a cuatro niños e hirió a otros cuatro.

Asimismo, ha sido denunciada una ola de amenazas contra escuelas en casi todas las regiones del país, en todos los casos transmitidas por las redes sociales o servicios de mensajería.

Dino dijo que, frente a esa “emergencia”, ya se ha reunido con representantes de las plataformas de redes sociales en el país para anticiparles las nuevas normativas y destacó que, en todos los casos, le fue ofrecida una “plena colaboración”.

Aclaró, sin embargo, que “no basta que digan que están dispuestas a cumplir con esas normas”, pues estas nuevas medidas se enmarcan en las leyes que rigen la internet en el país y “deberán cumplirse”.

Según Dino, esas “empresas son proveedoras de servicios y son responsables política, social y jurídicamente, pues seleccionan los contenidos” y, por tanto, “tienen influencia en lo que circula en internet”.

Esta misma semana, el Gobierno ya había reforzado la seguridad en torno a las escuelas y ordenado investigar la actuación de grupos “nazis y neonazis” sobre los que se sospecha que están por detrás de los atentados y se articulan a través de las redes sociales.

Dino reconoció que, incluso, existen sospechas de que esos grupos pueden planificar atentados para el próximo 20 de abril, que “es el día del aniversario de [Adolf] Hitler” y de la masacre de la escuela de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999.