A solo dos días de que la oposición interpele al actual ministro del Interior y exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber por el acuerdo firmado por el gobierno de extensión de la terminal del puerto a Katoen Natie, Montevideo Portal conversó con el representante legal de la firma belga Álvaro Diez de Medina para conocer a fondo la postura de la empresa de contenedores.
Consultado sobre la principal acusación de que el acuerdo representa la consagración de un monopolio en la terminal de contenedores (artículo 23 de la Ley de Puertos), Diez de Medina dijo que si se hace una interpretación global, la "ley faculta a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a otorgar concesiones cuando hay una inversión y permisos cuando no la hay".
El artículo 23 de la ley de Puertos sostiene: "La prestación de los servicios referidos en el artículo 21 se realizará en régimen de libre competencia".
Diez de Medina indicó que cuando la ley fue reglamentada en 1992 por un decreto del Poder Ejecutivo "se estableció que las concesiones, los permisos y las autorizaciones se otorgaban sin perjuicio del derecho de terceros".
"El propio artículo del decreto 412/92 dice esas concesiones, permisos y autorizaciones no pueden conducir a atribuirle a nadie la exclusividad en la explotación en los muelles comerciales de la ANP o consagrar un monopolio de hecho", sostuvo.
Agregó en esta línea que en el año 1994 se promulgó otro decreto (183/94) que establece que las operaciones de contenedores "se concentrarán en instalaciones especializadas" y "se prohíbe la operación de contenedores (carga, descarga, mantenimiento) en los muelles estatales salvo por casos de sobrecarga o demanda extraordinaria" en los especializados.
Para el abogado, el problema que hay es que "Montecon que no tiene concesión, permiso ni autorización, en los hechos opera como un monopolio en la utilización de los muelles públicos".
"Esto viola específicamente el decreto del año 1992 porque se creó un monopolio de hecho sobre esos muelles que son del Estado. De hecho, en una licitación en la que intentó participar Katoen Natie para la concesión de permisos, no lo pudo hacer. La ANP siempre derivó el uso de esos muelles públicos a favor de Montecon en violación de todas las normas", dijo el abogado en referencia a lo que generó el conflicto con la anterior con el Estado uruguayo.
Con respecto a la libre competencia en la terminal especializada en contenedores que este gobierno prolongó hasta el año 2081 la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP), Diez de Medina sostuvo que en el puerto de Montevideo hay distintas terminales especializadas.
"Hay de UPM, Granelera, de Buquebus para pasajeros y la de contenedores a favor de TCP. Lo que el legislador procura es que la posición que cada uno de los titulares tiene en cada una de estas terminales especializadas, se ejerza sin perjuicio en el derecho de otros prestadores de servicios. Por ejemplo: camiones, servicios de almacenaje, de refrigeración", sostuvo el abogado.
En esa línea, argumentó que TCP al controlar la terminal especializada de contenedores configuraría un monopolio si controlará otros servicios, como camiones.
"El principio que hay que preservar es el de la libre concurrencia de los demás operadores portuarios. Si un camión pretende trasladar contenedores de una terminal a otra, lo podrá hacer. Lo que Katoen Natie no puede hacer es decir: ‘Ah, no. Como me van a venir a buscar el contenedor a mí, el camión tiene que ser mío. Eso no lo permite la ley porque hay que garantizar la libre concurrencia de los demás operadores de los servicios", expresó el profesional, que recordó además que TCP es una asociación público-privada (20% pertenece a ANP).
Finalmente, Diez de Medina dijo que el acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie "es un acuerdo único", en el que las "dos partes convienen en que apliquen las normas que están vigentes".
"No hay que modificar ninguna ley, ningún decreto. Es respetar el orden vigente desde el año 1992. Y sobre la base de eso, es que se da la base de una terminal especializada, respeto a la libre concurrencia a los proveedores de servicios a esa terminal y a todas las demás. Por si fuera poco, el acuerdo prevé que cuando se alcancé determinado porcentaje (85%) de las operaciones proyectadas en la terminal ampliada, el Poder Ejecutivo tiene las manos libres para analizar la convocatoria a una licitación para la construcción de una segunda terminal. Se va a haber alcanzado la escala que permite la buena productividad que puede hacer del puerto de Montevideo un hub y de esta forma no se impone más la exclusividad de Katoen Natie", indicó el abogado de la empresa.
El abogado explicó que la inversión comprometida por la firma belga de US$ 455 millones en infraestructura y equipos lo que proyecta es multiplicar por tres la capacidad actual.