Diovanet Olivera, jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, aceptó la solicitud de los abogados Ignacio Durán y Eduardo Sasson, representantes legales del empresario imputado por el envío de más de dos toneladas de cocaína a Europa. Tal como informáramos, la carga ilegal fue descubierta en el puerto belga de Amberes, dentro de un contenedor que transportaba budines y otros productos uruguayos.

Según informara el periódico El País, la defensa presentó un escrito en el que se alega que el reo padece diabetes y es trasplantado renal, y que las condiciones de vida de la prisión afectarían los cuidados médicos que requiere.

En el documento, los juristas reconocen que en el penal de Punta Rieles —donde se alojó en primera instancia al acusado— hay un dispensario médico donde su cliente podría hacerse los controles de salud rutinarios. Pese a ello, señalan que dicho “hospitalito lejos está de darle las condiciones mínimas a un trasplantado renal como prescriben los médicos”.

Para los abogados, la estancia en presidio sería una amenaza para la vida de su defendido, y destacan que carece de antecedentes delictivos.

El texto incluye consideraciones de médicos de clínica forense, y concluye que el sujeto “requiere de un lugar con extrema higiene, así como ambiente ventilado y libre de humo de tabaco. Debiendo cumplir con rigurosidad su tratamiento y concurrir a controles médicos sin interrupciones. Por todo lo antes expuesto, no se encuentra actualmente en condiciones de cumplir medidas cautelares impuestas en reclusión”.

La resolución se produce menos de un año después de que saliera a la luz una trama de falsificación de certificados médicos para beneficiar a presidiarios. El caso derivó en escándalo luego de que un peligroso narcotraficante obtuviera por esa vía la prisión domiciliaria. Una vez en su casa, el delincuente rompió su tobillera, se dio a la fuga y permanece en paradero desconocido.