A 5 años del plan de reciclaje en Montevideo, los porqués de un sistema que no funciona

Cuatro plantas de clasificación de residuos funcionan en Montevideo desde 2014: Burgues (Casavalle), Duran (Colón), Géminis (Bella Italia) y La Paloma (Cerro). Reciben el contenido de unos 300 contenedores ubicados en la puerta de supermercados y grandes superficies, de otro medio centenar en vía pública en el Municipio B (los de color naranja, cerrados, destinados a residuos secos menos vidrio) y los de Mi barrio clasifica, un programa que promueve la separación en origen en cooperativas de vivienda y complejos habitacionales. También lo que dejan los contenedores "comebotella" gestionados por la empresa de cartelería JDecaux en el marco del convenio que tiene con la comuna.

A los contenedores de los súper, Puntos de Entrega Voluntarios (PEV) dispuestos por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), los levantan los camiones de la IM, y a los del Municipio B (salvo dos circuitos a cargo de la División Limpieza) los camiones de la empresa CAP, que tiene la concesión del servicio de recolección general en la zona.

El circuito fue creado en el marco del Plan de Gestión de Envases (PGE), iniciativa de la CIU, en convenio con los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social y las intendencias, para cumplir con la Ley de envases. Bajo el concepto de responsabilidad extendida, esta norma obliga a los generadores - fabricantes e importadores- a tener un plan de gestión posconsumo de los envases no retornables que vuelcan al mercado, unas 78.000 toneladas al año, según datos de la Cámara. El objetivo es evitar su inclusión en la corriente de residuos sólidos comunes, o domiciliarios, y fomentar su reutilización o reciclaje.

El Plan, de adhesión voluntaria, desde 2007 se ha extendido con características distintas en seis departamentos: Canelones, Flores, Maldonado, Rivera, Rocha y finalmente en la capital del país. Las empresas, hasta ahora unas 2300, aportan dinero en función del volumen y tipo de material de sus envases, dinero que va a un fideicomiso que financia buena parte de la operativa. Se utilizan además recursos del Mides, que a través de oenegés se ocupa del acompañamiento de los trabajadores (la reglamentación establece que los planes deben priorizar la formalización de clasificadores), y de los gobiernos departamentales, responsables de la recolección de los residuos domiciliarios. En las plantas de Montevideo trabajan 128 exclasificadores informales. Los predios son de la IM, que también paga gastos fijos como agua y luz.

En teoría todos o casi todos los envases son recuperables, pero la realidad es que del volumen que las empresas vierten al mercado en las zonas de influencia del PGE se recupera un 7%. En peso, unas 1841 toneladas por año, menos de la basura que la Usina de disposición final Felipe Cardoso recibe en un día. ¿Fracaso de plan? Al menos los resultados no fueron los esperados, concluyen con matices los actores involucrados.

Sobre cómo mejorar hay distintos puntos de vista, algunas acciones en marcha y un proyecto de ley a estudio parlamentario que genera resistencias en el sector industrial.

Foto: María Inés Hiriart/Focouy

Poco seco

"Separá tus residuos secos de los húmedos", indicaba el instructivo de la intendencia sobre el nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios, que divide los residuos en contenedores de color verde y naranja en el municipio B.

Sin embargo, lo peor llega de los camiones de la CAP y la peor época para trabajar es en verano, explica un grupo de trabajadores de la planta de Casavalle. "Han venido camiones que por favor, el gusano más chico te invita a tomar un whisky", señala uno de ellos. Me cuentan que han recibido electrodomésticos, puertas, un sillón, animales muertos (perros, gatos, chivas, hasta un chancho "de 300 kilos") y el excremento es una fija. Hay veces que los camiones quedan parados en el cantón esperando que se libere espacio para poder descargar y cuando lo hacen está todo podrido.

"En un momento se había acordado no dejar entrar algunas cargas que una o dos veces por semana ya se sabía que llegaban en muy mal estado, en los últimos meses se empezaron a tomar de nuevo y estamos trabajando en esas condiciones", señala Carlos Gea, uno de los clasificadores de la planta de La Paloma, que agrega: "Van cinco años y la preclasificación no funciona, lo que era perfectamente previsible. Una cosa así no se instala en una semana, probablemente lleve más de una generación; la Intendencia estimaba que la materia prima iba a llegar con menos de 20% de descarte, la realidad es que con suerte se llega a un 20% de recuperación".

La idea es que en los contenedores para reciclables se depositen envases y embalajes de plástico, cartón, metal, vidrio (solo en los de los supermercados), que estén limpios y secos. Y se admiten otros objetos de estos materiales siempre que no sean voluminosos y en las mismas condiciones. Gea me explica que uno de los problemas del sistema de levante de los contenedores de CAP es que comprimen la basura y en ese proceso la mezclan, por tanto un par de bolsas con materia orgánica bastan para contaminar todo el lote. "Más allá de que algún material se recupera las condiciones son paupérrimas, pero además toda esta situación va haciendo que uno se cuestione si vale la pena. Van cinco años y lo que más hacemos es pasear basura por arriba de la cinta y descartarla en la volqueta; uno se pone a pensar en la cantidad de plata que se gastó, un platal tirado en que la basura se pasee y vaya a dar a disposición final, porque además sabemos que si se organizara bien habría otros resultados", dice.

Lograr que mejoren los camiones "es la lucha más grande" que llevan a cabo, me dice uno de los clasificadores de Casavalle. Junto a sus compañeros cree que lo que llega viene directamente de los contenedores verdes. "Espere que llegue un camión blanco, y vea lo que deja", me desafía. "Hemos mandado fotos", agrega uno de sus compañeros, "no dan bola porque somos clasificadores, desde chiquitos andamos en la calle, somos pichis para ellos".

Foto: María Inés Hiriart/Focouy

Más que educación ambiental

La CIU identifica la escasa adhesión de la población como uno de los mayores cuellos de botella del PGE. Es lo que a golpe de vista se puede concluir a partir de los resultados del trabajo en las plantas y del relato de los trabajadores. Y a nivel de gobierno local coinciden. El intendente Christian Di Candia ha señalado a la transformación cultural como un gran debe de la gestión a pesar de que se ha invertido muchísimo dinero en campañas de comunicación.

"El problema es que hay muchas campañas y acciones, pero no de manera sistemática y permanente. Se necesita una gran política ambiental que penetre en lo micro", opina Carlos Varela, alcalde del Municipio B. A su entender el convenio con la CAP debería extenderse, y "el sistema no da resultado porque la gente no clasifica. El debe es lograr que la gente separe y coloque". Desde el Equipo Técnico de Educación Ambiental (Etea) de la IM reconocen que falta una política sostenida, aunque diferencian comunicación de impacto de educación ambiental y advierten que esta última implica procesos más lentos. En un informe reciente de Carlos Tapia para el suplemento Qué Pasa (El País), Fernando Puntigliano, director de desarrollo ambiental de la intendencia, reconocía que los contenedores naranja fracasaron en este plan.

Para Jorge Solari, fundador del Centro Uruguay Independiente, organización dedicada a la educación y capacitación en temas ambientales desde 1984, lograr la separación en origen es clave, no obstante apunta a un circuito mal diseñado para explicar el fracaso del sistema actual. "En una ciudad vandalizada" el contenedor naranja en vía pública es un gasto, plantea, y agrega: "Los circuitos tienen que ser limpios, junto donde hay alguien responsable o un sistema o una máquina o lo que sea que te asegure que lo que se junta se junta en condiciones". Un punto de partida son las instituciones, desde donde se puede ejercer un mayor control, y el Estado como gran generador con capacidad para competir en el negocio del reciclaje, que está en la escala, subraya.

El Departamento de Desarrollo Ambiental está haciendo un análisis integral de la gestión, asegura Carlos Mikolic, responsable del Etea, "y se camina hacia la construcción de una planta de clasificación semiautomática y ecocentros para la entrega voluntaria en cada municipio". La nueva planta, una de las obras del Fondo Capital, cuya construcción comenzará a mediados de 2020 frente a la Usina Felipe Cardoso, tiene capacidad para procesar 10 toneladas de residuos por hora. "Es un desafío importante", afirma Mikolic y señala que se apunta a un cambio significativo de los circuitos.

Recalculando

En el corto plazo, se negocia con la CAP una revisión de los circuitos de levante a fin de no mezclar en un mismo camión los buenos con los malos, que "en líneas generales están identificados". Pero también se analiza la posibilidad de aplicar soluciones diferenciadas. "Montevideo es una ciudad que ha homogeneizado la recolección con el contenedor verde, pero hay zonas que por sus características se prestan a otro tipo de solución, por ejemplo los barrios jardines", indica. El plan de gestión de residuos de Canelones implementa ya este sistema, reservando los contenedores públicos para zonas céntricas y turísticas, y extendiendo progresivamente un sistema de contenedores domiciliarios.

Un sistema de premios o sanciones es otra de las estrategias señaladas por la CIU para lograr que la gente separe más y mejor. Basta mirar el impacto del cobro de bolsas plásticas en comercios a pocos días de su implementación para estimar cuál podría ser la efectividad de una medida que mal o bien afecte el bolsillo de la gente. Y en esto también hay coincidencias en el gobierno de Montevideo. Al menos apertura a pensar mecanismos de incentivo entre las estrategias para valorizar un material con bajo valor de mercado, cuyos precios se fijan internacionalmente y van a la baja, y que en un sistema que apunte a su recuperación y reciclaje los mayores costos no están en procesar sino en juntar. Hablamos de residuos posconsumo diseminados a lo largo y ancho del territorio. Como ejemplo y salvando las distancias, el 53% de los costos del sistema en Canadá, donde los productores están obligados a financiar la mitad del servicio de reciclaje, son de recolección.

Una pregunta se impone y es quién o quiénes deben asumir los costos. Sin negar que la basura en última instancia es de responsabilidad individual, hay un sistema de producción que se alimenta del "úselo y tírelo" y ofrece bienes y objetos de cada vez más corta vida.

Para el Poder Ejecutivo la extensión en territorio del Plan General de Envases es insuficiente y los resultados de recuperación escasos. De los "residuos especiales", es decir los que derivan del consumo masivo, la fracción de envases y embalajes es la que presenta mayores problemas. Se apunta al modelo de gestión que deriva de la ley de envases, "altamente deficiente en la toma de decisiones, en particular aquellas vinculadas con el financiamiento", sostiene el proyecto de ley de gestión integral de residuos, a estudio desde junio pasado en el Parlamento. Este propone derogar la ley de envases y un cambio de modelo basado en un tributo, en sustitución de la tasa que hoy pagan las empresas para sostener, en parte, el circuito de recuperación de los envases. Si se produce este cambio, la CIU estima una carga fiscal 100 veces mayor que la actual, que provocará suba de precios y pérdida de competitividad. Hoy el presupuesto anual del PGE es en promedio de 4 millones de dólares. Esto significa unos 1.740 dólares promedio al año por empresa adherida.

Juntar para qué

A valores de 2018 el kilo de PET (Tereftalato de polietileno, el plástico usado comúnmente en envases) se paga 7 u 8 pesos, el papel entre 0,8 y 4,8, el cartón 1,5 y la chatarra (lata) menos de dos pesos, igual que el vidrio. A juzgar por estos precios juntar reciclables parece más un tema de responsabilidad que de rentabilidad. Sin embargo hay una industria del reciclaje que en su globalidad trabaja a un tercio de la capacidad instalada y necesita materiales y mercados para poder desarrollarse, señalaba en abril de este año el director ejecutivo de Compromiso empresarial para el reciclaje, Federico Baraibar, en el Parlamento. En el caso de PET queda una planta que procesa el 8 o 10% de lo que se vuelca al mercado; un 25% se va por frontera seca hacia Brasil en busca de mejores precios, sin tributar. "También hay plantas de recuperación de polietileno" con capacidad para procesar entre 50 y 100 toneladas al mes, apuntaba el empresario. "Y tenemos tecnología de transformación de múltiples plásticos, inclusive multilaminados, film, productos de muy baja reciclabilidad, que pueden conformar una madera plástica como complemento viable para la construcción y para hacer otras cosas de diseño, pero no tienen colocación", agregaba.

En las plantas de clasificación de Montevideo, de la gama de plásticos además de PET se junta polietileno (pomos y bolsas) y poliestireno expandido (bandejas de comida). El resto, por ejemplo el PVC y polipropileno, va a disposición final aunque lo que se vuelca al mercado es bastante menor y por tanto también llega a las plantas en menor cantidad. En el caso del vidrio, desde que Envidrio dejó de comprar la capacidad de acopio está colmada por lo que todo lo que llega se descarta. Según confirmaron desde la Intendencia se están cerrando negociaciones con la cooperativa de extrabajadores de Cristalerías para retomar la compra.

Según la CIU el sistema de gestión no favorece la recuperación de materiales sin valor de venta y es un error. Entiende que hay que clasificar todos, incluso aquellos que hoy se descartan porque no tienen mercado. Mikolic acuerda con este punto: "Si nosotros tenemos procesos de separación nos permite poder encontrar posibles compradores. Hay que clasificar lo máximo posible aunque no haya mercado o el valor sea bajo, es la única manera que a partir de ahí se generen nichos de oportunidad".

Por Leticia Pérez