La Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía General de la Nación tiene como objetivo atender y proteger a las víctimas y testigos en el marco del proceso penal, reconociendo una serie de derechos que el nuevo Código Penal les adjudica. Entre esos derechos se incluye el derecho a ser oídos, a poder reunirse con el equipo fiscal que investiga, así como a tener atención y contención en los primeros momentos.
Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, dijo a Montevideo Portal que “desde 2017, con el Nuevo Código de Proceso Penal la Fiscalía tiene la competencia de investigar los delitos y de atender y proteger a las víctimas”. “Para eso se creó la Unidad, que está compuesta por 27 técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, en todo el país. Algunas sedes tienen médico presencial, otras no y se tienen que trasladar cuando hay un caso urgente”, agregó.
Solari señaló que “para todos los delitos de violencia sexual (abuso sexual, violación y explotación y trata) se crearon desde el año pasado algunas líneas de trabajo más específicas. Hay un protocolo para los técnicos al trabajar estos casos, porque entendemos que son de las víctimas de delitos que requieren de mayor apoyo y contención para sostener el proceso de justicia”.
“Cuando se genera un delito sexual, sea un hecho reciente o un hecho que se dio hace mucho tiempo pero la víctima recién puede contarlo y quiere hacer la denuncia, en general son hechos que general una situación de parálisis o de anestesia o de shock. Eso implica que la persona se sienta en un estado de confusión, son delitos que, a diferencia de otros delitos la sociedad y el entorno carga la culpa en la víctima, por su conducta, por su trayectoria, por lo que hizo o no hizo. Esto implica un proceso en el que la víctima pueda desculpabilizarse y sentirse segura y protegida para dar su relato de lo que sucedió”, añadió.
Solari sostuvo que en la Unidad trabajan en “la atención en crisis”, luego detectar “quiénes son en su entorno inmediato los apoyos que puede tener la víctima, pueden ser amigos, familiares, y a veces hay pocas personas en el entorno que las apoyen. A veces eligen contarle a una amiga y no al entorno familiar, ahí depende de la edad, de las condiciones y vulnerabilidades previas que tenga la víctima”. “Hay víctimas que van a requerir que se las acompañe a hacer la pericia y otras que no, porque tienen un entorno que puede acompañar este proceso”, acotó.
En ese sentido, el objetivo de la Unidad es “garantizar que se litigue todo lo que tiene que ver con la revictimización, que muchas veces se produce en las instituciones cuando reciben a las víctimas”. “Otro factor por el cuál se vulnera a las víctimas es que están hablando de un delito que ocurrió en su cuerpo, y eso genera vergüenza porque están hablando de su intimidad con personas desconocidas, con algo que va a quedar escrito y van a conocer otros. La contracara a que haya condenas es que las víctimas se sienten expuestas y bajo 3 millones de personas que sin conocer los hechos, la vida de la víctima y el agresor, opinan sobre eso. Muchas veces eso genera retracción en las víctimas y es muy importante hacer un acompañamiento en todo este proceso”, aseguró.
Solari explicó que la Fiscalía “con los pocos recursos que tiene ha priorizado, de la manera que puede” atender estas situaciones, ya que se ha pasado “de dos Fiscalías Sexuales y Violencia Doméstica a ocho en Montevideo”. “Si queremos fortalecer una política de protección y atención a víctimas de delitos sexuales, y de celeridad en los procesos de investigación y condena de esos delitos, se requiere fortalecer los recursos de los equipos fiscales y de los técnicos que se requieren para este trabajo”, comentó.
En ese sentido, de 2017 a la fecha la Unidad atendió “unas 16.000 víctimas de todos los delitos, de las cuáles un 60% son víctimas de delitos sexuales y de violencia doméstica”. “Ese es un universo que no es la totalidad de las denuncias que están en investigación en Fiscalía”, concluyó Solari.