Según el diario digital 14ymedio, más de 30 personas fueron detenidas en todo el país y otras 30, sobre todo periodistas, quedaron recluidas en sus casas por la vigilancia policial frente a ellas.
"Estoy en arresto domiciliario. Varios agentes (...) están apostados en los bajos de mi casa para impedirme ir a cubrir la marcha de protesta por la muerte de Hansel Hernández", dijo en Twitter el periodista cubano Abraham Jiménez.
El diario español 'ABC' informó asimismo de que su corresponsal en La Habana, el periodista cubano Jorge Enrique Rodríguez, fue detenido el domingo. Su hermano ha indicado a 'ABC' en una conversación telefónica que sospechan que podría haber sido arrestado por "promover un evento (de protesta) por la muerte de un joven", Hansel Hernández.
De acuerdo con 14ymedio, algunos detenidos fueron liberados horas después, incluido Ferrer. El jefe de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es uno de los rostros más conocidos de la oposición cubana, lo que le ha valido el reconocimiento de la UE y Estados Unidos. Ha sido arrestado varias veces, la última el pasado mes de octubre por, supuestamente, secuestrar y golpear a un hombre, pero quedó libre en abril.
"Fuimos detenidos violentamente mi hijo José D. Ferrer y yo. A mi hijo le pasaron con la llanta de un auto por encima de su pie, lo lesionaron y luego lo torturaron en un carro jaula durante siete horas a muy alta temperatura", ha contado el propio Ferrer en Twitter una vez liberado. "¡Abajo la dictadura!", ha remachado.
"Doble moral"
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado "la detención, el hostigamiento, el despliegue de efectivos y la restricción del acceso a Internet contra periodistas y activistas como parte de un operativo represivo para impedir manifestaciones pacíficas contra la violencia policial y el racismo" en Cuba.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, ha expresado su "más profunda condena por la represión contra periodistas que intentan informar sobre un tema de interés nacional y mundial en condiciones de extrema inseguridad y contra miembros de la sociedad civil que buscan ejercer su derecho fundamental a la protesta y la libertad de expresión".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, ha criticado "la doble moral del Estado cubano, que pretende acallar en su suelo situaciones similares que condena de manera intensa cuando suceden en otros países".
Protestas raciales
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), así como otras plataformas opositoras y Ferrer, han coincidido en señalar como detonante de las redadas policiales las protestas que estaban previstas para el 30 de junio en La Habana y otras ciudades por la muerte de Hernández.
El caso de Hernández, que murió el pasado 24 de junio al ser abatido a tiros por la Policía, ha tenido una gran repercusión en Cuba en el contexto de la reactivación de las protestas raciales en Estados Unidos por la muerte del afroamericano Geroge Floyd a manos de un agente blanco.
Según la versión del Ministerio de Interior cubano, Hernández fue sorprendido por dos agentes cuando estaba robando unas piezas en un aparcamiento de autobuses del municipio de Gunabacoa. El joven, de 27 años, se dio a la fuga y lanzó piedras a los policías, uno de los cuales "debido al peligro para su vida por la magnitud de la agresión" le disparó provocando su muerte. El Gobierno ha enfatizado que tenía antecedentes por amenazas, "abusos lascivos" y robo con violencia y estaba en libertad condicional.
Con información de Europa Press