Contenido creado por Martín Otheguy
Internacionales

Podemos arreglar de alguna manera

22% de los uruguayos asegura haber pagado sobornos en servicios públicos en el último año

Las cifras de Uruguay están entre las más bajas del continente. Además, nuestro país tiene la percepción más baja de corrupción de la Policía y los representantes políticos.

09.10.2017 08:26

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2017-10-09T08:26:00-03:00
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Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.

El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe" destaca además, tras entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

"La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel", resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio (un año), con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).

En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %), Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %) y Costa Rica (24 %).

El caso de Uruguay

En Uruguay, sólo un 19 % de la población considera que los policías son corruptos, en contraste con el 73 % que lo considera así en Venezuela, o países como Bolivia, México o Paraguay, en los que el porcentaje oscila entre 61 y 64 %.

Lo mismo sucede con los políticos. Mientras en países como Paraguay un 69 % de los ciudadanos cree que los representantes de la ciudadanía son corruptos (lo mismo que un 64 % de los chilenos y un 62 % de los peruanos), nuestro país está en el otro extremo, con sólo un 20 %.

Según este sondeo, los ciudadanos de Uruguay, Ecuador y Guatemala son los más positivos de los 20 países. Muchos de sus ciudadanos se muestran dispuestos a involucrarse en esfuerzos anti-corrupción, pero el reporte recuerda que aún así es alto el porcentaje que usa la coima en forma regular en los servicios públicos.

Sobre la encuesta

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la "experiencia personal" de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe así.

De entre los encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.

No obstante, mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados cree que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.

A nivel general, los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como "todos o casi todos corruptos" por el 47 % de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes religiosos (25 %).

Montevideo Portal y EFE