“Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo”, respondió Sartori a investigación de Jutep

El senador Juan Sartori emitió un comunicado de prensa sobre la investigación iniciada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) a raíz de que el legislador se niega a presentar la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos de su esposa, Ekaterina Rybolovlev, hija del magnate ruso Dmitry Ryboloyev, propietario del AS Mónaco.

“La declaración jurada se presentó e incluso se presentó una ampliación tal como se pidió, que en mi caso es mucho más compleja y larga que la de muchos otros legisladores, que se hizo con los mejores asesores del país y de manera satisfactoria. Yo he declarado todo lo que tengo que declarar y la Jutep está conforme con eso", sostuvo el senador, a pesar de que la Jutep considera que la omisión del senador es “falta grave”, como informó Montevideo Portal al difundir este martes la respuesta a un pedido de informes realizado por senadores del Frente Amplio.

Por otro lado, expresó que “el aspecto de la norma referido a la declaración jurada de los cónyugues y concubinos, tras haberse asesorado con los principales abogados administrativos del país, concluyeron que ‘presenta una cantidad de problemas jurídicos’, que van desde un tema de género a un problema de inconstitucionalidad”.

"Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad", aseguró Sartori, y agregó que el hecho de que su mujer presente o no la declaración "escapa a su voluntad".

El legislador nacionalista reiteró que "tiene la tranquilidad de que ha presentado todo" y que ha cumplido con lo que se le pidió. "Estamos trabajando con nuestros asesores, junto a los mejores abogados constitucionalistas y administrativistas del país, para que analicen los problemas que tiene esta norma", dijo.

Crítica al FA

La Jutep informó a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón; al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira; y a los tres senadores que presentaron el pedido de informes (Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker) que inició una investigación por la omisión, dio los argumentos del legislador y los rebatió.

Al respecto del pedido de informes, Sartori aseguró que la oposición está "usando el tema con fines absolutamente políticos".

"No hay ninguna duda que esto no tiene sustento, ni base jurídica. Es una discusión que pueden tener los diferentes técnicos sobre cómo hacer cumplir la norma y cuáles son las consecuencias de un incumplimiento que es imposible de efectuar. Todo el resto es un circo político en el cual no me voy a meter", concluyó el senador.

Las razones de la Jutep

Sartori presentó a comienzos del 2020 una declaración jurada en la que informó un patrimonio próximo a US$ 90 millones. Y al año siguiente, el 19 de noviembre de 2021, presentó una nota ante la Jutep en la que fundamenta por qué no presentó la Declaración Jurada de su esposa, ante el reclamo de la Junta de que “existiendo sociedad legal de bienes con su cónyuge deberá declarar los activos, pasivos e ingresos del mismo/a”.

“No existe sociedad legal de bienes y, por lo tanto, el dato de la cónyuge no corresponde sean incluidos en la declaración jurada”, expresa el senador en la nota.

La Jutep responde que “no se comparte la posición del senador respecto a la interpretación de la norma”.

“La nueva redacción” de la citada ley exige a ciertos sujetos obligados presentar como Declaración Jurada “una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad o de la sociedad concubinaria de bienes que integre”.

La Jutep subraya en el documento al que accedió Montevideo Portal que la ley “establece los muebles propios del declarante y de su cónyuge o concubino y de la sociedad legal si existe la misma” y aclara que “si hay separación legal de bienes la situación no cambia y además se debe agregar la escritura o mandato judicial que decretó la separación”.