“Vivió un infierno”: a cinco años de su muerte piden reabrir la causa de Isabel Maoirana

El 14 de noviembre de 2019, Isabel Maiorana murió de forma violenta en su casa del barrio Colón, crimen que nunca se aclaró y que en la actualidad se encuentra archivado por falta de pruebas.

Maiorana tenía entonces 79 años y había sido durante años funcionaria de la Universidad de la República. En concreto, trabajaba en el Hospital de Clínicas, donde se jubiló capataz de ascensores.

Desde hace cinco años, y ante la falta de resolución judicial, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) llevan adelante reclamos en procura de que la causa se siga investigando, ya que de momento se encuentra archivada.

Este jueves, AFFUR emitió un comunicado en el que hace un racconto de lo sucedió en los últimos cinco años y exige, una vez más, Justicia.

“Hace cinco años, un 14 de noviembre del año 2019, matan brutalmente a Isabel Maiorana en su casa de barrio Colón, en la casa donde vivió toda su vida, donde crio a sus dos hijos varones, y donde a sus 77 años, a las 2 de la madrugada fue asesinada”, reza el envío.

Sabemos que su muerte no fue una muerte más, sabemos que no fue un robo, porque no había nada para robar, por la forma. Sabemos que fue una muerte violenta, con ensañamiento y con odio. Sabemos que fue un feminicidio, con la particularidad de no estar en manos de una pareja o expareja.”, añade la misiva.

Según el sindicato, “Isabel encontró la muerte en las manos de un familiar más cercano aún, y esa fue la línea de investigación que tomó la fiscalía a partir del 2021”, detalla.

En los dos años transcurrido hasta ese momento, “el caso estuvo en una situación de vacío investigativo, producto de errores de procedimiento en cuanto a recolección de pruebas que derivaron en la posterior inacción de la justicia, que no dio las garantías a quienes podían ser testigos en algunos casos, pudiendo quedar expuestos y en peligro ante el o los homicidas”, denuncia AFFUR.

“Isabel fue una funcionaria de la Universidad de la República, específicamente del Hospital de Clínicas hasta su jubilación y miembro y participante de su sindicato UTHC. También perteneció al zonal 13 donde fue concejal e hizo trabajo social en su barrio toda la vida, donde era conocida y querida”, añade el texto, que define a la víctima como “una abuela de 77 años que los últimos años de su vida vivió un infierno” extremo este último del que “sí hay pruebas” y sobre lo que “dan cuenta excompañeros y vecinos”, quienes estarían al tanto de una situación de “hostigamiento y violencia a nivel familiar” que sufrió Maiorana en sus últimos tiempos.

El comunicado también menciona como evidencia “el procedimiento de desalojo que estaba haciendo hacía dos años y las múltiples denuncias que realizó en la comisaría 21 por las situaciones que vivía”.

De hecho, un día antes de su asesinato Maoiorana había hecho una nueva denuncia en la Seccional 21. Dicha denuncia era contra un familiar cercano, a quien AFFUR u UTHC señalan como responsable. Anteriormente la mujer también había hecho denuncias en el Mides y en la Comisaría de la Mujer.

En el año 2021, sindicatos, vecinos y el hijo de la victima radican una nueva denuncia y logran entrevistarse con el entonces Fiscal de Corte, Juan Gómez. En ese momento “el caso se reactiva y se toman declaraciones que hasta ese momento no se habían realizado”.

Por desgracia, esas acciones llegaron tarde y no condujeron al esclarecimiento del caso.

Se hacen tres años después del hecho y habiendo existido negligencia en la actuación policial ya que no se investiga en primera instancia a quien ella había denunciado muchas veces e incluso el día anterior a su muerte como su agresor”, critica el comunicado. “Isabel denunció que la iban a matar. Sin embargo, la misma policía de la comisaría zona 4 ubicada en el [Estadio]  Tróccoli, que recibió estas denuncias, tomó como testigo a quien ella venía denunciando, limitando la investigación y el acceso a las pruebas”, refiere el texto, que hace además un señalamiento hacia dicha sede policial.

“Para esa comisaría no era un momento cualquiera, ya que se estaban realizando investigaciones por corrupción interna de muchos de sus funcionarios, situación que fue pública y difundida por los medios”, recuerda.

“Durante todo ese tiempo de una inoperancia que provoca impunidad, hubo miedo tanto en los vecinos como en el entorno, quienes se cruzaban en el almacén o en la feria con quien ellos sabían que Isabel denunciaba y a quien le tenía miedo”, narra el envío.

Por ello, las entidades firmantes entienden que no es raro que “aquellos que podían tener información y no fueron citados a declarar, no lo hicieran de forma voluntaria” o que  “quienes sí habían sido citados a declarar, en algunos casos no se presentaron o cambiaron su testimonio de forma imprevista”.

Finalmente, luego de las acciones llevadas a cabo en 2021, la causa “se archiva por falta de pruebas”.