“Una prueba de madurez”: el reto que señala el Consejo Fiscal Asesor ante el año electoral

El Consejo Fiscal Asesor (CFA) presentó este jueves su informe semestral sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural (RFE) al cierre del año 2023.

Los consejeros Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós, secundados por el secretario ejecutivo Ignacio Umpiérrez, consideraron que el cálculo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas “se ajustó a la metodología vigente”.

El CFA, además, “valoró positivamente el cumplimiento de la regla fiscal por cuarto año consecutivo en sus tres pilares”. Según detalló el informe, esto implicó la meta indicativa de RFE del GC-BPS (-2,7% del PIB), el incremento del gasto real del GC-BPS (el cual experimentó una caída de 0,4%) por debajo del tope asociado al aumento del PIB potencial (2,1% vigente hasta 2023), y el tope de endeudamiento en dólares (US$ 2.424 millones). En este caso, señaló el organismo, fue “utilizando el 34% del endeudamiento neto permitido por la cláusula de salvaguarda aplicada en ocasión de la emergencia hídrica”.

De todos modos, los expertos realizaron algunas advertencias y visualizaron posibles riesgos en el corto y mediano plazo.

Por un lado, señalaron que 2024 “será la primera vez que el país ingrese en un ciclo electoral con un marco fiscal que incluye una regla con tres pilares y comités externos”.

“De cara al 2024, la regla y el manejo fiscal enfrentarán una prueba de madurez adicional, dado los incentivos a un manejo discrecional de las finanzas públicas asociado al ciclo electoral con incrementos del déficit fiscal entre 0,5 y 1,0 p.p. del PIB en promedio, tal como la evidencia histórica recoge para Uruguay”, apuntó el CFE.

Los expertos también alertaron por el cambio de la meta del Resultado Fiscal Estructural desde -2,6% del PIB a -2,9% del PIB.

Capurro dijo este jueves en una videoconferencia con periodistas que las metas deberían ser “más estables” y sugirió una rendición de cuentas sobre los eventuales cambios. En tanto, planteó que debería haber una mejora metodológica al respecto.

En su informe, el CFA considera que, más allá de la pertinencia de los argumentos utilizados por parte del MEF para fundamentar el cambio en la meta, la modificación “puede constituir una señal negativa con potenciales daños a la credibilidad de la institucionalidad fiscal”.

En esa línea, el Consejo Fiscal Asesor se expresó también a través de un comunicado.

“Esa modificación no obedece a una expansión del gasto por ciclo electoral, sino que recoge el impacto de la menor recaudación estimada producto de una inflación que se ubicaría en torno a 5%, 1,5 puntos porcentuales menor de lo estimado para las proyecciones fiscales de la última Rendición de Cuentas”, señaló el escrito.

“Respecto al cambio de metas, el CFA entiende que hay una oportunidad de mejora en el marco fiscal vigente para evitar que shocks de este tipo afecten la credibilidad del marco fiscal. Ello porque existe un trade off entre cambiar una meta ex ante y su incumplimiento ex post. El CFA entiende que los costos de cambiar la meta pueden ser mayores a eventuales desvíos transitorios debidamente justificados; aunque incumplimientos sistemáticos de las metas tampoco ayudarían a la credibilidad de la regla fiscal”, agregó.

En tanto, el organismo también señaló en su informe que las metas “deberían operar como anclas de mediano plazo y deberían definirse en base a objetivos de sostenibilidad fiscal”, y remarcó “la importancia de converger hacia un balance fiscal con superávit primario estructural y realizar los esfuerzos para continuar la senda de consolidación necesaria”.

Capurro además alertó en la conferencia sobre las “metas exigentes” para 2024 y posibles riesgos de incumplimiento.

En particular, mencionó que los salarios y las pasividades ponen presión al tope de crecimiento del gasto, “por lo que el resto de las partidas deben manejarse con mucha prudencia en un año electoral”, dijo el economista.