El Ministerio de Salud Pública y el Mides resolvieron en las últimas horas la clausura de un residencial para ancianos en la ciudad de Artigas. El caso también tuvo consecuencias judiciales, ya que su propietaria fue condenada en juicio abreviado por delitos de abandono de personas y malos tratos.

El doctor Marcos Leonardi, director departamental de Salud, explicó en declaraciones al medio local Artigas Noticias los detalles del lamentable caso.

El jerarca dijo que, en el residencial, situado en la calle Paraguay de la capital artiguense, “se constataron múltiples irregularidades, que ya venían de tiempo atrás y que se fueron acentuando”.

En la última inspección, llevada a cabo la semana pasada, “se detectó escasez de alimentos; no había reserva para 48 horas”, como debería ocurrir. Además, se comprobó “baja calidad y cantidad en los alimentos, irregularidades en las historias clínicas, en la medicación, y falta de habilitación de Bomberos. Asimismo, se apreciaron notorias carencias “en el tema de higiene también, había riesgo sanitario”. Ante ese cúmulo de irregularidades, “se solicitó al MSP y al Mides la clausura”.

“No tenían alimentación almacenada, se compraba solo por el día y para el día y de baja calidad. En la inspección que realizamos, las despensas estaban vacías, las heladeras también, había leche en baja cantidad y la duplicaban con agua, algo peligroso para la salud”, dijo Leonardi, quien a modo de ejemplo señaló que en una ocasión se habían comprado tres muslos de pollo para alimentar a todos los residentes, que al momento de la clausura eran 14.

Algunos de los residentes “eran dependientes, y los temas de aseo y de higiene no se hacían como corresponde”, indicó.

También se informó que la dirección técnica del establecimiento estaba a cargo de un médico conocido en la ciudad, quien renunció al día siguiente de la inspección. “Tiene que hacerse cargo”, dijo Leonardi.

El funcionario agregó que cerca de la mitad de los residentes carecía de allegados o de “una contención familiar adecuada”. En otros casos sí había una familia cercana, y varios fueron retirados del lugar por los familiares.

Ahora, “para ser garantistas, cuidar de los abuelos y darles una mejor calidad de vida, se permitió que una empresa nueva se haga cargo. Comenzará la habilitación desde cero como corresponde, y con la vigilancia estricta de MSP y Mides”, dijo.

De acuerdo con el citado medio, la nueva empresa es una cooperativa formada por los empleados del lugar.

En cuanto a la antigua propietaria, se le impuso una pena de dos años de prisión. Los primeros seis meses serán en modalidad de arresto domiciliario y el resto en libertad vigilada.