La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) elaboró un informe en el que cuestiona el proyecto de ley remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento para atender la situación de los deudores en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario (BHU) y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Iniciativa en la que el Poder Ejecutivo propone además que el BHU sea absorbido por el Banco República.

En esta línea, AEBU expresa en el documento que las dos iniciativas impulsadas por el mismo proyecto de ley sería “conveniente” que fueran tratadas por separado, “dado que resultan de gran relevancia y tienen características que dificultan su trato en conjunto”.

“No consideramos necesaria ni conveniente la fusión de ambos bancos, cuyos roles son muy diferentes. Es fundamental entender cuál es la estrategia o la visión que se tiene hacia el futuro respecto del rol que la banca estatal va a cumplir en la política de vivienda. Es relevante destacar que la situación económica y financiera del BHU es sólida y que en su segmento de actividad es el banco con mayor participación del mercado”, apunta el sindicato.

Pese a que el proyecto que ingresó al Parlamento aclara que los funcionarios vinculados al BHU “pasarán a depender del BROU y “continuarán gozando de la calidad de funcionarios de la banca oficial manteniendo “los derechos y beneficios adquiridos”, el sindicato recuerda que “quedan algunos aspectos sin definir respecto al pasaje de los trabajadores de una institución a otra”.

Aunque se comparte la necesidad de buscar una solución para los deudores, AEBU entiende que lo propuesto por el Poder Ejecutivo “implica inequidades grandes incluso a la interna del propio grupo de deudores que se pretende ayudar”.

A su vez, se señala que no se prevé ninguna compensación al BHU, ni existe “una estimación clara del costo económico, su financiamiento y el impacto en las finanzas públicas”.

Por otra parte, AEBU destaca el rol social histórico que ha tenido el BHU como agente de política de vivienda, pero que se “encuentra desde hace años en un segundo plano por decisiones de los distintos gobiernos lo han llevado a centrarse en su rol comercial y en la competencia directa con la banca privada por el mercado de créditos hipotecarios”.

“La fusión de ambos bancos implica profundizar la orientación de mercado del crédito inmobiliario en detrimento de la articulación con la política de vivienda, esto tiene relación con los mecanismos de ejecución de hipotecas, los aspectos regulatorios y diferencias en materia jurídica que existen entre las carteras del BROU y el BHU”, se afirma en el documento, que insiste en la idea de que la institución cumple un rol de inclusión social.

“Siendo la inclusión social un aspecto central para lograr mayores niveles de desarrollo, los bancos oficiales tienen un rol fundamental a cumplir vinculado a la inclusión financiera y la democratización de las herramientas de financiamiento a las que accede la población. Por lo tanto, dentro de ese rol de la banca del Estado en su conjunto, el lugar que ocupa el BHU resulta clave siendo que el acceso a la vivienda resulta uno de los puntos centrales para que se logren mayores niveles de desarrollo e inclusión social. El BHU opera desde su reestructura de 2007 como un banco comercial más, pero orientado únicamente al mercado de créditos. En ese escenario, si bien la banca privada ha ganado terreno de forma importante en los años recientes, el BHU continúa siendo el líder del mercado con una proporción de aproximadamente el 50% de los créditos para vivienda”, se agrega.

Deudores en UR

Sobre la propuesta del MEF, AEBU apunta que la solución planteada por la cartera que abarca a un tercio de la cartera de deudores del BHU “tendrá un impacto significativo en la situación económica y financiera del banco”.

“Entre otras consideraciones que se pueden realizar de la medida planteada, una de ellas es que implica un trato desigual entre los deudores. No ya con los deudores que no están comprendidos en el proyecto, si no dentro del propio grupo al que se le plantea una solución. Al ser una medida ‘al barrer’ esto hace que haya situaciones muy distintas que serán tratadas de igual forma. Un enfoque serio y responsable del sistema político que afecte los contratos debe asegurar la certeza a todas las partes: este proyecto no lo hace, por tratar en forma homogénea realidades diferentes, cometer injusticias dentro de los beneficiados, y al mismo tiempo no tener prevista una financiación”, cuestiona el análisis, que además reclama una contrapartida económica para el BHU en caso de llevarse adelante la cancelación de deudas hipotecarias.

Informe de AEBU sobre BHU y deudores en UR by Montevideo Portal on Scribd