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Sobre mediados de junio de este año, el exdirector del Hospital Maciel —actual director del Clínicas— Álvaro Villar solicitó al directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que dejara “sin efecto” su renuncia, la que había presentado un tiempo antes, a un cargo presupuestado como cirujano de ese hospital.
En la carta, dirigida al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y al director del Maciel, Gerardo Eguren, Villar señaló que “recientemente” tomó conocimiento de un informe de la asesoría letrada de la gerencia de Recursos Humanos que dice que en su caso no rige el “límite temporal” que está estipulado para las licencias sin goce de sueldo, debido a que ocupa un “cargo de gobierno universitario”.
“Manifiesto que deseo mantener mi cargo en ASSE por lo que dejo sin efecto la renuncia presentada oportunamente”, indicó el jerarca.
Este planteo se dio algunas horas después de que se supiera que la investigación administrativa de ASSE había sugerido que se les realizara un sumario a Villar y su equipo de gestión por algunas irregularidades entre 2015 y 2019 en la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Maciel. La investigación fue elevada al directorio el pasado 24 de marzo, aunque el tema no fue tratado pese a que forma parte del orden del día desde hace varias semanas.
Montevideo Portal accedió a mensajes que enviaron algunos jerarcas médicos de diversos hospitales en un grupo de WhatsApp.
“Es evidente que todo obedece a una negociación de Villar en las más altas esferas, dado que tenía que correr sangre por cuestiones políticas del directorio. Para salvarse, Villar eligió lo menos costoso de sus colaboradores y los entregó. Gran malestar con el que otrora se presentara como un líder carismático”, apuntó uno de los participantes.
Otro de los médicos sostuvo que “la dormida de expediente para dar tiempo a que renuncie [...] y la animosidad perseguida lo motivó a que se retracte de su voluntad de renunciar, se lo exime de responsabilidad en la resolución que dispone el procedimiento sumarial”.
Un tercer profesional apuntó que “primó lo político ante lo jurídico”. La misma persona argumentó que la resolución emitida se apartó del “pronunciamiento jurídico efectuado en el marco de la investigación administrativa por los abogados intervinientes”.
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