Noheli Ochoa tenía decidido irse de Perú en diciembre del año pasado. Lo tenía todo planificado: con su pareja habían ahorrado, estaban informados y ya había notificado a la empresa contable donde trabajaba que saldría el último día de enero. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha definitiva en la que emprenderían su viaje hacia Chile, el panorama cambió debido a un endurecimiento de la política migratoria de ese país. Ahí empezó una odisea que la llevó a atravesar varias fronteras indocumentada caminando —a veces bajo la lluvia— y siendo víctima de extorsión por su condición de migrante irregular, hasta que finalmente solicitó refugio en Uruguay en el puente General Artigas, que conecta las ciudades de Paysandú y Colón, Argentina.

Activistas vinculados a personas venezolanas que llegan a Uruguay consideran que la remigración es un fenómeno por el que las personas que ya habían emigrado desde su país deciden hacerlo hacia un tercero en pos de mejorar sus condiciones de vida. Los nuevos flujos migratorios en América del Sur están marcados por los cierres de fronteras decretados durante la pandemia. Así, miles de venezolanos comenzaron a moverse dentro de la región, como pudieron. Se estima que hay más de cinco millones de personas de origen venezolano que han abandonado su país en los últimos años , el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes en la historia de Latinoamérica. Mientras que en Venezuela habitan 28 millones de personas, en el mundo hay otros 6.113.035 de venezolanos.

Alicia Pantoja, referente y fundadora de Manos Veneguayas, una ONG que se dedica a orientar y apoyar a las personas migrantes de origen venezolano en Uruguay, estima que al menos el 80 % de quienes se atendieron en las últimas semanas son "remigrantes", como los llama. Los flujos migratorios de las personas de origen venezolano han cambiado hacia una dinámica de movimientos secundarios en la región, haciéndolos cruzar “distintos países en situación vulnerable por puntos no oficiales de frontera”, según un informe especial elaborado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V) en el marco de una reciente crisis migratoria que se vive entre las fronteras de Chile y Bolivia. R4V está conformada por casi 200 organizaciones, incluyendo Agencias de Naciones Unidas -ONU-, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONG.

“Las personas nos cuentan sus historias, sus vivencias y en el mes de febrero hicimos una entrega masiva de edredones [acolchados] y sábanas, atendimos a mucha gente recién llegada, familias, un 75 % - 80 % eran remigrantes. Es decir, venezolanos que ya habían migrado hacia otros países (…) donde no tuvieron nunca ningún tipo de legalidad”, dijo Pantoja a Montevideo Portal.

Mariana Zalchendler, presidenta de la Comisión para la Diáspora Venezolana en Chile, organización civil creada en 2019 en representación de los ciudadanos venezolanos radicados en ese país para actuar de interlocutores con el anterior gobierno presidido por Sebastián Piñera (2018-2022), aseguró en entrevista con Montevideo Portal que “el fenómeno de lo que ocurre como migración venezolana” en Chile “se traduce en que fue muy poco tiempo, mucha gente”.

Tras una reforma en la política migratoria en la región, que entró en vigor en febrero de este año, Zalchendler dice que, en base a observaciones en terreno de organizaciones que dialogan con la organización que preside en Chile “deben haber más venezolanos migrando a Uruguay, más venezolanos migrando a Argentina, más venezolanos migrando a EEUU, yéndose por pasos como [la selva del] Darién”, una peligrosa jungla ubicada entre Panamá y Colombia donde cientos de migrantes mueren o desaparecen cada año en su ruta hacia el norte del continente.

Hasta 600 venezolanos “entran a Chile por día” a través “de pasos irregulares con Bolivia cerca de Colchane”, de acuerdo con datos obtenidos mediante observaciones en terreno de la plataforma R4V y publicados en marzo en un informe de situación.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo en una rueda de prensa el 14 de marzo que pidió asesoramiento a gobiernos europeos sobre “el sistema de cuotas” que aplicaron ante el éxodo sirio ocurrido algunos años atrás. Este plan, según lo propuesto por el mandatario chileno, involucraría a países menos afectados por la crisis migratoria venezolana como Uruguay, Paraguay o Brasil.

“Una crisis migratoria, en este caso de más seis millones de personas, sobre todo desde Venezuela, no puede recaer en uno o un grupo de países. Tenemos que pensar en la solidaridad latinoamericana. Brasil, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, tienen un rol que cumplir”, dijo Boric en la primera rueda de prensa que dio ante medios internacionales.

Zalchendler coincide con Boric en este sentido, ya que piensa que los procesos migratorios actualmente en países como Chile generan crisis "porque todo es muy improvisado".

“Una crisis migratoria, en este caso de más seis millones de personas, sobre todo desde Venezuela, no puede recaer en un uno o un grupo de países. Tenemos que pensar en la solidaridad latinoamericana. Brasil, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, tienen un rol que cumplir”, dijo Boric en rueda de prensa en marzo.

Organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Servicio Jesuita al Migrante “hablan de aproximadamente 40 mil ingresos por pasos no habilitados en lo que va del año pasado a la fecha” en el norte de Chile, asegura Zalchendler.

La presidenta de la organización que apoya a la diáspora en ese país recuerda que desde el cambio de presidencia, en marzo de 2022, se anuló la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), un instrumento que había sido implementado durante el gobierno de Piñera con el que los venezolanos que tenían la intención de visitar o residir en Chile podían acceder a una regularización que los habilitaba a acceder a sistemas de salud, eduación y trabajo, entre otros.

Esto, según Zalchendler, la anulación de la VRD ha repercutido negativamente entre los venezolanos migrantes que han ingresado al país por pasos irregulares. “Ocurre lo siguiente: al no existir la VRD y no tener claras las subcategorías para tú poder definir y gestionar una visa para residenciarte en Chile, la gente opta por la vía fácil. ¿Y cuál es la vía fácil? Ingresar por pasos no habilitados. Y al ingresar por pasos no habilitados, no queda ningún registro ni biométrico, ni definir, por ejemplo, antecedentes penales, entonces hay un descontrol desde el punto de vista gubernamental de saber quién entra y quién no entra, entonces deja de ser una migración segura, una migración regular y sobre todo por lo que más nos hemos visto afectados es por el tema de la delincuencia e inseguridad, sobre todo al norte de Chile”, dijo la activista desde Iquique, ciudad de esa región.

“Eso genera un estigma para nosotros [los venezolanos]. Nos guste o no, hay una realidad: hay un estigma y ese estigma no es que el chileno sea xenofóbico, que sí, habrán unos más que otros, eso no puede negarse (…) Lo cierto es que lamentablemente hemos visto cómo se ha transformado nuestro buen vivir en estas ciudades, en tener que resguardarnos como antes lo hacíamos en Venezuela”, dijo Zalchendler, quien se mostró alarmada por el aumento de la criminalidad que se atribuye al aumento del flujo migratorio en esa región del norte del país trasandino, donde “evidentemente los sistemas de seguridad y de control de las ciudades están siendo rebasados por esta realidad”.

"En Iquique no estaban acostumbrados a los delitos que estamos viendo. O sea, estamos viendo una delincuencia que tienen una capacidad de granadas, de armas automáticas” insistió Zalchendler.

El cambio de esta política en Chile generó también un flujo migratorio hacia la costa oriental del continente, hacia Uruguay, donde confluyen las trayectorias de los remigrantes.

"Venezuela se arregló"

En las últimas semanas y meses se viene colando en la opinión pública venezolana a modo de vox populi el concepto de que “Venezuela se arregló”. La última señal alentadora la dio en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien resolvió levantar sanciones económicas sobre el país presidido por Nicolás Maduro.

"Venezuela se arregló" ha sido una respuesta a un relativo alivio de la situación económica del país, que viene saliendo de cinco años de hiperinflación. El salario mínimo venezolano, que en 2008 era el tercero más alto de América Latina y rondaba los 300 dólares mensuales (aún dentro de un control cambiario establecido por el gobierno de Hugo Chávez en 2003), ha sido aumentado a 30 dólares, luego de pasar tres años en 2 dólares al mes. Además, el país acumuló entre enero y abril un 22 % de inflación, una significativa baja en este indicador, que el año pasado se situó en el 660 %, según mediciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente integrado por expertos (el Banco Central de Venezuela no informa sobre inflación).

"Tal vez en estos momentos en Uruguay hay mucha necesidad de ingenieros, de médicos, de mano de obra para el campo, qué se yo, y sincerando esas cifras y tomando desiciones regionales realmente importantes se puede ver dónde podemos ser reubicados los venezolanos de acuerdo a las necesidades de la región y que crezca", dijo la presidenta de la Comisión de la Diáspora Venezolana en Chile.

Para Pantoja, el concepto de que "Venezuela se arregló" no es más que un espejismo, y se basa en las solicitudes que recibe a diario en Manos Veneguayas en Montevideo. “Esas familias no tienen nada. Y son grupos de familias grandes, con niños pequeños, con adultos mayores, por eso la preocupación que nosotros tenemos. Yo tengo una lista de espera de más de 170 familias, grupos familiares, y unas 95 solicitudes individuales de ayuda. Es decir, más de 300 personas en situación de vulnerabilidad extrema. Gente en situación de calle, gente viviendo en asentamientos. Está muy complicada la situación”, dijo la fundadora de la ONG.

Noheli acudió a la Casa Veneguaya, un espacio de Manos Veneguayas recién inaugurado en el barrio de Tres Cruces. La ONG lleva siete años operando en Uruguay y en este momento está ampliando sus servicios de asistencia.

La joven venezolana llegada desde Perú pasó enfrente a la sede de la ONG y le llamó la atención el cartel que figura en la entrada junto a la Iglesia de Tres Cruces. Allí se encontró con Pantoja y otros referentes que escucharon su historia, brindaron “apoyo emocional” y la orientaron con distintas herramientas para encontrar trabajo, que es lo que busca desde que llegó al país el pasado 12 de marzo.

Entre marzo y abril, Manos Veneguayas había otorgado alimentos, ropa y artículos para bebés a 45 familias de origen venezolano en Montevideo en situación de especial vulnerabilidad, informó Pantoja.

Sobre las “personas recién llegadas” que les consultan para recibir algún tipo de apoyo, la activista dice no tener datos precisos sobre su situación de vivienda, pero que, gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se ha podido derivar a migrantes en situación de calle a refugios. No obstante, la cofundadora de la ONG dice que el problema habitacional de estas personas no está resuelto, ya que estima que decenas están en situación de calle, viviendo en refugios o en “pensiones en pésimo estado” sin apoyo económico ni de ningún familiar en el país.

El órgano que decide otorgar el estatus de refugiado a los ciudadanos que lo solicitan en las fronteras de Uruguay es la Comisión de Refugiados (CORE), integrada por representantes del MRREE, el Ministerio del Interior, del Parlamento y por miembros de la sociedad civil. Según datos de la oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para el 31 de diciembre de 2021 existían más de 2.100 solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos pendientes de aprobación por el Estado uruguayo y 414 refugiados de esa nacionalidad reconocidos para la fecha.

Pantoja explica que se encuentra con casos como el de Noheli a diario. “Cuando llegan aquí escriben a nuestro WhatsApp y yo lo primero que hago es un sondeo”, relató. Suelen responderle: “Llegué hace cinco días", o "llegué hace tres días”. Y entonces -razona Pantoja- eso quiere decir que, por lo menos, todas las semanas llega un grupo. “Ya sea por Rivera, por Paysandú o por el Chuy, pero llegan”, insistió.

De acuerdo con reportes de la OIM en conjunto con la plataforma R4V, existe una "reconducción" de migrantes en la región “en el marco de una dinámica de movimientos secundarios”, de acuerdo al informe especial de situación elaborado por R4V en marzo de este año. Desde hace años, existe un gran flujo migratorio de personas de origen venezolano hacia distintos países de América Latina y el Caribe. Según R4V, para el 5 de abril de 2022 existían 5.063.560 venezolanos refugiados y migrantes, viviendo fuera de las fronteras de su país en la región.

Gran parte de estos migrantes se han desplazado por tierra principalmente hacia Colombia, Perú, Ecuador y Chile, países que han tenido que cambiar sus políticas migratorias de cara a las consecuencias sociales y humanitarias del segundo fenómeno migratorio más grande del mundo después del caso sirio en los últimos años.

Sin embargo, dada la crisis política e institucional que vive Perú, que alberga a 1,3 millones de venezolanos, muchos migrantes han decidido dirigirse hacia el sur de la carretera Panamericana, buscando llegar a Chile.

Cambios de políticas migratorias en la región

Chile enfrenta esta grave crisis migratoria y humanitaria desde hace años. Sin embargo, en los últimos meses se ha agudizado. Para marzo, observadores en terreno de la Plataforma R4V constataban que familias enteras llegaban desde el lado boliviano exhaustas, a pie, a una zona desértica donde no se encuentran alimentos ni agua. Allí, los migrantes chocan contra una zanja cavada por el gobierno del expresidente Piñera. Los que logran pasar y sobreviven al desierto intentan llegar hasta la ciudad costera de Iquique, donde acampan en las plazas y espacios públicos. Meses atrás, en 2021, vecinos de Iquique incendiaron colchones, ropa y tiendas de los migrantes que recién habían llegado.

El pasado lunes 16 de mayo, el Servicio de Salud de Colchane confirmó la muerte de un migrante venezolano de 83 años en un paso irregular del desierto entre Chile y Bolivia. Así, Humberto José Ávila Ávila, oriundo de Maracaibo (al oeste de Venezuela) se ha convertido en la víctima número 26 en lo que va de 2022 de la diáspora migratoria venezolana que fallece en territorio chileno "luego de ingresar por un paso no habilitado", según detallan las autoridades del municipio fronterizo de Colchane. 

Desde principios de este año se ha intensificado la crisis migratoria en el norte de Chile al punto que el gobierno de ese país decretó el “estado de excepción” y el despliegue militar en los sectores fronterizos de cuatro provincias de las regiones de Antofagasta y Arica. Esto fue un catalizador para que una nueva Ley de Migración y Extranjería promulgada en 2021 se aprobara el 12 de febrero.

Esta norma agiliza las expulsiones e incluso las “devoluciones en caliente”, sin procedimiento judicial. “Será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad ingresando al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no”, dice la ley.

Para los venezolanos que ya están radicados en Chile en espera de la regularización de sus documentos, Zalchendler, la presidenta de la Comisión para la diáspora en Chile, dice que "está el tema de la demora" en estos procesos. "Los retrasos que hay con el tema de las visas internamente y de las RUT (el equivalente a la cédula de identidad en Chile), de mantenerse regulares en el país porque, a ver, existen en este momento más de 500 mil procesos abiertos sin respuesta para permanencias definitivas", expresó.

“La mayoría de los venezolanos quieren llegar al lado chileno porque creen que allá van a estar mejor porque allí tienen mayores posibilidades tanto sociales como económicas y otras dadas en sí desde el gobierno”, cuenta Emilio Huáscar, periodista del periódico boliviano El Deber a Montevideo Portal. Huáscar, que se encuentra cubriendo el tema migratorio en la frontera entre Chile y Bolivia, dice que migrantes de origen venezolano “se están arriesgando a pasar a pie, siendo víctima de coyotes tanto de chilenos como de bolivianos que les cobran determinados montos económicos para supuestamente asegurarles el paso hasta territorio chileno pero la mayoría de ellos son abandonados en medio del camino, en la pampa del altiplano y es de esa forma que varios han fallecido a consecuencia de la altura”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Diáspora Venezolana en Chile considera el tema debe ser abordado con políticas regionales. "Tal vez en estos momentos en Uruguay hay mucha necesidad de ingenieros, de médicos, de mano de obra para el campo, qué se yo, y sincerando esas cifras y tomando decisiones regionales realmente importantes se puede ver donde podemos ser reubicados los venezolanos de acuerdo a las necesidades de la región y que crezca. Si tenemos una visión de enlace, una visión enfocada debería ser esa la medida", dijo Zalchendler a Montevideo Portal.

En el mismo sentido, Boric planteó en marzo que "lo tenemos que hablar multilateralmente" y agregó: "Pero creo que es algo en lo que todos podríamos ganar, tanto los países como también los inmigrantes. Muchas veces, al sobrecargarse todo en un solo país se ven en una situación muy difícil de inserción”.

Noheli, la refugiada venezolana en Uruguay, tenía en cuenta este panorama a la hora de migrar. “Me da miedo ingresar así, sin documentos. A mí siempre me ha gustado entrar a un lugar en regla. Si es de cumplir normas y donde hay normas, se convive mejor. Entonces me dije: ‘Si vamos a ir a Chile indocumentados, prácticamente vamos a ser unos fantasmas allá’. Somos invisibles”, dijo Noheli, quien se recibió en Contaduría Pública por la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Venezuela) y pidió refugió en Uruguay.

Una odisea en la que perdió la mitad de sus ahorros

Luego de pasar “por los caminos verdes” de las fronteras de Bolivia y Argentina —tal como venía haciendo desde que salió de Perú—, Noheli y su pareja fueron extorsionados por agentes de la Gendarmería argentina al comprobar que no tenía la documentación en regla para transitar por el país.

“Ahí me dijeron: 'No, bájate con tus pertenencias'. Y justamente yo decidí llevar parte de mis mil dólares, que traía en mi monedero, en el bolsito de mano, porque digo que si se me pierde la maleta...”, recordó Noheli.

Al bajarse del bus, a Noheli la separaron de su pareja y a él se lo llevaron para hablarle en privado. Ahí, lo extorsionaron.

 “Cuando vieron el monedero que tenía, le indicaron que sacara todo lo que había" y que lo pusiera sobre la mesa, relató Noheli, y continuó: "Le dijeron: 'Sabes que estás ilegal, tienes que pagarme mil dólares'. Y él le dijo: 'Lo único que traigo es eso', porque era mi dinero que obviamente estaba ahí a la vista y dijo eso. '¿Cuánto hay ahí?', y él lo contó porque ya habíamos sacado el dinero para el pasaje y habían 400 dólares. 'No, tienes que darme por lo menos 500 por los dos'. 'No, es que no tengo más dinero', le dijo. Y la policía argentina nos quitó 400 dólares”.

Al ser preguntada acerca de las consecuencias de esto, sentenció que con lo que les quedó llegaron a Uruguay y vienen “sobreviviendo”. “Eso era mi plata. A él le quedaron unos 500 dólares y con eso estamos acá”, aseveró. Noheli, que aclara ser asmática, y su pareja viven en una pensión en Ciudad Vieja donde cree que le “va a ser difícil” acostumbrarse por el humo del cigarro a pesar de “que hay un letrero en el cuarto que dice ‘no fumar'”.

“Llegamos ayer a una pensión y lo único que sí he visto es que acá fuman demasiado. Por decirte: ahí donde estamos nosotros no fumamos, pero llega el olor a cigarro y siento que a veces me ahogo”, dijo.

Unas semanas después de esta entrevista con Montevideo Portal, Noheli consiguió su primer empleo en Uruguay. Sin experiencia en cocina, trabaja en la de un conocido restaurant de comida venezolana desde finales de abril.

En Uruguay, según un estudio publicado en marzo de 2021 por la OIM en el que se encuestó a venezolanos en el país, 42 % de esta población tiene al menos un título universitario y 8 % tiene un postgrado. Esto, según los autores del informe, revela que “la población migrante venezolana en Uruguay está compuesta por un perfil altamente educado y concentrado en edades laborales jóvenes”. Sin embargo, según expertos en materia de migración consultados para este informe, la situación puede estar cambiando a medida que avanza el 2022 y las políticas migratorias en la región —sumadas a las múltiples expresiones de xenofobia que se vienen registrando en distintos países— atraen a remigrantes que ya no se encuentran en una situación de migración planificada.

En el mencionado estudio, titulado “DTM: Impacto de la covid-19 entre la población venezolana en Uruguay”, se constata que la población venezolana femenina en Uruguay tiene un nivel de educación superior mayor al de los varones encuestados. Sin embargo, este número no se refleja en la incidencia de desempleo o de trabajo informal: del 19 % del total que se encontraba desempleado para el momento en que se publicó el estudio, 13 % eran mujeres.

Nota al pie:

La noción de “remigración” ha sido utilizado en Europa en los últimos años como un concepto político eurocentrista y etnocentrista promulgado por partidos de extrema derecha, con el fin de devolver a su lugar de origen a todas las personas no-blancas que se establecieron en el continente europeo, sin importar el estado de su ciudadanía. Esta política incluye a sus descendientes.

No obstante, en algunos países de América el concepto “remigración” está cobrando otro sentido y, en particular, es utilizado por organizaciones de apoyo al migrante como Manos Veneguayas para explicar el fenómeno que reúne a personas que migran nuevamente de un lugar al que habían llegado migrando.