Gabriela Fossati, la fiscal que estuvo al inicio y a cargo de la causa del caso Astesiano, lamentó la decisión que tomó el fiscal Leonardo Morales de archivar su denuncia contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el director de Caras y Caretas, Alberto Grille.

“Soltar y pasar la página”, expresó a través de un tuit. Tras la resolución de Morales, ante su denuncia por difamación e injurias, la magistrada escribió: “Lástima que el colega Morales no haya pedido una opinión de la cátedra de Derecho Constitucional de la Udelar [Universidad de la República] sobre los DD. HH. [derechos humanos] en conflicto como le pedí. Es lo único que quería”.

Al momento de realizar la denuncia, Fossati sugirió “un informe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Udelar u otra, a los efectos de que informe de la existencia de un derecho humano por encima de los demás”, según el dictamen del caso.

La resolución del fiscal argumenta que el caso Astesiano fue de “elevado interés público” y con “alta exposición mediática”. En ese sentido, considera que los denunciados ejercieron “su derecho humano de libre expresión”.

“Los denunciados, ya sea en sus calidades de presidente de una agrupación política, o en calidad de periodistas, inmersos en una sociedad que se había politizado frente a tales hechos, procuraron informar, opinar, recabar información, criticar, elogiar en su momento, etcétera, respecto a estos hechos de alto interés social, ejerciendo su derecho humano de libre expresión, por lo que se estima que más allá de que sus posiciones fueren más o menos vehementes, según el sector o grupo que los escuchare o leyere, actuaron dentro de la licitud”, señaló el dictamen.

Sobre el informe de la cátedra de Derecho Constitucional, la resolución del fiscal advirtió que “no resultaba de utilidad” para sus actuaciones, ya que no existen dudas “del elenco de derechos humanos existentes y la posición que posee el derecho de libre expresión a ellos”.

En ese sentido, el dictamen señala que la “Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la libertad de expresión, particularmente de interés público ‘es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’. Así, este derecho no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a las que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población”.

Por otra parte, Fossati también denunció al periodista Carlos Peláez y a tres usuarios de redes sociales. En este último caso, la investigación continúa, aclararon desde Fiscalía.