La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y el Comisionado Parlamentario Penitenciario (CPP) presentaron este jueves el “Informe de la mesa interinstitucional para la reforma penal y del sistema penitenciario”.
Esta mesa comenzó a funcionar el 19 de abril, “como respuesta al triste deceso de seis reclusos en el Comcar la noche del 28 al 29 de diciembre de 2023” a causa de un incendio. Según las autoridades, este hecho fue “un quiebre en la forma de abordar el sistema penitenciario, motivó un llamado a la reflexión y acción”.
En abril, las autoridades de ambos organismos informaron que el informe “será entregado a los candidatos presidenciales en julio de este año”.
Según informó la Inddhh, se coordinarán reuniones “con todos los candidatos”, a iniciativa de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y de Ana Olivera, presidenta de la Cámara de la Diputados.
Informe
El primer aspecto que se aborda es el “hacinamiento”: “El crecimiento sostenido de la población penitenciaria ha generado un extendido problema de superpoblación en el sistema y hacinamiento en la mayoría de los establecimientos”.
Sobre esto, se destaca que existe un “amplio consenso” sobre el diagnóstico de la situación y sus “efectos negativos”. Por otro lado, se afirma que “hay dificultades para medirlo con precisión, pues se carece de una medida multidimensional del concepto de plaza o cupo penitenciario”.
“Se concuerda en que el sistema no está preparado para atender al volumen actual de población, lo que conlleva a que los servicios penitenciarios se vean resentidos y que se afecte la dignidad de las personas privadas de libertad”, indica en ese sentido.
También establece que faltan recursos, pero que el “aumento cuantioso” de estos “para atender el costo real de la población penitenciaria” actual “no es factible”.
El segundo aspecto que se tiene en cuenta es derechos humanos y violencia. “En el monitoreo de la vida en las cárceles se ha observado diversas vulneraciones de derechos en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad”, dice el informe.
En ambos aspectos estudiados por el documento, se citan “problemáticas acrecentadas por las tendencias macrosociales”: “El crecimiento de la población penitenciaria, el endurecimiento de penas, privación de libertad como respuesta hegemónica, problemas de racionalidad y eficiencia en la ejecución de penas (caro e ineficaz)”.
Como conclusión del informe, se asegura que “el sistema penitenciario uruguayo se encuentra en una situación límite y explosiva, resultado de un proceso de varios decenios donde, salvo en algunos momentos específicos, no se logró conformar acuerdos institucionales amplios, legislativos, partidarios y técnicos, capaces de implementar innovaciones con el mismo ritmo que la evolución social marcaba nuevos desafíos y problemas de integración social”.
Además, finaliza con 19 “pautas para avanzar” en el sistema penitenciario.
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