Por The New York Times | Edgar Sandoval

SAN ANTONIO — Durante años, Stella Guerrero Mata, de 73 años, una conductora de autobús escolar jubilada que vive cerca de Houston, había podido votar por correo sin ningún problema. Guerrero, que usa un bastón para caminar y tiene una larga lista de padecimientos, entre ellos la diabetes, deterioro de la vista y dolor de espalda, esperaba hacerlo igual en las elecciones de medio mandato de 2022.

No obstante, poco tiempo después de enviar su boleta por correo, recibió una carta que la dejó enojada y confundida. Su boleta no fue aceptada porque no incluyó el número de su licencia de conducir ni los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social, un requisito de una nueva ley de votación polémica que se aprobó en 2021.

“Se rechazó mi voto”, denunció Guerrero y agregó que se había dado cuenta de que era demasiado tarde para corregir el error. “Estaba enojada, porque mi voz no sería escuchada”.

Guerrero fue una de varios votantes que testificaron en un juicio, ahora en curso en San Antonio, sobre la extensa reforma electoral del estado, conocida como SB 1. La ley se aprobó por una mayoría republicana incluso después de que los legisladores demócratas abandonaron el recinto durante 38 días, lo que dejó al estado en una lucha infructuosa para impedir que el proyecto de ley llegara a votación.

Desde que entró en vigor, los críticos han expresado su preocupación de que la ley impediría la participación de los votantes con discapacidades, los de edad avanzada y los que no hablan inglés. El juicio federal, que ahora inicia su segunda semana, brinda una oportunidad inusual para escuchar directamente a los electores que querían votar, pero no pudieron hacerlo.

Una coalición de grupos defensores del derecho al voto, entre ellos el Fondo Educativo de Defensa Legal Mexicoestadounidense (MALDEF, por su sigla en inglés) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de Texas, afirma en su demanda que la ley afecta a las personas que votan por correo, aquellas que se apoyan de ayudantes conocidos como asistentes para votar y quienes dependen de organizaciones comunitarias para saber dónde y cómo votar.

La ley agregó nuevos requisitos de identificación para votar por correo, dificultó el uso de asistentes para votar, estableció sanciones penales para los trabajadores electorales si son demasiado enérgicos a la hora de controlar a las personas en los centros de votación y prohibió la votación las 24 horas, así como la votación desde el vehículo, medidas que se utilizaron, en particular, en el condado de Harris durante la pandemia.

Los abogados que representan al estado respondieron que las nuevas reglas previenen un posible fraude electoral y que los votantes parecen adaptarse mejor con cada elección. Ryan Kercher, abogado del estado, opinó que la integridad electoral significa que los votantes “van a tener confianza en el proceso”. Además, Kercher añadió que la ley permite ampliar el horario de votación anticipada para alentar una mayor participación de los electores.

Durante el contrainterrogatorio, otro abogado del estado, Will Wassdorf, le señaló a Guerrero que había ingresado la información requerida en una solicitud para una boleta por correo, pero que no lo hizo cuando envió por correo la boleta electoral. Luego, Wassdorf le mostró en una pantalla los espacios que había dejado en blanco.

Wassdorf le preguntó: “¿Entiende que por eso se rechazó su boleta?”.

Guerrero respondió: “Ahora lo entiendo. En este momento, sí”.

Cuando Fátima Menéndez, una de las abogadas demandantes, le preguntó si tendría la confianza de votar por correo en 2024, Guerrero respondió que no estaba segura. “Siento que no se contaría”, mencionó.

Un desfile de funcionarios electorales de Dallas, Austin, El Paso y el valle del Río Grande también testificaron que consideran confusas y vagas muchas de las nuevas regulaciones y que a menudo tuvieron dificultades para explicárselas a otros votantes que también estaban confundidos. Se espera que el juez a cargo de este caso, Xavier Rodriguez, del Distrito Oeste de Texas, escuche los testimonios durante las siguientes semanas antes de emitir una orden.

Previamente, Rodriguez consideró que una parte de la ley era ilegal: el requisito de que los votantes escriban los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social o el número de su licencia de conducir cuando soliciten votar por correo y que los trabajadores electorales puedan emparejar uno de los números con los datos de registro del elector.

Rodriguez, designado por el expresidente George W. Bush, determinó que el requisito violaba la Ley de Derechos Civiles porque cabe la posibilidad de que los funcionarios electorales rechacen a votantes que de otro modo calificarían para votar por correo pero que tengan dificultad para proporcionar esa información adicional.

La ACLU de Texas asegura que alrededor de 40.000 solicitudes de boletas de votación por correo han sido rechazadas por errores relacionados con este requisito.

Nina Perales, una abogada de MALDEF, argumentó durante su discurso inicial que los votantes con discapacidades están entre los más afectados.

Perales comentó: “Agregar más pasos al proceso de votación y exigir más formularios dificulta la participación electoral y reduce la cantidad de votos emitidos. Esto impone obstáculos significativos y mayores para los votantes con discapacidad y hará que ellos se vean privados de sus derechos”.

La nueva ley de votación se convirtió en una prioridad para el gobernador Greg Abbott después de que el expresidente Donald Trump afirmó que perdió las elecciones de 2020 debido a un fraude electoral, una aseveración que ha sido descartada por jueces de todo Estados Unidos. Sin embargo, Abbott amenazó con convocar una sesión especial de la legislatura hasta que los legisladores le enviaran el proyecto de ley de votación para que lo firmara.

Después de la legislación, hubo una serie de cambios electorales adoptados en varias áreas urbanas de Texas, lugares en gran parte dominados por demócratas, los cuales fueron diseñados para facilitar que los votantes que cumplan con los requisitos emitan su voto. Por ejemplo, Houston atrajo la atención nacional al ofrecer votación desde el vehículo las 24 horas en el punto álgido de la pandemia.

La defensa aún no ha comenzado a presentar un caso. Gran parte de la primera semana estuvo dedicada a votantes y funcionarios electorales, llamados por los demandantes, quienes detallaron sus dificultades con las nuevas reglas. La mañana del día de las elecciones con mucho viento afuera de un centro de votación en el campus del Houston Community College, el 8 de noviembre de 2022. (Annie Mulligan/The New York Times)