"Se olvidaron de nosotros": los que esperan estatus de refugiado

Por The New York Times | Zolan Kanno-Youngs y Miriam Jordan

Durante los últimos ocho años, Ahmed Mohamed Aden ha intentado reunirse con los hijos que abandonó cuando huyó de Somalia.

Buscó la ayuda de defensores migratorios en Wisconsin, donde se reasentó de manera legal. Presentó montones de documentos a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas. Presentó muestras de ADN para demostrar que tiene relación genética con sus hijos, con la esperanza de acelerar el proceso.

Sin embargo, a principios de este mes, se enteró de que sus solicitudes seguían pendientes, atascadas con el volumen acumulado de personas que huyen de la violencia y la persecución y que esperan encontrar refugio en Estados Unidos.

“Hice todo lo que pude”, comentó Aden, conmovido y sosteniendo su cabeza con sus manos mientras la trabajadora social asignada a su caso le explicaba que sus hijos no se reunirían pronto con él en Milwaukee. “Lo he intentado”.

Los hijos de Aden se encuentran entre los miles de personas que viven en el limbo mientras los retrasos en el sistema de refugiados de Estados Unidos se alargan hasta cinco años o más, en promedio, según cálculos del gobierno.

La espera media solía ser de casi dos años, antes de que el gobierno de Trump eliminara el programa de refugiados con la intención de evitar que refugiados y otros inmigrantes ingresaran a Estados Unidos. Además, la pandemia de coronavirus obligó a muchas embajadas de Estados Unidos a cerrar o reducir sus operaciones, lo que permitió que los casos retrocedieran aún más.

Muchas de las personas que llevan años en el proceso del trámite se sienten cada vez más frustradas, pues afirman que las están relegando al final de la fila, pues el gobierno de Biden da prioridad a quienes huyen de las crisis en Ucrania y Afganistán.

Krish O’Mara Vignarajah, directora general del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, aseguró que entiende que el gobierno de Biden está trabajando con un sistema sobrecargado heredado de los años de Trump.

No obstante, afirmó, su paciencia se está agotando.

“Estamos en un punto del gobierno en el que, aunque reconocemos cómo el régimen de Trump diezmó la infraestructura, no puede ser excusa por mucho tiempo más”, señaló Vignarajah. “Porque las vidas dependen de que el gobierno dé un paso adelante”.

El presidente Joe Biden, que prometió reconstruir el programa de refugiados, emitió una orden ejecutiva el año pasado que ordenaba a su gobierno reducir los tiempos de tramitación a seis meses.

Pero en un informe presentado al Congreso el mes pasado, la Casa Blanca reconoció que el esfuerzo por proporcionar protección temporal a cerca de 180.000 personas que escapaban de Ucrania y Afganistán “requería una importante reasignación de tiempo y recursos” y “dificultaba el repunte del programa”. La semana pasada, el gobierno declaró que ofrecería un estatus similar para hasta 24.000 venezolanos que buscan escapar de su país descompuesto, aunque muchos más que cruzan la frontera serían expulsados bajo una regla de la era de la pandemia puesta en marcha por el expresidente Donald Trump.

El cambio implica que las personas en condiciones desesperadas en países como Somalia, Eritrea y Birmania se enfrentan a la posibilidad de esperas aún más largas. Hasta este verano, más de 76.000 posibles refugiados estaban en el trámite del sistema a la espera de una autorización para viajar, según datos del Departamento de Estado obtenidos por The New York Times.

Mulugeta Gebresilasie, gestor de casos en una agencia de reasentamiento en Columbus, Ohio, dijo que los refugiados que ya están en Estados Unidos se han sentido penalizados mientras sus seres queridos languidecen en campos para desplazados.

“De repente, las agencias de reasentamiento se concentraron en los afganos”, explicó Gebresilasie. “Los refugiados africanos me dijeron: ‘Se han olvidado de nosotros. Llevamos muchos años esperando’”.

El sistema estadounidense de refugiados se diseñó para ofrecer una vía legal a los desplazados para que encuentren protección en Estados Unidos. Los solicitantes deben ser recomendados por las Naciones Unidas, una embajada estadounidense o una organización sin fines de lucro; someterse a entrevistas con funcionarios consulares estadounidenses en el extranjero, y reunir documentos que pueden ser difíciles o imposibles de conseguir en Estados fallidos: certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, documentos de viaje, registros escolares. También se someten a una exhaustiva investigación médica y de seguridad.

Una vez reasentados, los refugiados pueden solicitar que sus familiares directos se reúnan con ellos en Estados Unidos después de aportar pruebas de ADN u otras similares que evidencien su relación. A continuación, un funcionario estadounidense entrevista al familiar en una embajada antes de que se apruebe su traslado.

Pero millones de personas están siendo admitidas en Estados Unidos fuera del programa tradicional de refugiados, desviando recursos de los que llevan años esperando.

Se ha prestado mucha atención a las cifras históricas de migrantes que cruzan la frontera, en parte debido a las decisiones de estados liderados por republicanos, como Florida y Texas, de enviar a algunos de ellos a bastiones liberales como Martha’s Vineyard, como una manera de provocar indignación.

Esos migrantes pueden obtener asilo si demuestran que serían perseguidos en su país; de lo contrario, se enfrentan a la deportación. Más de un millón han sido rechazados por una medida de salud pública de la presidencia de Trump llamada Título 42, que permite a Estados Unidos expulsar a personas que de otro modo habrían sido admitidas para una evaluación de sus solicitudes de asilo o puestas en proceso de deportación.

En circunstancias especiales, el gobierno de Estados Unidos puede conceder “libertad bajo palabra” a personas de otros países, una herramienta legal que les permite ingresar al país, pero que no confiere automáticamente un permiso o la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Biden en los casos de muchos refugiados de Afganistán, Ucrania y ahora Venezuela.

En los últimos dos años, el gobierno de Biden ha tomado algunas medidas para reconstruir el sobrecargado sistema de refugiados, aunque el presidente y sus principales asesores han debatido cómo deshacer la agenda antiinmigración del gobierno de Trump. Biden ha expresado su preocupación por los ataques de los republicanos sobre sus políticas de inmigración, especialmente cuando las aprehensiones en la frontera sur de Estados Unidos han alcanzado niveles nunca antes vistos.

La Casa Blanca nombró a Andrew Nacin, un antiguo desarrollador de WordPress que trabajó en temas de inmigración para el gobierno de Obama, con el fin de dirigir la labor. Nacin está agilizando los servicios digitales de la Casa Blanca y está tratando de aplicar algunas de las lecciones aprendidas en la lucha por ayudar a afganos y ucranianos. El presidente ha dicho que está dedicado a cumplir una promesa de campaña para revertir los límites de Trump en la aceptación de refugiados. El gobierno informó hace poco al Congreso que fijaría el tope anual de refugiados en un máximo de 125.000 personas, el mismo nivel que el año pasado.

Trump, en cambio, fijó el límite en 15.000, el más bajo de la historia del programa de refugiados.

Las cifras de refugiados incluyen solo a quienes se reubican legalmente en Estados Unidos; los solicitantes de asilo que cruzan la frontera desde México, por ejemplo, no cuentan para el límite. Tampoco los ucranianos, afganos o venezolanos que llegan bajo libertad condicional humanitaria.

No obstante, Estados Unidos ni siquiera se ha acercado a alcanzar el límite de 125.000 personas, en parte porque no ha tenido suficiente personal para aprobar los casos pendientes.

A finales de 2021, Estados Unidos solo había acogido a 11.411 refugiados, la cifra más baja desde la creación del programa de refugiados. El gobierno de Biden reasentó a cerca de 25.400 refugiados el pasado año fiscal, según el Departamento de Estado.

En entrevistas, altos funcionarios del gobierno aseguraron que era poco probable que alcanzaran su objetivo en el próximo año. Ferozah Binti Abdul Rashid, una refugiada rohinyá, y su hija de 5 años en su casa de Milwaukee, Wisconsin, el 16 de septiembre de 2022. (Taylor Glascock/The New York Times) Ahmed Aden, un refugiado somalí que se reasentó legalmente en Milwaukee, Wisconsin, el 16 de septiembre de 2022. (Taylor Glascock/The New York Times)