“Se hace justicia”: Lozano por reglamentación de ley de reparación a víctimas de guerrilla

A través de un decreto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reglamentó este miércoles la ley de “reparación a las víctimas de grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos cometidos entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976” (Ley 20.193).

En este contexto, el senador cabildante Raúl Lozano celebró la acción del Poder Ejecutivo en el tema. “Se hace justicia reparando a las familias víctimas de las organizaciones terroristas de las décadas ‘60 y ‘70”, sostuvo.

El proyecto, iniciativa del Poder Ejecutivo con impulso de Cabildo Abierto desde 2020, fue remitido al Legislativo a fines de 2022 y había sido aprobado por el Parlamento a mediados de agosto del 2023.

El decreto de reglamentario del Ejecutivo establece los montos de la reparación económica: “A los causahabientes de los que perdieron la vida: US$ 150.000; a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo o a sus causahabientes: US$ 100.000, y a quienes fueron privados de su libertad por más de setenta y dos horas o a sus causahabientes US$ 50.000”.

Por ese entonces, el senador Guido Manini Ríos había expresado que se trató de “un paso importante para comenzar a ver la historia con los dos ojos, además de un acto de justicia larga e inexplicablemente demorado”.

El texto establece una “indemnización moral, social y económica” a víctimas civiles, policiales, militares y sus familias que “hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de los hechos ilícitos ocurridos entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de grupos armados por motivos políticos”, según establece el proyecto de ley.

En el día de hoy se materializa una iniciativa presentada como proyecto de ley en el año 2020 por Cabildo Abierto. Se hace justicia reparando a las familias víctimas de las organizaciones terroristas de las décadas ‘60 y ‘70.
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— Raúl Lozano Bonet (@raul_lozanob) February 28, 2024

“El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas del uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como honrar su memoria”, señala el documento en su cuarto artículo.

La ley también sostiene que los gastos generados a partir de la aplicación de la eventual ley serán financiados a partir de Rentas Generales.