Un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou establece cambios en la normativa de empaquetado de cigarrillos al modificar los artículos 7, 8 y 10 del documento n° 120 de abril de 2019, impulsado por el expresidente Tabaré Vázquez.

Lo que busca el gobierno es “combatir” el contrabando de cajas de cigarros, sobre todo desde Brasil y Paraguay, según dijo un jerarca del Ministerio de Salud Pública (MSP) a Montevideo Portal.

En ese sentido, hay tres modificaciones principales. La primera es que se introduce en el mercado la cajilla blanda, dado que, según el Ministerio de Industria (MIEM), ha sido tradicionalmente la de mayor venta en el mercado y sus características permiten a la industria “competir más efectivamente con aquellas mayoritariamente del mismo tipo que ingresan de contrabando”.

El segundo cambio es una identificación en el propio cigarrillo, con el fin de asegurar al comprador la autenticidad de la marca. Las empresas podrán incluir cualquier logotipo o identificación propia en el filtro.

El tercer punto que incluye el decreto modificado es sobre las sanciones a las que se exponen los comerciantes que venden cigarrillos de contrabando. En caso de que se compruebe que incurrieron en un delito de receptación, podrán ser condenados a seis meses de prisión efectiva, según el artículo 350 bis del Código Penal. Hasta ahora, las sanciones eran solo administrativas (multas).

Bajo estos argumentos, desde el MSP sostienen que esta modificación “no flexibiliza” la política antitabaco que impulsó Vázquez ni impactará en el consumo de tabaco.

“Vos no vas a consumir más porque la caja sea blanda o el cigarrillo tenga la marca en el filtro”, argumentó la fuente de la cúpula ministerial.

Ante la pregunta de por qué ahora se puede vender el producto empaquetado en una caja blanda, desde el MSP coincidieron con el MIEM en que muchos consumidores prefieren este tipo de presentación.

Sin embargo, como en el mercado legal uruguayo no se conseguía, se fomentaba el contrabando, de acuerdo con la visión de las carteras de Salud e Industria.

En la vereda de enfrente está el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), desde donde aseguran que las modificaciones implican un retroceso para los consumidores y para el país.

Así lo planteó su presidenta, Laura Roballo. El punto que más critica la especialista es que “se abre una brecha” para que las tabacaleras, sobre todo Montepaz, aprovechen las modificaciones y logren diferenciarse dentro del mercado, consiguiendo así un mayor número de clientes.

Desde el CIET consideran que los cambios que implementó el Poder Ejecutivo responden directamente a los intereses de Montepaz.

En 2018, una delegación de la tabacalera concurrió al Parlamento para hablar de cómo estaba impactando el contrabando en la industria. En esa oportunidad, Manuel Moldes, gerente general de la compañía, argumentó que al no tener diferencias entre las cajas de cigarrillos se abría una gran oportunidad para los contrabandistas.

“Es lógico: a medida que se han ido implementado las restricciones en los empaques y ha ido aumentando el impuesto a los cigarrillos —que en los últimos años ha aumentado mucho más que la inflación—, el contrabando aumentó”, sostuvo Moldes, de acuerdo con la versión taquigráfica.

También el empresario se refirió al tema de las cajas blandas y duras. Allí Moldes expresó un argumento que va en línea con el del Gobierno: “Como el tipo de cajilla es un elemento de preferencia del consumidor, para el que no es lo mismo la cajilla blanda que la cajilla dura, el Ministerio de Salud Pública está eliminando del mercado la mitad de la venta de Montepaz”.

Diego Rodríguez, otro integrante del CIET, manifestó a Montevideo Portal que en ningún momento se los consultó sobre este cambio normativo.

Además, aseguró que, si se quiere combatir al contrabando, hay una comisión especial que trabaja en el comercio ilícito del tabaco. “Está funcionando, pero este gobierno no ha aplicado ese protocolo”, afirmó.

Sobre los cambios, expresó que ahora las empresas podrán comenzar a distinguirse dado que tendrán la oportunidad de colocar su logotipo en cada cigarrillo. “Ninguna de las decisiones que se tomó tiene sustento científico”, agregó.

Desde el Ejecutivo, en tanto, insistieron en que esta es la mejor forma de combatir el mercado ilegal y aseguraron que la decisión no es de carácter científico en la medida de que —están seguros— no incidirá en el consumo del cigarrillo.

Varios dirigentes del Frente Amplio salieron al cruce del oficialismo, tras conocerse el cambio normativo.