Montevideo Portal
La Junta Departamental de Maldonado aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de las lagunas de José Ignacio y Garzón, tras una sesión extroardinaria que el cuerpo celebró el pasado viernes 30 de diciembre.
Dentro de la bancada de curules de izquierda, hay dos grandes cuestionamientos: el momento en que se aprueba el proyecto —que fue presentado por la Intendencia de Maldonado hace un año y medio— y que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial no cumple con la ley 18.308, que regula este aspecto.
El edil del Frente Amplio Joaquín Garlo, explicó a Montevideo Portal que el proyecto nunca se trató en comisión a instancias de los curules del Partido Nacional. En ese sentido, Garlo no cuestiona “cuál es el interés de la intendencia de aprobar esto ahora”.
El legislador departamental contó que llamó en reiteradas ocasiones a Soledad Laguarda, directora de Urbanismo de Maldonado, para conocer por qué la comuna cree favorable el nuevo Plan de Ordenamiento. Sin embargo, ninguna de esas comunicaciones tuvo éxito.
“No nos parece que se utilicen fechas en las que la gente piensa en otra cosa, para que este tipo de iniciativas pase desapercibidas”, agregó el edil.
Para Garlo lo cuestionable no es que se sesione un 30 de diciembre, sino que se apruebe un documento que no tuvo el tratamiento que se merece. “Un edil del Partido Nacional dijo que había que aprobarlo porque José Ignacio ‘es un rincón de ricos’ y el proyecto no cambia nada para el resto de la ciudadanía”, según recordó.
Ahora se espera que la Intendencia promulgue la norma en pocos días, algo que provocaría que la reglamentación quede vigente.
Posibles acciones
Garlo mencionó que la bancada del Frente Amplio está analizando qué acciones tomar. A modo personal, consideró que una de las posibles determinaciones puede ser llevar el caso a la Justicia.
El principal argumento que maneja la oposición fernandina es que el documento no cumple con la normativa vigente, y viola determinados aspectos que están consagrados en la legislación.
Si el Poder Judicial fallara a favor del Frente Amplio, la normativa se derogaría y dejaría de estar vigente. De igual modo, para llegar a este paso, es necesario que se promulgue.
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