La Cámara de Diputados votó en la madrugada de este miércoles por unanimidad una moción que considera “necesario que la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande promueva, de forma inmediata, el cese de todos los contratos que, en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”.

Y, en una conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que, tras lo votado en el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo “se va a actuar en consecuencia”.

En tanto, en la interpelación del martes a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo, el abogado constitucionalista Eduardo Lust abordó la salida de los funcionarios del organismo desde un punto de vista jurídico.

El legislador apuntó que la primera herramienta es que el Partido Nacional y el Partido Colorado les pida a los funcionarios contratados que renuncien. Pero, si no renuncian, dijo Lust, se deberá aplicar el estatuto para el personal de la CTM y abrir diferentes sumarios.

Así, la salida jurídica, insistió Lust, es iniciar un sumario por una designación viciada por un error de procedimiento en la contratación.

“El empleado que adquiera estabilidad propia no podrá ser cesanteado sin causa justificada y previo sumario. Hay que buscar la causa. El sumario lo hace cualquier abogado. ¿Y la causa cuál es? Hay un vicio en la designación de los 36 contratos. Yo reconozco que, al designar a los 36 funcionarios, la resolución de la CTM tiene un vicio de nulidad absoluta, porque él [por Carlos Albisu] lo confiesa, y es que cometió un error en la designación”, dijo Lust.

“Entonces, como se cometió un error en la designación, se les hace un sumario y se los destituye. Y no se le paga nada. Porque al destituido no se le paga nada. Pero, además, como esto es como un país al que nadie le puede entrar, el cesanteado no puede ir al Poder Judicial a reclamar un sumario supuestamente injusto. Porque así como tiene la garantía de que no puede ser sujeto al Poder Judicial, tampoco tiene la garantía de ir a reclamar al Poder Judicial. Entonces acá lo que hay que hacer es pedirle la renuncia a los 36”, agregó.

El otro vicio legal, dijo Lust, es que el estatuto también contempla que los funcionarios tengan capacidad e idoneidad para el cargo, acreditados mediante certificados y títulos que correspondan.

“Entonces, yo digo, ¿los 36 de Albisu tienen constancia, certificados o títulos?”, dijo Lust. “El estatuto dice a texto expreso que la única forma de probar la idoneidad es con constancia, certificados o títulos. Es decir, que si alguno de los 36 no tiene constancias, certificados o títulos, le falta la idoneidad. Y acá están los dos requisitos. Hay que hacer un sumario administrativo si no renuncian en una semana”, dijo Lust.

“Aquí está la herramienta jurídica. Lo digo porque yo trabajé hace años en un sumario en la Comisión Administradora del Río Uruguay como abogado externo. Así se hizo en ese caso. Y se lo despidió al funcionario. Hay que hacer lo mismo. Hay que darle la chance de que renuncien y, si no renuncian, sumario. Afuera, que rehagan su vida y no tienen posibilidad de reclamar judicialmente la injusticia del sumario, porque están exentos de la autoridad de los magistrados, como dice el propio estatuto”, concluyó.

La diputada frenteamplista Cecilia Cairo, en tanto, dijo a Montevideo Portal que lo que todavía analizan algunos diputados es si los funcionarios pueden tener la alternativa de que pueda haber una demanda ante un tribunal internacional, donde reclamen lucro cesante.