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La investigación de las denuncias radicadas en la Justicia contra Conexión Ganadera por el déficit patrimonial admitido por la empresa de unos US$ 250 millones experimentó una reasignación en Fiscalía, debido a que un integrante del equipo fiscal que lo había tomado en primera instancia tiene una implicación con el caso, por ser familiar de un damnificado, informó Fiscalía.
El caso fue asignado, en primera instancia, a la Fiscalía de Delitos Económicos del primer turno, que está a cargo del fiscal Alejandro Machado. Esta designación vino por parte de la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía.
Sin embargo, el fiscal designado se vio ante un conflicto de intereses. Un familiar de un miembro de la Fiscalía de Delitos Económicos fue damnificado y, de hecho, es uno de los denunciantes en el caso.
Por eso, Machado solicitó un derecho de abstención que le fue concedido por la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero.
Esto de acuerdo con el artículo 58 de la ley 19.483, que establece que “los fiscales pueden pedir el derecho de abstención por razones de decoro o delicadeza no enunciados entre los motivos de recusación”.
“La abstención debe ser solicitada al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien resolverá en definitiva si autoriza o no a apartarse del asunto”, agrega el texto legal.
En función de eso, la causa será investigada por el fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez.
Las denuncias contra la empresa ganadera Larrarte sí es investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Machado. Y las denuncias a República Ganadera y Conexión Ganadera son investigadas por Rodríguez.
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