El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó que el gobierno federal logró identificar en diez estados a los contratistas de los ómnibus que trasladaron a los participantes del asalto a las sedes de los tres poderes gubernamentales en Brasilia, ocurrido en la tarde del domingo 8 de enero.

Señaló que esas personas, serán llamadas a declarar, debido a que los buses fueron contratados y no “destinados a excursiones turísticas”.

“Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se pueden afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses”, afirmó el secretario de Estado, según consignó Infobae.

Fueron 40 los buses identificados que transportaron a los radicales a la capital brasileña y el objetivo del gobierno es seguir el rastro de dinero para identificar a los organizadores de las movilizaciones del domingo, informó la BBC.

Dino llamó a los sucesos del 8 de enero “el Capitolio brasileño”, en referencia al asalto a la sede del poder legislativo de Estados Unidos, ocurrido el 6 de enero de 2020 y perpetrado por seguidores del expresidente Donald Trump.

El jerarca del gobierno de Lula responsabilizó al gobierno del Distrito Federal por las fallas en la seguridad y dijo que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue “determinante” para que fuera posible el asalto al Palacio de Planalto (Presidencia), el Palacio Nereu Ramos (Congreso Nacional) y la sede del Supremo Tribunal Federal.

Este último organismo, titular del Poder Judicial brasileño, ese mismo domingo separó de su cargo por 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha. Previo a su suspensión, el jerarca del Distrito Federal había pedido disculpas al presidente Lula, al Poder Legislativo y al Judicial por los sucesos, además de destituir inmediatamente a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia del expresdiente Jair Bolsonaron durante los últimos dos años de su mandato.

Lula había dicho que el domingo hubo “incompetencia, mala voluntad o mala fe” por parte de las fuerzas del orden del Distrito Federal. El 8 de enero, tras el asalto a los edificios públicos, el presidente decretó la intervención federal en Brasilia, que permite al gobierno tomar las riendas de la seguridad pública de la capital hasta el 31 de enero. A su vez designó como interventor al secretario general del Ministerio de Justicia, Ricardo García Capelli, indicó la BBC.

Dino, titular de Justicia, dijo que se pretende devolver la gestión de la seguridad pública al gobierno de Brasilia “lo antes posible”, aunque señaló que habrá “revisión” total del cuerpo policial para identificar responsables de lo ocurrido.

Lula señaló que el domingo hubo imágenes que mostraban a policías “guiando a las personas en la caminata hasta la plaza de los Tres Poderes”.

El Gobierno investiga por qué los servicios de inteligencia federales no detectaron o buscaron contrarrestar los movimientos de los organizadores del asalto. Voces dentro y fuera del oficialismo han cuestionado también el papel de la Policía Federal de Carreteras, el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia y las Fuerzas Armadas de Brasil.

Hasta este lunes, había 1.500 detenidos por los sucesos en Brasilia.

CNN Brasil consignó que la policía encontró cinco granadas de mano en el Supremo Tribunal Federal y en el Congreso, según lo informado por el líder del gobierno de Lula en el Senado, el legislador Randolfe Rodrigues, del partido Rede Sustentabilidade. Según el medio citado, en un tuit que luego eliminó, Rodrigues dijo que los responsables del asalto eran “terroristas” que pretendían destruir los edificios del gobierno.

Los radicales, sus grupos de Whatsapp y sus nuevas teorías

Tanto durante las movilizaciones del 8 de enero como en los días posteriores a la asunción de Lula, e incluso desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales que dieron al líder del Partido de los Trabajadores (PT) la victoria, seguidores de Bolsonaro reclamaban el presunto “fraude” electoral y abogaban por invalidad los resultados de los comicios.

Los militantes más radicales exigían una intervención militar para que Bolsonaro volviera al poder y para sacar a Lula de la presidencia de Brasil. Con ese objetivo, señala ABC de España, estos radicales han comenzado a montar campamentos de protestas en distintos puntos del país desde hace dos meses, que desde el lunes deberán ser desmantelados por el ejército por orden del Supremo Tribunal Federal.

Las autoridades llegaron a rastrear hasta 17.000 grupos de Whatsapp vinculados a sectores bolsonaristas y de extrema derecha cuya actividad se intensificó desde el 5 de enero hasta el domingo, según informó O Globo.

Folha de São Paulo indica que en grupos de militantes y simpatizantes bolsonaristas y de derecha han comenzado a viralizarse teorías de que seguidores de Lula e integrantes del PT actuaron como infiltrados y fueron los responsables de los ataques vandálicos en el Congreso.

El medio paulista señala que el NetLab de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, que se ocupa de monitorear estos grupos de Whatsapp, descubrió que el mensaje más compartido entre los bolsonaristas desde las 16 horas del domingo era un video con un mensaje que proclamaba que petistas infiltrados estaban rompiendo el edificio parlamentario.

La institución ya había registrado desde el 8 de noviembre mensajes que alegaban que militantes del PT estaban coordinando una invasión del Congreso y el Supremo Tribunal para culpar a los bolsonaristas. En esos mismos textos se señalaba que ese procedimiento había ocurrido en Estados Unidos y que la invasión al Capitolio en Washington D.C. fue para culpar Trump.

Según NetLab, en la red social Telegram los discursos oscilan entre los que siguen esperando alguna acción de los militares y los que piden una radicalización aún mayor, sosteniendo que las Fuerzas Armadas “nunca los abandonarán”.