Con una demostración de fuerza (votos afirmativos y apoyo refrendado mayoritariamente en las escuelas y liceos) y un acto simbólico —la entrega de los documentos y propuestas educativas elaboradas por la docencia en más de 30 años— las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de Primaria y Secundaria manifestaron su rechazo a la Transformación Educativa y exigieron a las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) que pongan freno a su implementación.

Más allá de las implicancias específicas por nivel, las ATD que convocaron a docentes de educación Primaria y Secundaria fueron coincidentes en rechazar la reforma por concebirla como apéndice de miradas instrumentales, “visiones mercantilistas” y “procedentes de los organismos de crédito internacionales”, con la vocación de promover una “formación de mano de obra flexible”. En ese sentido, además, explicitaron su rechazo de plano a la concepción de una educación basada en competencias.

También cuestionaron los tiempos de la reforma, la elaboración inconsulta de los documentos —sobre todo porque consideran que han producido distintas instancias de elaboración de propuestas, como el Programa de Educación Inicial y Primaria de 2008 o los Planes 2011 en educación media— y el haber recibido todo “cocinado” y “con pocos días para el análisis”.

El proyecto y su viabilidad

Desde la academia y las teorías de la educación se plantean las reformas y transformaciones como instancias en las que se pone en juego dos elementos: el proyecto en sí y su viabilidad de aplicación. En ese sentido, especialistas consultados por este medio acompañaron la posición de los docentes al entender que no hubo un estudio de factibilidad previo ni una correcta lectura de las posibilidades de producir acuerdos con los sectores docentes (que son quienes instrumentan eventualmente las modificaciones prescritas por las autoridades).

En relación a la enseñanza por competencias, la doctora en Educación Melina Furman —cuyo último libro “Aprender distinto” está citado en el documento presentado por la ATD de Secundaria— advirtió que la enseñanza por competencias es perfectamente combinable con una enseñanza de conocimientos y saberes profundos y universales (uno de los principales cuestionamientos de los docentes).

“La enseñanza por competencias puede ir perfectamente de la mano con la enseñanza del conocimiento universal profundo. Cuando hablamos de competencias hablamos de movilizar ese conocimiento para que pueda utilizarse para resolver problemas, para poder argumentar, para tener lentes conceptuales con los cuales ver el mundo; esas son las competencias en acción”, explicó Furman a Montevideo Portal.

Por su parte, consultada sobre la posibilidad de que las autoridades revieran la reforma, la ex presidenta de la ATD de Secundaria, Edith Silveira, consideró “deseable que tuviera impacto” porque las posiciones representan “a todos los docentes de todos los subsistemas”. En ese sentido, advirtió que “no hay ninguna posibilidad, ni en lo pragmático ni en la teoría de la educación, de que una reforma pueda funcionar si el cuerpo docente no se compromete con ella. Es un dato de la realidad que el Gobierno debería tomar en cuenta”.

A la vez, ratificó el cuestionamiento sobre la premura en la implementación y hasta sopesó la eventual “ilegalidad” de la reforma. “Llegan al borde la ilegalidad como en el Consejo de Formación Docente —expresó Silveira—, donde van a aplicar una reforma cuyos planes no han sido presentados a las ATD, tal como establece la Ley 18.437. Es una consulta no vinculante, así que pueden aplicarlo igual, pero la no consulta muestra que estimaron mal los tiempos, y van a hacer algo ilegal”.

Desde las distintas ATD, instancias obligatoriamente consultivas según lo estipula el artículo 70 de la Ley General de Educación previo a reformas o transformaciones educativas, emanaron documentos exhaustivos en los que analizaron y cuestionaron los presentados por la ANEP: el Marco Curricular Nacional, el de Progresión de Aprendizajes, el Plan de estudios de la Educación Básica Integrada y el de Reglamento de Evaluación de Estudiantes.

En sendos documentos —el de Primaria con más de 100 páginas y el de Secundaria con poco más de 70—, las ATD explicitaron su rechazo y documentaron académicamente las diferencias entre las concepciones educativas de las autoridades y el cuerpo docente. Allí presentaron cuadros y desgloses comparativos en los que analizaron los contenidos propuestos y arribaron a conclusiones muy pesimistas.

También rechazaron y repudiaron la participación de algunos docentes que continuaron formando parte del proceso pese a que la Mesa Permanente hubiera decidido dejar de participar.

“Se presentan los documentos de la transformación educativa como un corpus coordinado, claro y de fácil acceso, cuando en realidad está plagado de contradicciones, reiteraciones y falta de rigurosidad, que se tornan obstáculos insoslayables a la hora del estudio de los mismos”, expresaron desde el magisterio.

Una cuestión primaria

Una vez que elaboraron los informes en la ATD Nacional, el documento bajó a las escuelas para que fuera refrendado o rechazado por los maestros en general. En esa instancia fue respaldado con más de 10 mil votos, con mil en contra y unas 3 mil abstenciones. 

En el documento aprobado, entonces, entre otros elementos el magisterio cuestiona el rol que se le asigna a diferentes áreas como la Educación Física, que “pierde su visión crítica”, y a la expresión artística, que “se reduce a Expresión corporal, con una visión mecanicista”. También cuestionaron la utilización de palabras y conceptos que figuran en debate hace años pero que consideran “han sido vaciados de contenido”, como el pensamiento crítico: “el Programa para Educación Primaria e Inicial (PEIP, 2008) considera el pensamiento crítico en clave emancipatoria, en tanto se inscribe en la Teoría Social Crítica y, por tanto, hay una diferencia sustancial en la conceptualización. Mientras para el PEIP es un enfoque transversal propio de la teoría en la que se inscribe”, para la actual reforma “el pensamiento crítico se reduce a una competencia, observable y medible”.

Más allá de las formas, los docentes condenaron el modo en que se concibe la educación, el estudiante y el sujeto en el nuevo currículo. “Tampoco se visualizan de manera clara las inclinaciones antropológicas, es decir, ¿a qué concepto de SER apunta?, lo que dificulta la clara identificación de a qué escuela se aspira”, indicaron.

Otros detalles cuestionados fueron la separación de Geografía del área de Ciencias Sociales y su colocación bajo el ámbito matemático, así como la “visión biologicista” para la Educación Sexual. En términos generales, plantearon: “El nuevo programa presenta una reducción de los contenidos; no se detalla la profundización necesaria de los mismos; la organización no permite visualizar la progresión en los tramos analizados”.

En líneas generales, los cuestionamientos apuntaron a la falta de argumentos para sostener esas decisiones o, al menos, la falta de explicitación de los mismos.

Cuestiones secundarias

En los apartados de más de 70 hojas del informe, los docentes liceales consideran que la reforma confirma “oscuros presagios sobre el retroceso que se registrará en la Educación Pública Estatal a partir de su implementación desde 2023”. Los informes de las asambleas liceales han sido categóricos al criticarla, tanto en relación a su forma como a su contenido.

Entre otros ejes, advirtieron por “los recortes presupuestales que los acompañan y que comportan la reducción de grupos y horas docentes”. También manifestaron su “sorpresa” por la premura y la implementación “universal en 2023” en lugar de la realización de una “prueba piloto”.

“En particular, queremos centrar nuestro análisis en tres cuestiones que nos parecen fundamentales: el lugar y el estatus que se le adjudica a conocimiento, docentes y estudiantes”, valoraron. En cuanto a contenidos, observaron en detalle los planes de Historia y Educación Sexual a los que catalogaron como elementos que representan el carácter “profundamente ideológico conservador y retrógrado de esta reforma educativa”.

Una crisis que no es oportunidad

En ambas instancias, Primaria y Secundaria, los docentes observaron con preocupación el rol que se les atribuye, ya que, según entienden, ocupan la función de aplicadores de recetas y pierden su “poder transformador” y “creativo”. Las ATD pusieron en cuestionamiento la idea de que la educación “está en crisis”.

En ese sentido, Silveira consideró que esa idea de crisis fue un planteo político de 2013 y que esa “supuesta crisis” refiere a que el 30% de los estudiantes en aquel momento no culminaba el bachillerato. Esa cifra, consideró, fue acortándose entre 2013 y la actualidad, pero también ponderó inescindible “la realidad del sistema educativo del resto de la sociedad”, en relación a los problemas socio-económicos y la vulnerabilidad de la mayoría de los sectores en los que hay mayores índices de deserción escolar.