La Cancillería uruguaya mostró su “preocupación” después de que Venezuela revocara este sábado el permiso otorgado al gobierno de Brasil para representar a la embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que denunciaron en la víspera el asedio a la sede diplomática.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro es “injustificada”.
“Esta situación constituye una violación a la normativa internacional y un nuevo avasallamiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos asilados en instalaciones de la representación diplomática argentina, a quienes ya se les negó el salvoconducto para abandonar el territorio venezolano y están siendo víctimas en este momento de un asedio permanente de parte de las fuerzas de seguridad del régimen”, expresó la Cancillería de Uruguay en un comunicado.
De este modo, el gobierno de Luis Lacalle Pou denunció que “las acciones del régimen venezolano son violatorias de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, por lo que “hace responsable a las autoridades locales por la seguridad de los asilados”.
“Uruguay expresa su solidaridad con la República Argentina y la República Federativa de Brasil en estos difíciles momentos, y hace votos por una resolución de la actual situación ajustada a derecho internacional y a la tradición de convivencia pacífica entre las naciones latinoamericanas”, concluye el comunicado.
En ese marco, la oposición venezolana denunció que agentes de seguridad estatales “encapuchados” rodearon la sede diplomática donde están resguardados seis opositores desde la noche del viernes, y también señalan que les cortaron el suministro eléctrico.
La AFP corroboró la presencia de al menos cuatro patrullas en el lugar, dos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y otras dos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y la instalación de un retén policial donde verifican la identidad de las personas que transitan por la zona.
“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada a las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio (...) por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella”, señaló el gobierno de Maduro en un comunicado.
La “decisión ha sido notificada a los estados concernidos a través de canales diplomáticos”.
El pasado 1º de agosto Brasil había asumido la custodia de la representación argentina luego de que Caracas rompiera relaciones con Buenos Aires.
Unos días antes, el 29 de julio, la cancillería venezolana había notificado a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que debían retirar a sus representaciones diplomáticas por sus posturas sobre las elecciones del domingo 28, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude.
Los resultados electorales han sido cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, que han pedido la verificación de los votos. El CNE hasta ahora no ha divulgado los escrutinios detallados, como indica la ley, tras argumentar un jaqueo.
La victoria de Maduro fue anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ambos señalados de servir al oficialismo.
La oposición, en tanto, reivindica el triunfo del diplomático Edmundo González Urrutia, de 75 años, sustituto de Machado en las presidenciales por una inhabilitación impuesta a la dirigente por la Contraloría, también de línea oficialista. Ambos llevan más de un mes en la clandestinidad.
El anuncio de los resultados provocó protestas en todo el país con saldo de 27 muertes, 192 heridos y 2.400 detenidos.
AFP