Por The New York Times | Julie Turkewitz

BOGOTÁ — Las protestas han sacudido a Colombia durante tres semanas. Miles de personas han salido a las calles de sus principales ciudades y han enfrentado la represión por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Más de 40 personas, muchas de ellas manifestantes, han muerto.

El lunes 17 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el “máximo despliegue” de las fuerzas militares y policiales del país para despejar las carreteras bloqueadas por los manifestantes, una medida que, dijo, “permitirá a todos los colombianos recuperar la movilidad”. Sin embargo, algunos temen que esa medida genere más violencia.

El detonante de las protestas fue una reforma fiscal propuesta por Duque, que muchos colombianos sintieron habría dificultado aún más la supervivencia en una economía ya de por sí sofocada por la pandemia.

Sin embargo, el desahogo se transformó rápidamente en una expresión generalizada de indignación por la pobreza y la desigualdad —que han aumentado a la par de la propagación del virus— y por la violencia con la que la policía ha reaccionado al movimiento.

Estudiantes, maestros, trabajadores de la salud, agricultores, comunidades indígenas y muchos otros se han juntado en las calles.

“La gente está harta”, dijo Sergio Romero, de 23 años, en una de las protestas recientes.

La primera exigencia de los manifestantes fue la eliminación de la propuesta tributaria, la cual fue aceptada por el presidente. Sin embargo, las demandas se han expandido con el paso de los días para incluir llamados al gobierno a fin de que garantice un salario mínimo, prevenga la violencia policial y retire un plan de reforma sanitaria que según los críticos no hace lo suficiente para solventar problemas sistémicos.

La popularidad de Duque, que ya había caído antes de la pandemia, está cerca de su punto más bajo desde su elección en 2018, según la encuestadora Invamer.

¿Qué desencadenó las protestas?

A finales de abril, Duque, de tendencia conservadora, se convirtió en uno de los primeros líderes de América Latina en tratar de abordar el déficit económico creado en parte por una pandemia que ha devastado poblaciones y economías en la región.

Su plan fiscal buscaba mantener nuevos subsidios para los pobres, mientras aumentaba los impuestos sobre muchos bienes y servicios cotidianos. Si bien varios economistas afirmaron que era necesario realizar algún tipo de reestructuración fiscal, muchos colombianos percibieron el plan como un ataque a sus vidas ya de por sí difíciles s.

Incluso antes de la pandemia, muchos colombianos con trabajos a tiempo completo tenían dificultades para ganar incluso el salario mínimo: alrededor de 275 dólares.

Helena Osorio, por ejemplo, es una enfermera de 24 años que trabaja de noche y gana 13 dólares cada turno por cuidar a pacientes con COVID-19. Eso apenas alcanza para que ella y su hermano menor puedan sobrevivir. Esto la motivó a asistir a las protestas recientes.

La propuesta fiscal de Duque también se produjo en un momento en el que los casos y muertes por coronavirus aumentaban en el país, lo que dejó a cientos de colombianos desesperados en espera de una cama en hospitales saturados. Además, el despliegue de la campaña de vacunación ha sido lento.

¿Qué otra cosa les indigna a los colombianos?

La propuesta fiscal fue un catalizador que hizo que frustraciones de larga data llegaran a su punto de ebullición.

Colombia se encuentra entre los países más desiguales del mundo. Un informe del 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirmó que se necesitarían 11 generaciones para que un colombiano pobre se acerque al ingreso medio de su sociedad, el número más alto entre 30 países investigados.

A pesar de la reducción de la pobreza en las décadas previas a la pandemia, muchos colombianos, en particular los jóvenes, sienten que los motores del ascenso social están fuera de su alcance. ¿Cuál ha sido la respuesta de la policía a las protestas?

La Policía Nacional de Colombia, una de las pocas en América que está a cargo del Ministerio de Defensa, ha respondido con fuerza, al disparar en ocasiones balas reales a los manifestantes pacíficos, según entrevistas a testigos realizadas por The New York Times. Esto ha exacerbado la indignación.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, una agencia gubernamental que investiga las presuntas violaciones de derechos humanos, 42 personas han muerto hasta el momento. Sin embargo, Human Rights Watch y otras organizaciones afirman que probablemente la cifra de muertos sea mayor.

La defensoría afirma haber recibido 168 denuncias de personas desaparecidas en medio de las protestas y solo algunas de ellas han sido encontradas.

En una entrevista, Duque reconoció que algunos oficiales habían sido violentos, pero les atribuyó la violencia a algunos malos actores y afirmó que no era necesario realizar un cambio importante en la fuerza policial.

“Ha habido actos de abuso de fuerza”, dijo. Pero “solo decir que podría haber alguna posibilidad de que la policía colombiana sea vista como un abusador sistemático de los derechos humanos, bueno, eso no solo será desleal, injusto, sino que no tendrá ningún fundamento”.

¿Los manifestantes también han participado en la violencia?

Los manifestantes han bloqueado las carreteras principales, lo que ha impedido el paso de alimentos y otros bienes esenciales. Las autoridades afirman que esto ha obstaculizado los esfuerzos por combatir el coronavirus en un momento en el que los nuevos casos y las muertes por el virus se encuentran cerca de sus máximos históricos.

El Ministerio de Defensa afirma que un oficial fue asesinado y cientos han resultado heridos, mientras que personas asociadas con las protestas han destrozado estaciones de policía y autobuses.

Si bien decenas de miles han marchado por las calles, no todos apoyan las protestas.

Jhon Henry Morales, un taxista de 51 años de Cali, dijo que su ciudad había quedado casi paralizada en los últimos días, debido a que algunos manifestantes habían bloqueado las carreteras con neumáticos.

Morales dijo que no había podido trabajar, lo que le ha dificultado pagar sus deudas.

“La protesta es legal”, dijo. Pero “yo también tengo derechos como ciudadano colombiano”, afirmó.